El fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir, informó que el Ministerio Público "pidió 60 días para poder culminar las diligencias que el tribunal había ordenado realizar en el mes de enero y, por tanto, pedimos -por tal motivo- la ampliación y así accedió el tribunal".

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Fue el 20 de mayo cuando la defensa y la Fiscalía pidieron ampliar el plazo de la indagatoria, argumentando que todavía quedan diligencias pendientes, consignó La Tercera.

El medio precisó que las pesquisas están vinculadas a la revisión de las cámaras de seguridad del restaurante Ají Seco Místico (donde concurrió Monsalve con la denunciante, previo al supuesto delito), la obtención de los chats de Whatsapp de la víctima con cercanos antes del almuerzo, y lograr la ubicación del garzón que los atendió el día en que ocurrieron los hechos, el 22 de septiembre de 2024.

En ese sentido, el defensor penal público Víctor Providel, representante del exsubsecretario, explicó que el Ministerio Público y la defensa "interpretamos en el mismo sentido de que habían diligencias que no se alcanzaron a realizar durante esta etapa de 120 días, que requerían más tiempo".

"También estamos de acuerdo que 60 días parece un plazo razonable para poder terminarla y avanzar en ella", subrayó.

La medida afecta a ministros, jueces, secretarios y fiscales judiciales que incurrieron en esta práctica durante los últimos cinco años.

La resolución se tomó tras analizar 104 casos sospechosos, de los cuales 56 fueron seleccionados para iniciar un proceso investigativo formal que podría derivar en la destitución de sus cargos.

El lunes pasado se abrieron 14 cuadernos de remoción, y la presidenta de la Suprema, Gloria Ana Chevesich, anunció que hoy "se decretó abrir cuaderno de remoción en (otras) 42 causas, se desestimó abrirlo en 13 casos y en nueve se produjo empate".

"Como éramos 16, ocho estábamos por abrir cuaderno de remoción y ocho por no abrirlo", detalló la magistrada. Según los estatutos del tribunal, los empates resultaron en el rechazo de la apertura para esos casos específicos.

Un cambio clave en este proceso fue la decisión de ampliar el periodo de investigación de dos a cinco años. Esta modificación podría reincorporar casos emblemáticos que habían sido descartados previamente por prescripción, como los de los jueces Daniel Urrutia y Karen Atala, aunque desde la Suprema no especificaron si esos episodios están considerados o no.

Los afectados serán notificados vía correo electrónico y tendrán la oportunidad de presentar alegatos antes de la resolución final.

Pleno de la Corte Suprema finaliza vista de causas por viajes de jueces y juezas fuera del país con licencia médica https://t.co/UUww12iQp2

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Respaldo parlamentario

Desde el Congreso, legisladores de distintas bancadas valoraron la medida fiscalizadora, calificándola como un paso necesario para recuperar la confianza de la ciudadanía y transparentar el sistema público.

La diputada Lorena Fries (Frente Amplio) señaló que "esta práctica abusiva a nivel nacional en los funcionarios públicos sin duda que tiene que ser investigada y tiene que ser sancionada (...) Me parece que está dentro de las potestades y de lo que debe hacer el Poder Judicial".

Por su parte, el diputado Juan Irarrázaval (Partido Republicano) destacó como "muy bien que la Corte esté ordenando la casa después de vivir su parte en la crisis institucional (...) Es precisamente eso lo que hay que hacer, no solo para hacer justicia, sino también para recuperar la confianza en las instituciones".

Se espera que el próximo lunes el máximo tribunal determine si los funcionarios investigados serán suspendidos de sus labores o si podrán continuar ejerciendo mientras se desarrollan las indagatorias por presunto mal comportamiento y falta grave a sus funciones.

"Yo tengo juicios pendientes todavía. La Fiscalía y todos los perseguidores que me persiguen presentaron un recurso de nulidad a la Corte para poder anular el juicio del caso de Gustavo Gatica, donde fui absuelto en enero de este año. Yo soy una persona que me ha perseguido la justicia en una forma sobre lo normal", fustigó durante su intervención.

Crespo, acusado de disparar y cegar al entonces estudiante de psicología y actual diputado Gustavo Gatica en noviembre de 2019, fue absuelto de cargos penales de forma unánime.

