El Ministerio Público estima que los oficiales y exoficiales de la FACh imputados son responsables del cuasidelito de homicidio del grupo de funcionarios y civiles, quienes murieron el 9 de diciembre de 2019, cuando el avión capotó rumbo a la Antártica.

El inicio de esta etapa judicial tuvo una previa reprogramación, debido a la renuncia de uno de los abogados defensores. Sin embargo, el Ministerio Público ya se prepara para desplegar un extenso proceso en el que presentará a más de 300 testigos para sostener la acusación de un funcionario vinculado con la operación aérea, imputado por presuntas infracciones al Código Aeronáutico en este fatal accidente.

"Estamos muy esperanzados, puesto que no ha sido fácil llegar hasta acá. Han sido varios años de una ardua y muy compleja investigación, que ha requerido de la inversión de recursos en pericias. Es por eso que en su oportunidad, la Fiscalía logró contratar a un equipo pericial, de manera de poder establecer por qué se cayó este avión", apuntó el fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto.

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Según indicó el ente persecutor en redes sociales, el juicio contará con la participación de más de 300 testigos y 40 peritos, además de la exposición de evidencia técnica y científica.

"Hay que considerar algo muy importante: hasta el día de hoy, tanto en sede administrativa como en sede civil, no se ha establecido una respuesta de cuál fue la causa de esta tragedia", relevó Crisosto.

Mantención defectuosa

Por lo pronto, el abogado querellante Alfredo Morgado planteó que la FACh no implementó un sistema que garantizara la ejecución segura de los vuelos en la Cuarta Brigada Aérea, por lo que "esa aeronave jamás debió haber despegado".

"No era aeronavegable, no era segura, y presentaba numerosas deficiencias. Las negligencias, las imprudencias, las acciones, omisiones y errores que se cometieron por diversos mandos de la FACh llevaron a que esta aeronave se precipitara", subrayó el jurista.

Coincidió con esta hipótesis Alicia Quiñones, madre del fallecido comandante de la aeronave, Ítalo Medina: "Tenemos fe en que en que se escuchen los alegatos de ambas partes, y se dé una sanción a estos señores que incumplieron su trabajo".

"No ordenaron la mantención, ni supervisaron in situ si esta mantención se había hecho o no, como es el caso del segundo alto mando que estaba (presente) al momento de ocurrir la tragedia, el general (r) Roberto Avendaño", advirtió la afectada, precisando que "este señor firmó un certificado de aeronavegabilidad de este avión el 15 de octubre de 2019, y este avión se desintegra el 9 de diciembre del 2019. ¿De qué estamos hablando?".

El proceso podría extenderse por entre seis a ocho meses, de acuerdo con la Fiscalía.

La resolución enfatiza que la propia organización gremial admitió la falta de documentación técnica básica para la operación de la feria ubicada en calle Santo Domingo. Según sostiene el fallo, "la reclamante reconoce la inexistencia de permisos de obra y certificados de recepción final, sin alegar ni menos acreditar lo contrario, de modo que, resultando ambos procesos esenciales para la construcción, ocupación y habitabilidad de cualesquier obra".

Uno de los argumentos centrales de los comerciantes era que, al pagar contribuciones y derechos municipales, su situación debía considerarse legal o regularizada por el paso del tiempo.

Sin embargo, la Corte estableció que "el saneamiento o legitimación que la reclamante pretende producen tales pagos no es tal por cuanto, en ningún caso, pueden los referidos pagos sanear una situación de la naturaleza que nos ocupa".

Un permiso vencido hace 30 años

El fallo también revela que en mayo de 1992 se otorgó un permiso provisorio por apenas tres años.

Por tanto, la feria debió ser desmantelada a mediados de la década de los 90.
Respecto a este punto, la resolución aclara que "de acuerdo con el artículo 124 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, prevé la demolición y desalojo una vez vencido el plazo respectivo".

Finalmente, los magistrados concluyeron que la orden de demolición no es un acto "injusto ni irracional", sino la consecuencia legal de años de incumplimiento.

"Se está ante locatarios que no han cumplido la normativa urbanística durante años sin haber realizado gestiones para regularizarse y, por tanto, han permanecido en una situación de hecho que la ley no ampara", sentencia el tribunal.

En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal descartó infracción sustancial al debido proceso en la sentencia contra Espinosa, dictada por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.

Para su esposa, María Magdalena Neira, el máximo tribunal confirmó la prena de 541 días de presidio, como autora del delito culposo de lavado de activos.

Corte Suprema confirma condena de ex director general de la PDI por malversación y lavado de activos https://t.co/VomeGBED7o pic.twitter.com/eIGew007El

— Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) March 9, 2026

"La declaración de nulidad requiere que sea formalmente establecida alguna actuación defectuosa que sirva de fundamento a la invalidez", explicó la Corte Suprema en su fallo.

