Autoridades de la región criticaron la falta de prolijidad en la entrega y que se exponga a los pobladores.
Controversia sigue generando la entrega de canastas familiares del Plan Alimentos para Chile en Arica y Parinacota, luego que la Intendencia ordenara el reintegro económico de 77 mil pesos a 700 supuestos funcionarios públicos de la región a través de una carta firmada por el intendente, Roberto Erpel.
A través de una declaración pública, el Consejero Regional, Gary Tapia (PC), condenó la medida y desprolijidad en la entrega del beneficio en la región.
"Esto demuestra el desorden enorme del Gobierno, no tienen idea a quién le entregaron cajas y no saben a quién le están pidiendo el reintegro. Hay una falta de criterio tremenda, no existe investigación y están obligando a reitegrar a gente que sí la necesitaba y ahora no tienen como pagar, además nunca han sido funcionarios públicos" indicó el Core.
Quien también se hizo parte de las criticas fue el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola (PL) quien fustigó que se exponga a los pobladores a esta situación.
"Tenemos muchas consultas de gente a quienes se les ordenó pagarle al Gore por las cajas recibidas. Esto genera angustia e incertidumbre sobre todo en los sectores vulnerables. No entiendo el trasfondo de esto", indicó la autoridad comunal.
Desde la Intendencia remitieron un comunicado de prensa indicando que la orden es de Contraloría y que quienes no sean funcionarios o efectivamente hayan estado en situación de vulnerabilidad tienen que firmar una declaración jurada.
La entrega de canastas familiares ha estado rodeada de problemas en la región desde junio del año pasado cuando la Contraloría declaró como ilegal el primer contrato, situación que incluso terminó con un allanamiento de la Intendencia por parte de la PDI y la incautación de los equipos computacionales del administrador regional, Giancarlo Baltolú, hecho que se sumó a sobreprecios en la compra de las canastas de alimentos detectado por Contraloría hace algunos días.