El fallo, dictado en enero por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, generó un enorme debate político y social, dado que resolvió que desde la escopeta del excarabinero se dispararon los perdigones que cegaron al joven, pero aplicó retroactivamente la Ley Naín-Retamal, reconociendo la figura de legítima defensa privilegiada en el contexto de las manifestaciones.

El viernes, al tope de la fecha para hacer esta gestión, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentaron un recurso de nulidad buscando que la Corte de Apelaciones invalide el fallo absolutorio y ordene la realización de un nuevo juicio oral.

Al respecto, Crespo detalló en un punto de prensa posterior que la decisión del ente persecutor era "previsible", aunque manifestó su extrañeza por la activa incorporación del CDE en el requerimiento.

Polémica por chats del "caso Audios" y rechazo a citar a Zaliasnik

La sesión de la comisión investigadora estuvo marcada por fuertes tensiones políticas. Tras las recientes filtraciones de mensajería derivadas del denominado "caso Audios", los diputados de oposición solicitaron formalmente citar a la instancia al actual embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik.

La petición del bloque gubernamental se fundamentaba en los chats de WhatsApp donde el hoy diplomático sugería evaluar la interrupción del servicio de internet en el país durante las semanas más complejas de las protestas de 2019.

Sin embargo, la moción para que Zaliasnik compareciera ante el Congreso fue rechazada de plano por la mayoría dederecha que compone la comisión, dando por cerrada la controversia en la sesión de este martes.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el jefe del Ministerio Público aseguró que si la UAF tuviera "más flexibilidad" para acceder a las cuentas corrientes "es altamente probable que los informes que nos envían tuvieran más información, llegasen más rápido y, como consecuencia de aquello, nosotros tuviéramos más información para investigar".

"Siempre que eso sea con más sustento, fundamento y más rápido, puede ser muy útil. Además, sería muy útil que cuando hay fundamento grave para aquello, que la UAF pudiera congelar temporalmente los fondos y avisarnos a nosotros después para que también tuviéramos tiempo para congelar", apuntó el abogado.

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Para explicar el punto, el abogado comparó la situación con las facultades que tienen las policías para privar de libertad a una persona sin orden judicial: "En todas nuestras legislaciones existe causa probable para que un policía te meta en un calabozo para llevarte rápidamente ante un juez porque había motivo y estaba habilitado por la ley para privarte temporalmente de ella", explicó.

"Sin embargo, nos ponemos colorados y se nos eriza la piel por pensar que nos pueden congelar el dinero temporalmente o pueden mirar dónde lo tenemos. Te pueden meter en una jaula, en Chile hasta 24 horas para llevarte rápidamente ante un tribunal, pero la posibilidad de que la plata te la retengan por un tiempo limitado parece que eso sería como un tema tabú", puntualizó.

"Mientras el tiempo pasa, la plata corre"

Consultado por las indicaciones que presentará el Gobierno -al proyecto que crea un Subsistema de Inteligencia Económica- para agilizar el levantamiento del secreto bancario por la vía judicial, Valencia enfatizó que "todavía hay mucho espacio para flexibilizar y para agilizar, porque mientras el tiempo pasa, la plata corre y se va moviendo".

"Sería muy provechoso que -por ley- el simple reporte de una operación sospechosa informado por la UAF fuese mérito suficiente para poder congelar temporalmente activos, para poder abrir información bancaria y reducir la exigencia que tenemos hoy día", aseveró.

_{"¿Quién congela las cuentas mientras están pasando (los dineros)? La idea es detenerse para poder avanzar, y para eso es necesario avanzar rápido", subrayó Valencia. (FOTO: ATON).}

Registro de Vándalos: "Es un error desatender las incivilidades"

Sobre el debate por el proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, anunciado por el Presidente Kast en su primera Cuenta Pública y que ya está ingresado para su tramitación en el Congreso, Valencia aseguró que el Ministerio Público va "a aplicar la ley con la carga de trabajo que la ley nos imponga".

"Existe mucha evidencia comparada de que es un error desatender las incivilidades y los delitos menores. Durante mucho tiempo pensamos que había que poner el foco como Estado solo en los delitos más graves, pero hay que hacerse cargo de ellos porque generan un contexto las infracciones menores que promueven o favorecen la comisión de delitos mayores", argumentó el persecutor jefe, quien abogó por atacar "la cultura del incumplimiento de la ley".