"En consecuencia, la infracción de garantías fundamentales denunciada como sustento de la objeción principal, no concurre en la especie, ya que el hecho punible se encuentra acreditado, corroborado por los antecedentes de la causa y no desvirtuado, por lo que será desestimada", concluyó la resolución.

De esta manera, la Corte Suprema rechazó el requerimiento del exdirector de la PDI a la pena de cumplimiento efectivo de 12 años de presidio, en calidad de autor de los delitos reiterados de malversación de caudales públicos y falsificación y uso de instrumento público falso, más cinco años y un día de resclusión efectiva, como autor del delito de lavado de activos.

Guerra enfrenta cargos por cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto. Según la fiscalía, estas infracciones no fueron hechos aislados, sino parte de un intercambio de favores destinado a asegurar el futuro laboral del ex-fiscal en organismos del Estado.

La exposición de los hechos detalló cómo Guerra habría utilizado su posición para entregar información privilegiada a Luis Hermosilla sobre causas de gran impacto, como los casos Penta, Dominga, Huracán y diversas investigaciones derivadas del Estallido Social.

El objetivo de estas filtraciones, según la fiscalía, era posicionar al exfiscal para cargos de relevancia pública. 

"Guerra Fuenzalida planteó a Hermosilla su posibilidad de ser designado como miembro del CDE (Consejo de Defensa del Estado), aunque él mismo dejó entrever un eventual conflicto si ello llegara a ocurrir. Por su parte, Hermosilla señaló que averiguaría qué se podía hacer, ya que el tema no dependía de Andrés Chadwick Piñera. De esta forma, Guerra solicitó implícitamente a Hermosilla —y por su intermedio también a Chadwick— su designación como consejero del CDE", explicó Mario Carrera, fiscal regional de Arica y Parinacota.

La contraofensiva de Guerra: "¿Con qué autorización?"

En un movimiento sorpresivo, el abogado tomó la palabra para defenderse, centrando su estrategia en cuestionar la legalidad de la prueba principal: sus conversaciones de WhatsApp. Guerra acusó que la Fiscalía accedió a sus chats sin los permisos judiciales correspondientes, calificando el proceso como una "revisión ilegal".

"¿Qué es lo relevante para mi situación, su señoría, y qué considero grave? El hecho de que la fiscal Parra señala en esa declaración que encontraron mensajes míos con Luis Hermosilla, respecto de los cuales no existía autorización judicial, ya que esta estaba restringida por la magistrada Díaz Muñoz", afirmó el exfiscal.

El imputado cuestionó la figura del "hallazgo casual" utilizada por el ente persecutor, afirmando: "La pregunta que yo me hago, su señoría, y que me persigue hasta el día de hoy es: ¿Con qué autorización el Ministerio Público registró mis conversaciones con el señor Hermosilla?".

A pesar de estas dudas sobre el procedimiento, Guerra reconoció la autoría de los mensajes, aunque descartó que estos constituyan delitos.

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La abogada querellante María Inés Horvitz objetó las excusas entregadas por el exfiscal, específicamente el que intentara justificar que "en realidad no solicitó un contrato ni un trabajo (a Hermosilla), sino que solamente un puesto en su oficina, lo que para él no es un beneficio de otra naturaleza".

"Partiendo de ahí, creo que está tratando de que toda su versión sobre esos chats, que son bastante claros, contundentes y concluyentes, puedan explicarse desde otra perspectiva. Y en nuestra opinión, es inadmisible, y no solo eso: va totalmente contra la lógica", fustigó la exconsejera del CDE.

Fiscalía y CDE piden prisión preventiva

A pesar de la gravedad de los antecedentes expuestos, el ente persecutor inicialmente solicitó imponer a Guerra las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicación con testigos e imputados.

Sin embargo, dado que el exfiscal volverá a declarar a las 9:00 horas del martes, finalmente se optará por pedir su prisión preventiva, medida que ya fue requerida por el CDE, como querellante en la causa.

El fiscal Carrera contextualizó la situación: "Se había conversado previamente con la defensa, y bajo ciertos requisitos y circunstancias -uno de ellos era no alegar ninguno de los elementos que, hasta la fecha, el Ministerio Público ha consignado en su carpeta investigativa-, hubiésemos estado dispuestos a un arresto domiciliario total".

"Por distintos motivos, (ese acuerdo) no prosperó. El señor Manuel Guerra está prestando declaración, por lo tanto, va a haber una alegación respecto de cada uno de los elementos que tenemos en la carpeta investigativa, y en esos términos, quedamos en libertad respecto de ese acuerdo, y vamos a pedir prisión preventiva", confirmó el persecutor.

🔴 EN VIVO: 4° Juzgado de Garantía de Santiago finaliza primera jornada de formalización de exfiscal Manuel Guerra, imputado como autor de cohecho, prevaricación y violación de secreto. La audiencia continúa mañana a las 9:00

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En paralelo a esta audiencia, la jornada judicial sumó otro hito relacionado con el "Caso Hermosilla": la Segunda Sala de la Corte Suprema confirmó la querella de capítulos contra la exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj.

La magistrada es investigada por conductas irregulares y supuestos nexos con Luis Hermosilla, lo que confirma la expansión del caso hacia distintos estamentos del Poder Judicial.

Hoy, en El Primer Café, el exsubsecretario Rodrigo Ubilla (RN) afirmó que el proyecto tiene una "una fuerte base en general en este principio humanitario de dignidad del ser humano" y enfatizó que lo aprobado en el Senado fue la idea de legislar y que se abrió un plazo, hasta el 16 de marzo, para enviar indicaciones.

"¿Cuál es la señal política de aquellos que votaron a favor de la idea de legislar? Es que sí es discutible esta materia. Yo entiendo en los principios de fondo, pero el proyecto nos parece que requiere cambios, por lo cual se abre un período de indicaciones", planteó el director del Área Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo.

En cuanto al rol de Francisco Chahuán, senador que presentó el proyecto y a quien se le ha acusado de copiar la iniciativa redactada por la abogada Carla Fernández -defensora de violadores de crímenes de lesa humanidad-, Ubilla afirmó que "tanto la persona que declara que es 'copy-paste' como el senador que dice que no, tienen que resolverlo".

El debate por la dignidad

Claudio Arqueros, de la Fundación Jaime Guzmán, enfatizó que "aquí lo que se está haciendo es por razones humanitarias, lo que se pretende hacer -y yo comparto insisto como principio- es conmutar penas para efectos de darle una muerte digna, un final de días de vida a las personas en razón de la dignidad que les compete a todos, que es intrínseca a todos los seres humanos. Eso yo lo comparto".

Si el preso, añadió Arqueros, requiere "cuidados que en la cárcel no puede tener, yo creo que eso justifica que se conmute una pena".

El panelista de El Primer Café enfatizó que "lo que no podemos transmitirle a la ciudadanía, y que se ha hecho hasta ahora, es que bajo ciertos delitos el trato digno puede ponerse en suspenso o podemos discutirlo, relativizarlo". Y añadió: "por eso mismo se reclaman los derechos humanos. Por eso mismo tenemos esa severidad para juzgar esos crímenes que son atroces".

El exministro Ricardo Solari (PS) reparó que "cualquiera que conozca la situación actual de nuestro sistema carcelario dirá con certeza de que la dignidad de muchísimas y muchísimos presos está siendo día a día vulnerada".

"Si hubiera una legítima preocupación por la dignidad, estaríamos instalados en otra conversación. Ese no es el caso. Aquí se ha querido hacer un punto político en relación al tema de la violación de derechos humanos durante la dictadura y eso es lo que marca este proyecto", puntualizó.

El DC Luis Ruz, del centro Democracia y Comunidad, consideró positivo que "la derecha se abra a hablar de la dignidad de las personas, pero si es así entonces también tenemos que conversar de la dignidad respecto de las personas que viven en situación de pobreza, cómo se distribuye la riqueza, etcétera".

"La concepción de la dignidad tiene que ser integral. Y el problema de este proyecto es que hay que verlo desde esa perspectiva y cómo impacta también en la convivencia social y democrática, porque la defensa de los derechos humanos es efectiva, exige humanidad, pero también exige justicia y responsabilidad", finalizó.

Apablaza quedó en condiciones de poder ser extraditado luego que Argentina revocara su condición de refugiado político, por lo que podrá ser procesado en nuestro país.

En conversación con Tele13 Radio, Cordero manifestó esta jornada que "estamos precisamente atentos a esto, y los medios por parte de la Policía de Investigaciones para ir a buscar a Galvarino Apablaza y trasladarlo al país ya se encuentran coordinados y simplemente estamos a la espera de la decisión del Gobierno argentino".

El ministro dijo que habló este tema recientemente con su par argentina, Alejandra Monteoliva, y que "ella sabe que para nosotros era muy relevante que nos comuniquen rápidamente para poder hacer el traslado respectivo".

"La Policía de Investigaciones ya tiene disponibles los medios, así que tan pronto nos comuniquen se va a producir ese traslado", insistió el ministro, precisando que "formalmente requiere un acto del Ejecutivo", el que "podría ser hoy, podría ser mañana".

"Dada las características, probablemente (Apablaza) quede en el Centro de Alta Seguridad y quede a disposición del juez de fuero", puntualizó el extitular de Justicia y Derechos Humanos.

Posible "tercera vía"

Desde Argentina confirmaron que la extradición estará vigente a partir de este jueves, ya que esta mañana se enviaron los antecedentes a Cancillería.

Gustavo Gené, abogado de Chile en el caso, detalló que "la extradición de Apablaza queda firme el jueves a las 10:00 de la mañana. El Juzgado Federal Penal 11 estableció con Cancillería que como recién le mandó el expediente completo tres días después de la notificación inicial en vez de vencer el lunes vence el jueves".

"Con eso, si el Estado argentino convalida la extradición o se queda callado, está en condiciones de ser extraditado. La resolución es de la Corte y no va a la casación penal en grado de apelación", añadió.