[Audio] Registro de Incivilidades: Fiscal nacional apoya atacar "la cultura incumplimiento de la ley" https://t.co/ubgvGb6E3K pic.twitter.com/bBeDnYTqlV

— Cooperativa (@Cooperativa) June 16, 2026

Llegada de niños haitianos en vuelos chárter en 2025: "Hay hechos a lo menos sospechosos, que ameritan ser investigados"

En relación a la investigación de oficio abierta por el ingreso de menores haitianos en vuelos chárter durante 2025, el persecutor jefe sostuvo que existen "hechos a lo menos sospechosos, llamativos y que ameritan ser investigados" debido a la falta de parentesco claro entre los adultos y los cientos de niños involucrados.

"Hay adultos que se repiten en distintos vuelos, es una situación que amerita ser investigada. Vamos a saber, una vez que se esclarezcan los hechos, si fallaron nuestros controles o simplemente fueron burlados, o insuficientes, o vulnerables", señaló.

[Radio en vivo📻] En El Diario de Cooperativa conversamos con el fiscal nacional, Ángel Valencia. Escucha en https://t.co/WoFHXvthxL pic.twitter.com/GpTueVvlQE

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"Se produce una pelea, una riña entre dos internos, y la víctima recibe una herida con un arma cortopunzante en el cuello", informó el fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

La víctima, que cumplía condena por hurto en la sección conocida como "calle 11", recibió atención inicial en la enfermería del recinto penal y posteriormente fue trasladado de urgencia al Hospital Barros Luco, en la comuna de San Miguel, donde se confirmó su deceso debido a la gravedad de la lesión cervical.

El presunto agresor, quien cumple condena por robo con violencia, ya fue identificado.

El Ministerio Público y la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentran realizando las diligencias pertinentes para esclarecer todas las circunstancias del ataque.

La acción judicial incluye seis documentos con antecedentes recopilados en fiscalizaciones realizadas en conjunto por Migraciones, la Contraloría y la PDI, con el fin de esclarecer la existencia de una eventual red de tráfico ilícito de menores haitianos.

Durante las mentadas diligencias, el personal detectó que al menos 12 adultos -tanto extranjeros como chilenos- ingresaron reiteradamente al país como supuestos responsables de grupos de entre dos y 18 niños, niñas y adolescentes haitianos.

El comunicado de Migraciones subraya que "los antecedentes recopilados permitieron establecer que los adultos acompañantes no mantenían vínculos familiares ni de consanguinidad con los menores que ingresaban al territorio nacional" y preliminarmente, se estima también que estas personas no estaban autorizadas legalmente para trasladar a estos menores.

"De acuerdo con la denuncia, esta situación podría representar una grave vulneración de los derechos de los menores involucrados y afectar directamente el principio del interés superior del niño", remarca el escrito.

Con todo, la repartición prevé que los antecedentes en cuestión podrían configurar el delito de tráfico ilícito de migrantes de carácter reiterado, por lo que la denuncia no solo apunta a los acompañantes, sino que también a "posibles responsabilidades de aerolíneas, agencias de viajes y cualquier otra persona que haya participado en los hechos investigados".

Al cierre del documento presentado a la Fiscalía, Migraciones solicita realizar "todas las diligencias investigativas que resulten necesarias para determinar la existencia de eventuales delitos y establecer las responsabilidades correspondientes", añade la declaración.

La denuncia sobre ingreso masivo y sin control de niños haitianos a Chile durante 2025 es gravísima y requiere de máxima atención. Vamos a poner los antecedentes a disposición de Fiscalía y colaborar para que se haga justicia y se exijan las responsabilidades que correspondan.

— José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) June 15, 2026

El propio Presidente José Antonio Kast reaccionó durante esta tarde a la denuncia firmada por el director de Migraciones, Frank Sauerbaum, calificando los hechos indagados como "gravísimos" en su cuenta de X.

"Vamos a poner los antecedentes a disposición de Fiscalía y colaborar para que se haga justicia y se exijan las responsabilidades que correspondan", agrega la publicación del Mandatario.

La indagatoria apunta a una red de corrupción y fraude que supera los 3.000 millones de pesos, y que también involucra a reconocidos empresarios de la zona

En concreto, con los nuevos aprehendidos se busca clarificar estafas por cerca de 1.500 millones de pesos en La Araucanía y en la Región Metropolitana.