Sin embargo, la defensa de Apablaza analiza la improbable posibilidad de una "tercera vía", donde el país asilante debe dar otro país como tercera opción, aunque ese otro país debe dar su conformidad para recibir al frentista, situación que se ve poco realista debido a que los tribunales argentinos concedieron la extradición por una causa concreta.

Con la vía judicial agotada, las gestiones se han trasladado al ámbito administrativo y de seguridad, con los ministros de ambos países coordinando los operativos de traslado.

Fundación Jaime Guzmán valora avances

Desde la Fundación Jaime Guzmán, Claudio Arqueros afirmó en El Primer Café que "es una buena noticia para la familia de Jaime Guzmán, es una buena noticia para la UDI, es una buena noticia para nuestra democracia y una buena noticia para nuestro sistema judicial, para el reconocimiento de nuestro sistema judicial".

El analista recordó que Apablaza "es acusado por ser uno de los autores intelectuales del asesinato del senador Jaime Guzmán. Si bien la Corte Suprema autorizó la extradición el año 2010 para que enfrentara la justicia chilena, se le otorgó asilo político".

Arqueros destacó las gestiones diplomáticas, y afirmó que "el trabajo que se ha hecho a nivel de Estado incluye incluso al Presidente Boric, cuestión que hay que agradecer".

De acuerdo con la CMF, las entidades no están inscritas ni autorizadas por el organismo y ofrecen los créditos a los usuarios a través de sitios web tras un pago previo. 

Sin embargo, después de transferir, los afectados no reciben el préstamo y son estafados, por lo que la CMF denunció ante Fiscalía a las siguientes páginas web:

1. Mundo Habit Chile (www.mundohabitchile.cl).
2. Cooperativa Confuturo (https://cooperativaconfuturo.com/, imitadora de Compañía de Seguros Confuturo S.A.).
3. Cooperativa Forastero Capital (www.ficoorp.com o Foracoorp, imitadora de Forastero Capital S.A.).
4. Cooperativa de Ahorro y Consumo Consorcio (https://cooperativadeahorroyconsumoconsorcio.com).
5. Kivany (www.kivanycl.com).
6. Inversiones SLBP SpA.
7. Grupo SM (opera mediante WhatsApp).
8. Finan Soluciones (opera mediante WhatsApp).

La CMF recordó que, en su sitio web de Alerta de Fraudes, las personas pueden verificar si una empresa o persona que ofrece productos o servicios financieros es fiscalizada; las alertas emitidas; los reguladores extranjeros sobre entidades o actividades no reguladas; y otros consejos importantes para la protección de inversionistas, asegurados y clientes financieros.

#AlertaCMF 🚨 | La CMF denunció al Ministerio Público a 8 entidades que, aparentando ser reguladas, solicitan pagos previos para acceder a préstamos que posteriormente no son entregados.

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— Comisión para el Mercado Financiero (CMF) (@cmfchile_) March 6, 2026

Ojeda -exmilitar y disidente del régimen venezolano- fue asesinado en febrero de 2024, luego que un grupo de sujetos disfrazados de policías ingresara a su departamento y se lo llevaran. Nueve días después, su cuerpo fue hallado enterrado bajo tierra al interior de una maleta en la toma Santa Marta de Maipú. 

El Ministerio Público sostiene que el móvil del crimen fue político, ya que -asegura- la orden de eliminar a Ojeda provino del actual ministro del Interior y Justicia venezolano y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, que la encargó al líder del Tren de Aragua, Héctor "El Niño" Guerrero.

Finalmente, el asesinato del otrora militar habría sido perpetrado por "Los Piratas", célula de la banda criminal internacional que opera en distintos países latinoamericanos y donde 20 miembros ya están formalizados en Chile y esperando juicio.

En este contexto, de acuerdo con La Tercera, Fiscalía buscará interrogar en EE.UU. a otros sujetos como Adrián Gámez Finol, alias "El Turko", sindicado como uno de los articuladores de "Los Piratas" en Chile.

También pidió tomar declaración a Hugo Carvajal Barrios, exmayor general del Ejército venezolano que está detenido en ese país acusado de operaciones de narcoterrorismo.

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Familia busca participar en proceso contra Maduro

El abogado de la familia Ojeda, Juan Carlos Manríquez, confirmó que han "sabido, según se ha dicho públicamente, que la Fiscalía tiene intenciones de solicitar autorización para eventualmente comparecer en Estados Unidos y pedir un interrogatorio respecto de Nicolás Maduro".

"Sería realmente un paso relevante si esta persona se allana a declarar para entregar antecedentes respecto del encargo criminal que permitió la ejecución del teniente Ojeda, quiénes lo financiaron y de qué manera se realizó extraterritorialmente y con cuál objetivo. Y, por cierto, aclarar si Diosdado Cabello, como se ha dicho por otros testigos, está involucrado como han referido", indicó.

En paralelo, el jurista inició contactos con autoridades estadounidenses para explorar la posibilidad de que los familiares de Ojeda participen en el proceso que el Departamento de Justicia lleva en Nueva York contra Nicolás Maduro.

En un correo enviado a la representación de Estados Unidos en Santiago, Manríquez -que representa a la viuda, hermana y hermano de Ronald Ojeda- expuso que ellos mantienen acciones internacionales contra el régimen venezolano ante la Corte Penal Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, apuntando a Maduro y a otros líderes del chavismo.

Por ello, el abogado solicitó orientación sobre los mecanismos legales que les permitan comparecer como víctimas, testigos o demandantes civiles dentro del proceso judicial que se desarrolla en Nueva York.

En respuesta, la representación de EE.UU. en Santiago agradeció la disposición, dando curso al estudio de la solicitud con la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia.

Asimismo, se informó que, conforme al procedimiento, era necesario estudiar la petición y coordinarse legalmente con los órganos pertinentes, entre ellos el FBI, para orientar el curso de posibles respuestas y acciones.

Posteriormente, el requerimiento fue comunicado a las autoridades estadounidenses, por lo que el tema está siendo revisado en coordinación con el Departamento de Estado, dado que involucra la aplicación de una convención de Naciones Unidas.

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En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario manifestó que la propuesta presenta "vicios de origen" y va en contra de tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile.

"Este es un muy mal proyecto y lo advertí en la Comisión de Derechos Humanos. Incluso presenté indicaciones para hacer armónico este proyecto con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (ratificado por Chile). Ese tratado prescribe que, en el caso de crímenes de lesa humanidad, tiene que cumplirse dos tercios de la condena para acceder a cualquier beneficio", señaló el legislador.

Walker advirtió que la iniciativa "no solamente permite el cumplimiento alternativo de penas en libertad a personas que han cometido graves violaciones a los derechos humanos, sino que también puede beneficiar a personas que han sido condenadas por delitos graves como homicidio, violación o abuso de menores: el 'psicópata de Alto Hospicio' (podría quedar libre)".

"Ese es el problema del proyecto, que tiene un problema de origen, por eso yo voté en contra de la idea de legislar. Nosotros no podemos dictar una legislación que vaya en contra de un tratado internacional de derechos humanos", fustigó.

Walker enfatizó que, para que la iniciativa vea la luz, primero "tiene que haber colaboración eficaz, en este caso, por ejemplo, con información respecto de los restos de los detenidos desaparecidos".

Tras una estrecha votación en el Senado ayer miércoles, la polémica iniciativa fue aprobada en general y volverá a discutirse en la Comisión de Derechos Humanos, donde el Partido Socialista pretende ingresar más de 100 indicaciones para que su tramitación sea "inviable" en la siguiente Legislatura.

Fuera de los reparos del oficialismo porque, de ser despachada a ley, la propuesta permitirá liberar a violadores de derechos humanos, han surgido advertencias por la ambigüedad del texto, ya que también abre la puerta a excarcelar -según cifras del Gobierno- a unos 12 mil delincuentes, cifra equivalente a un 20% de la población penal.

En primer lugar, se apunta a una laxitud en torno a la edad de los eventuales beneficiados: podrán solicitar el cumplimiento alternativo -o recibirlo de oficio- internos desde los 70 años, si es que han pasado 10 años en la cárcel, o si la suma de su edad más el tiempo que han estado en prisión da 80 años.

En la práctica, el proyecto tal como está dejaría sin efecto la cadena perpetua, al no distinguir ni entre delitos, ni entre su gravedad, ni entre las condenas en vigencia. Por ejemplo, alguien que reciba esa pena a los 60 años de edad -es decir, 40 años de presidio- por cometer delitos como violación, abuso de menores, o violación con homicidio, igualmente podrá cumplir la condena en su casa.

Los requisitos de salud tampoco son muy exigentes: se habla de beneficiar a quienes padezcan una enfermedad crónica que no permita un tratamiento adecuado dentro de la cárcel, pero sin especificar si la patología debe ser acreditada por un médico o un especialista. También habilita la salida de reos que presenten algún tipo de discapacidad, pero igualmente sin ofrecer más detalles.

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De cara a la presentación de indicaciones en el Senado, el diputado Schalper admitió que el proyecto "tiene que corregirse de manera tal de que vuelva al espíritu que varios creemos, que es que tiene que referirse a personas de alta edad, mayores de 75 años, con una enfermedad terminal, o cuyas capacidades mentales o sensoriales sean inhabilitantes".

"En ese tipo de casos, hay que tener una conmutación, pero solo en esos casos. Por lo tanto, hay que hacer correcciones profundas, porque este proyecto tiene errores graves", zanjó el militante RN.

Cordero: "Es técnicamente defectuoso y moralmente irresponsable"

Consultado al respecto por la prensa, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, enumeró varias deficiencias presentes en el texto, partiendo porque "se incorpora dentro de él a personas que han cometido delitos que el sistema institucional chileno considera extremadamente graves: homicidios calificados, delitos sexuales, en fin".