Cuatro empresarios formalizados por caso convenios

En paralelo, el Juzgado de Garantía de Temuco desarrolló una audiencia de formalización de cargos contra cuatro empresarios vinculados a la arista "Agencia" del caso convenios en la región. En esta, se busca aclarar cómo se entregaron recursos a estos empresarios provenientes del gobierno, bajo la administración del exgobernador Luciano Rivas.

El fiscal Raúl Espinoza detalló que "se han instruido diversas diligencias de investigación a la Policía de Investigaciones y a otras entidades, lo cual ha permitido al día de hoy mantener a seis personas formalizadas por delitos relativos a fraude al fisco, a obtención maliciosa de prestaciones públicas y a lavado de activos, entre otros".

Cabe recordar, que también se investiga a varias personas que fueron parte del equipo del exgobernador Rivas por la arista "Manicure", que investiga el traspaso de cerca de 730 millones de pesos a las fundaciones Folab y Educc.

El líder máximo de la organización criminal transnacional venezolana fue abatido ayer en el estado de Bolívar durante un operativo del Comando Sur de Estados Unidos en coordinación con fuerzas venezolanas.

El cabecilla permanecía prófugo pese a contar con una condena vigente, en Venezuela, de 17 años de presidio. Se le imputan delitos transfronterizos delitos transfronterizos como el tráfico de migrantes, extorsiones, homicidios, secuestros, tráfico de drogas y trata de personas.

Luego del operativo en que fue abatido, el fiscal regional del Maule afirmó que la "confirmación de la muerte del líder de la organización criminal Tren de Aragua constituye un hito en el combate transnacional que se ha desarrollado durante los últimos años, en el que Chile ha tenido un rol protagónico".

"Si bien no significa en absoluto el cese de su operación, es esperable que tenga un impacto en su actual estructura y consecuencias en la organización interna. El combate por parte de la Fiscalía de Chile junto a las policías debe continuar fortaleciéndose", puntualizó Contardo.

El persecutor enfatizó que "en El Maule hemos combatido de forma muy intensa este tipo de organizaciones criminales, logrando incluso altas condenas y con la primera orden internacional en contra del hermano de 'Niño Guerrero' que estuvo operando en esta zona".

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Experta: "La muerte de sus líderes no genera un vacío absoluto"

Según un informe del Capítulo venezolano de Transparencia en 2021, el Tren de Aragua contaba con más de 4.000 integrantes y mantenía presencia en al menos siete países. La organización cuenta con más de 300 miembros privados de libertad en distintas cárceles chilenas, la mayoría de ellos recluidos en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas).

La investigadora Paz Crisóstomo, académica de la Universidad Finis Terrae, explicó que "la muerte o captura de uno de sus líderes no genera un vacío absoluto de poder en estas organizaciones criminales. Lo que hacen es que hay estructuras intermedias, operadores territoriales, redes de confianza que van a permitir el funcionamiento de la banda incluso frente a golpes que son importantes".

"Lo que sí ocurre es una reconfiguración interna. El 'Niño Guerrero' no solamente tenía un rol operativo, sino que también simbólico; generaba cohesión, capacidad de articulación también con distintas células y legitimidad", agregó la experta en seguridad.

^{_{"Él era la cara del Tren de Aragua, por tanto, era la figura de autoridad que se presentaba frente a otras posibles células", señaló la académica. (Foto: ATON)}}

PPD y RN valoran caída de "Niño Guerrero"

Héctor "Niño" Guerrero afirmó su poder dentro de la cárcel de Tocorón en Aragua, donde él y su banda asumieron el control y la administración de la prisión, estableciendo un sistema que controlaba al penal a través de la fuerza y la extorsión. Con el tiempo, convirtieron el recinto en una ciudadela que incluía un zoológico, campo de béisbol, casino y una suite para Guerrero.

Desde el mundo político, la senadora Loreto Carvajal (PPD) apuntó que "el Tren de Aragua es una de las organizaciones criminales más peligrosas de América Latina".

"Si bien hoy día existen legítimas dudas jurídicas respecto a cómo se adoptó la decisión, si la operación contó con la autorización o colaboración del Gobierno venezolano, desde mi punto de vista y desde el punto de vista práctico, constituye una señal clara de que no habrá impunidad para quienes integran el crimen organizado. La cooperación entre los Estados es, sin duda, indispensable", subrayó la parlamentaria.