Tal como sus pares del gabinete, el otrora titular de Justicia reiteró que "su propósito deliberado es evidentemente otro: beneficiar a quienes están condenados por delitos de lesa humanidad, personas que jamás han entregado un antecedente útil para saber dónde están" las víctimas de la dictadura.

Con todo, "este proyecto sencillamente suprime a las víctimas, por eso es técnicamente defectuoso y moralmente irresponsable", subrayó Cordero.

El oficialismo está especialmente alerta en vista de que, si sus ambigüedades no se aclaran durante la tramitación, los detalles faltantes serán incorporados en un eventual reglamento, el cual podría quedar en manos del Gobierno de Kast, que está abiertamente a favor de excarcelar a agentes de la dictadura.

La bullada iniciativa pasó a comisión el miércoles luego de contar con el visto bueno de la Sala con un estrecho margen de 23 votos contra 22, lo que generó indignación entre la centroizquierda, que advierte que la normativa podría otorgar arresto domiciliario a reos condenados por delitos de alta gravedad, como abuso sexual infantil, narcotráfico o violaciones a derechos humanos. 

"Me genera desencuentro lo que se aprobó ayer en general en el Senado. Chile ha avanzado mucho en materia de derechos humanos y de tener claro que los criminales tienen que estar donde tienen que estar, como aquellos de lesa humanidad, pederastas y asesinos", dijo el Mandatario.

"La justicia no es venganza; la justicia es justicia. Por lo tanto, ojalá -y no me cabe ninguna duda que esto lo comparte la gran mayoría de los chilenos y chilenas- se reflexione en el Congreso. Y seguramente le va a tocar también al futuro Parlamento que este proyecto de ley, que consagra la impunidad para criminales que le han hecho gran daño a nuestro país, se corrija y no puedan salir libres", agregó. 

Según la Subsecretaría de Derechos Humanos, en caso de convertirse en ley, el proyecto -dirigido a presos desde los 70 años que hayan cumplido 10 años de presidio, o a aquéllos que la suma de su edad más los años de condena llegue a 80 años- beneficiaría a cerca de 12 mil internos (20% de la población penal).

Oficialismo vuelve a arremeter contra Macaya y su padre

El oficialismo acusa que la derecha, promotora de la iniciativa, busca beneficiar a quienes están encarcelados en el recinto anteriormente conocido como Punta Peuco, donde se encuentran condenados por violaciones a los DD.HH. durante la dictadura. 

Asimismo, el actual diputado y senador electo del Frente Amplio Diego Ibáñez arremetió contra el senador UDI Javier Macaya, cuyo padre, Eduardo Macaya -condenado a seis años de cárcel por abuso sexual infantil- podría ser un eventual beneficiario de la ley, lo que generaría un conflicto de interés. 

"Cuando tú tienes a un senador que tiene en su poder un voto que puede dejar libre a su padre, creemos que eso es un conflicto de interés evidente. Lo que tuvo que hacer el senador Macaya es omitirse (de la votación)", sostuvo. 

La diputada comunista Lorena Pizarro agregó que le "conmociona mucho la posibilidad de que un Miguel Krassnoff Martchenko pueda salir en libertad, en la misma medida que un violador de niños o un narcotraficante transite libre por las calles".

Críticas al futuro ministro García Ruminot

Por su parte, el diputado PPD Jaime Araya lanzó sus dardos al futuro ministro de la Segpres, senador José García Ruminot (RN): "Hemos dicho que vamos a hacer una oposición constructiva y dialogante, pero mi rol como parlamentario es proteger a la sociedad chilena y yo no voy a permitir que un legislador irresponsable hoy, y mañana ministro de la Segpres, pretenda instalar una suerte de diálogo pasando por alto algo tan grave como la aprobación que se dio ayer".

"En siete días más, va a tener que estar conversando con nosotros en su nuevo cargo que le ha dado el Presidente electo, y ahí le vamos a recordar que lo que está haciendo, senador García Ruminot, atenta contra la memoria de quienes no vimos crecer a nuestros seres queridos, de mujeres de este país que fueron violadas hasta por animales", repudió el senador socialista Fidel Espinoza.

Además, el proyecto causó división al interior del propio oficialismo por el papel del senador independiente Karim Bianchi, quien no votó.

A través de una declaración grabada, reconoció que estuvo presente en el Senado, pero no participó porque estaba "atendiendo un problema familiar gravísimo", respecto del cual dice que no va a "exponer a la víctima", pero descartó que su ausencia obedezca a una negociación para obtener un cargo en la futura mesa de la corporación.

Diputada Flores: "La izquierda busca perpetuar la venganza"

Por su parte, la actual diputada y senadora electa Camila Flores (RN) acusó que "este es un proyecto que, en particular, a la izquierda no le gusta, porque lo que está buscando es perpetuar la venganza y no avanzar por una cuestión muy sencilla, que son las razones humanitarias".

"Esta es una iniciativa que no genera impunidad; acá lo que se está diciendo es simplemente que (el interno) va a seguir cumpliendo su condena en su casa. Hoy día existen mecanismos para que una persona, por condiciones humanitarias, pueda dejar la cárcel y seguir cumpliendo sus condenas por otras fórmulas; a través, por ejemplo, de un indulto presidencial", sostuvo. 

Entre los puntos clave de la querella se mencionan gastos sin respaldo financiero, la entrega de estados contables que no reflejaban la realidad y el uso de fondos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) para fines no permitidos por la ley.

Según dijo el jefe comunal, "los primeros indicios sostienen que hay gastos irresponsables, porque los presupuestos estaban inflados y había una proyección de ingresos que no era realista y completamente injustificada".

"Investigaciones donde estuvo involucrada una auditoría externa, el apoyo transversal del Concejo Municipal y también la asesoría de un estudio de abogados de mucho prestigio, hemos llegado a la convicción de que existen dos delitos que están relacionados con fraude al Fisco y falsificación de instrumento público a raíz de un tremendo déficit financiero el cual sufrió la Municipalidad de Peñalolén durante los últimos cuatro años de la gestión anterior", enfatizó.

"Queremos entender a fondo por qué este mecanismo (se implementó), quiénes son las personas resposables y de qué manera se generó este fraude al Fisco que tiene tan complicada a nuestra comuna", agregó el alcalde.

Concha sostiene que el perjuicio económico municipal cometido por la actual subsecretaria de Prevención del Delito asciende a los 12 mil millones de pesos.

La acción judicial también apunta al exadministrador municipal Patricio Escobar, la directora de Administración y Finanzas, Tamara Rubio, y al exdirector de la Secretaría Comunal de Planificación, Juan Pino.

Leitao: "Algo que no conozco"

La actual subsecretaria de Prevención del Delito replicó que "muy sinceramente que no me puedo referir a un documento y algo que no conozco. Sólo he tomado conocimiento de algunos hechos por la prensa, pero desconozco y no tengo ningún acceso a algún documento que me permita poder opinar respecto de algo de lo cual no tengo conocimiento".

"Además, mi responsabilidad hoy día es abocarme obviamente a las tareas que se me han encomendado y por lealtad al gobierno no voy a entrar en una polémica que, a mi juicio y a todas luces, tiene un claro objetivo comunicacional", añadió.

Por su parte, el concejal Ignacio Sánchez (RN) pidió al Gobierno la renuncia de Leitao a su cargo como subsecretaria, pese a que quedan pocos días del cambio de mando: "Lo que no puede ser posible y lo que los vecinos de Peñalolén nos preguntan es: cómo es posible que la persona que les negó las pavimentaciones, la salud en el consultorio, las mejoras en sus áreas verdes públicas, siga hoy día en el Gobierno".

La Fiscalía solicitó presidio perpetuo calificado y la sentencia será dada a conocer el próximo 26 de marzo.

En el Diario de Cooperativa, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, afirmó que el ataque fue "ejecutado de manera rápida, pero con coordinación y planificación previa, con un estudio del lugar", y sostuvo que se trató de "un crimen de odio", dirigido contra funcionarios de Carabineros en el día de su aniversario institucional.

A juicio del Ministerio Público, el objetivo fue atacar a funcionarios policiales "por ser tales", en una señal de desafío al Estado.

Garrido reconoció que uno de los aspectos más complejos fue enfrentar las expectativas de las víctimas y sus familias. "Nosotros no podemos asegurar un resultado, pero sí demostrar que estamos plenamente comprometidos y haciendo todo lo que está a nuestro alcance", sostuvo. Y valoró el trabajo conjunto del OS-9 de Carabineros, el Laboratorio de Criminalística y la coordinación entre equipos del Biobío y La Araucanía.

Respecto de las pruebas, el fiscal subrayó que, aunque no existe un registro audiovisual directo del crimen, el tribunal valoró un conjunto de evidencias concordantes.

Entre ellas, destacó las pericias balísticas (que permitieron vincular armamento utilizado en el ataque con otros delitos), los peritajes de ADN, la georreferenciación telefónica y el hallazgo de armas e implementos de las víctimas en poder o en las inmediaciones de los acusados.

"Se trata de superar la ausencia de una grabación con otros elementos que solo permiten arribar a una conclusión", afirmó.

Consultado por la motivación, Garrido sostuvo que hubo una intención de "demostrar poder atacando a funcionarios del Estado" y que, si bien existen antecedentes de que algunos imputados pudieron participar anteriormente en acciones vinculadas a grupos radicales, en este caso "no actuaron orgánicamente bajo una estructura específica".

Además, advirtió que "en la zona es frecuente que acusados por delitos comunes intenten revestir sus actos de una supuesta motivación política como forma de justificación".

Finalmente, ante la posibilidad de recursos de nulidad por parte de las defensas, el fiscal aseguró que "el proceso se desarrolló respetando estrictamente las garantías legales" y con autorizaciones judiciales en cada diligencia que lo requería.

"La contundencia del veredicto nos da tranquilidad", señaló, a la espera de la sentencia.

La decisión del tribunal se fundamenta en la peligrosidad que representan los acusados para la seguridad de la sociedad, tras revelarse detalles clave sobre la logística que permitió la sustracción de casi 12.000 millones de pesos.

Durante la audiencia, el fiscal de Análisis Criminal, Carlos Fuentes, presentó argumentos contundentes contra la modificación de las cautelares.

Según el persecutor, "sin la participación ni el reclutamiento de los carabineros, no se habría podido llevar con éxito el delito, porque, primero, les dieron (a los delincuentes) una ventaja de 7,5 kilómetros y, además, una ventaja de aproximadamente entre 5 a 10 minutos".

"Con los elementos que les aportaron los carabineros, como la radio, (los asaltantes) pudieron saber cuándo ellos ya se dieron cuenta que el procedimiento era falso e iban de vuelta. Con esos antecedentes se pudieron dar a la fuga; con esa información ellos se hicieron de todo el dinero que sustrajeron. Es decir, sin esa participación, no habrían podido consumar el delito", señaló el fiscal. 

Por su parte, la defensa de Millar, encabezada por el defensor público Franco Vassallo, intentó apelar a la "colaboración" del exoficial y a su arraigo social para obtener una medida menos gravosa, argumentos que finalmente fueron desestimados por el magistrado.

A la fecha, cinco carabineros han sido desvinculados por sus vínculos con la organización, incluyendo a una funcionaria activa detenida en enero pasado, quien es señalada como la presunta líder del grupo de uniformados que prestó cobertura logística a la banda criminal.

Con esta resolución, Millar, junto a los imputados Raúl Peñaloza y Luis Candia, permanecerán recluidos mientras avanza la investigación de uno de los robos más grandes en la historia reciente de Chile.

Según el veredicto dictado la mañana de este martes, se acreditó que los hermanos Jefferson, Felipe y Tomás Antihuén Santi son autores materiales del homicidio calificado de los efectivos.

El relato del Ministerio Público establecía que las víctimas fueron ejecutadas y luego quemadas en el pick-up de una camioneta institucional la noche del 26 de abril de 2024.

En tanto, Nicolás Rivas Paillao fue condenado en calidad de colaborador de los demás imputados, específicamente al facilitarles un arma utilizada la noche del crimen.

Además, el TOP concluyó que estos cuatro sujetos tuvieron participación en el robo de armamento portado por los carabineros.

Defensora apunta a falta de pruebas

La defensora Nelly Díaz recalcó que "no hay ninguna prueba directa audiovisual, la única prueba audiovisual que hay es la detención de don Tomás el día 21 de marzo del año 2025, donde se le detiene en su domicilio y donde encontraron posteriormente una mochila con una uzi".

"Respecto de los otros delitos, no hay ninguna grabación audiovisual, hay pruebas de los drones, de las vigilancias, de lamentablemente cuando llegaron los funcionarios a la Ruta P-62, pero una prueba que ubique a mis representados no se ha presentado en el juicio", precisó.

El delegado presidencial de Arauco, Humberto Toro, sostuvo que "sabíamos de la contundencia de las pruebas, de la investigación y del relato jurídico para efectivamente hacer justicia. Un agradecimiento profundo al Ministerio Público, a las policías y a los tribunales, porque efectivamente han dado respuesta a la justicia y a no dejar que la delincuencia se tome nuestro territorio".

Terminado el juicio el pasado viernes, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, que estuvo a cargo de la causa, reafirmó la solicitud de las penas máximas contempladas en la legislación chilena.

Esta jornada, Garrido manifestó que "contribuye a establecer una verdad jurídica y en parte repara el dolor que ellas sienten, no solamente para las víctimas, consideramos que puede ser un aporte para su acceso a la justicia, sino que también una señal de tranquilidad para la comunidad".

"Un hecho tan grave como el que afectó a los tres carabineros es un atentado también al estado de Derecho, las reglas más básicas de convivencia en una sociedad", lamentó.

La lectura de sentencia quedó fijada para el próximo 26 de marzo.

🔴 EN VIVO: TOP de Cañete dicta veredicto condenatorio en contra de Felipe, Tomás y Yeferson Antihuén Santi, como autores ejecutores de triple homicidio calificado de Carabineros. Hechos ocurridos en abril de 2024, en la comuna. pic.twitter.com/iA5ZJpMyNz

— Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) March 3, 2026

Asímismo, el delegado presidencial de la provincia del Arauco, Humberto Toro, declaró: "Un agradecimiento profundo al Ministerio Público, a las policías y a los tribunales, porque efectivamente han dado respuesta a la justicia y a no dejar que la delincuencia se tome nuestro territorio", expresó.