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En tanto, el senador Iván Moreira (UDI) valoró el operativo en el que Guerrero fue abatido y aseguró que su caída "representa una señal potente que nadie va a escapar de la lucha que los distintos países se están organizando, coordinando, para lograr que vayan a la justicia a cumplir penas altas por el daño que le están haciendo en Latinoamérica".

Tras la muerte del líder del Tren de Aragua, la justicia internacional mantiene el foco sobre Johan Petrica y "Giovanny", los otros dos cabecillas que permanecen en libertad y por los que Estados Unidos ofrece una recompensa de 4 y 3 millones de dólares, respectivamente.

Larry Changa, otro de los cabecillas de la organización, permanece privado de libertad en Colombia desde 2024, mismo caso que "Carlos Bobby". Mientras que "El Yefri", quien está a cargo de la célula de "Los Shelby", está prófugo en Venezuela desde donde supuestamente dirige operaciones mediante aplicaciones de comunicación digital.

Los funcionarios son acusados de formar parte una red criminal que operaba desde el 2021 e ingresaba drogas y elementos ilícitos al penal.

"La pluralidad de los delitos imputados, la altísima gravedad de las penas asignadas por ley -que en un total podrían arrojar sanciones en torno al presidio mayor en los grados medio a máximo- y el hecho de haber actuado en este caso en grupo o pandilla mediante el uso de funciones públicas, configuran un estándar normativo objetivo de peligro para la seguridad de la sociedad", señaló la jueza Andrea Rojas.

La red criminal fue descubierta tras la denominada "Operación El Dorado", encabezada por el Ministerio Público en conjunto a la PDI y Gendarmería, la que allanó la cárcel y cuatro domicilios en las regiones de Coquimbo, Biobío y Metropolitana, encontrando distintos tipos de drogas, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

De acuerdo a la investigación, las actividades ilícitas le permitieron a la banda generar ganancias calculadas en más de 223 millones de pesos, montos que movían a través de cuentas bancarias y eran utilizados para la adquisición de bienes con el objetivo de ocultar su origen ilícito.

También se les decretó la prisión preventiva a otros dos civiles imputados por el delito de tráfico ilícito de drogas.

"La ley 20.000 establece que el tráfico de drogas atenta de forma directa contra la salud pública. Mantener a las imputadas bajo arresto domiciliario en los mismos inmuebles donde funcionaban como centros de acopio y dosificación resulta del todo insuficiente para garantizar que no sigan operando como foco de abastecimiento para la red, como así respecto de otros consumidores", señaló la jueza.

Igualmente, un quinto gendarme fue puesto en arresto domiciliario total al igual que otras ocho personas formalizadas, fijando un plazo de investigación de 120 días.

"Bajo mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos lanzó un enérgico ataque, rápido y letal para ejecutar con éxito a 'Niño Guerrero', el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta Tierra", dijo Trump en su red social Truth.

Según el presidente de EE.UU., la acción fue coordinada con sus "amigos de Venezuela" con quienes colabora de "manera excelente".

"Como resultado, los terroristas del Tren de Aragua ya no cuentan con refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar. Bajo mi liderazgo, encontraremos a estos despiadados asesinos y capos de la droga dondequiera que estén y los enviaremos a las profundidades del infierno, que es donde pertenecen", añadió.

Sancionado por EE.UU.

El "Niño Guerrero" fue sancionado en 2025 por el Departamento del Tesoro así como otros cinco miembros del Tren de Aragua, entre ellos el lugarteniente Yohan José Romero, conocido como Johan Petrica.

El Gobierno estadounidense acusa a Guerrero de convertir una pandilla carcelaria centrada en la extorsión y el soborno en una organización criminal de alcance continental.

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Perseguido como uno de los criminales más buscados de la región, estaba prófugo desde 2023, cuando las autoridades venezolanas llevaron a cabo un operativo en la cárcel de Tocorón, considerada la base de operaciones de la organización.

Trump declaró al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera y hoy se vanaglorió de "deportar a miles de criminales malvados y librar una guerra contra los cárteles —que durante mucho tiempo han estado en guerra contra nuestros ciudadanos-, mientras líderes débiles dejaban a Estados Unidos indefenso y a la defensiva".

El mandatario estadounidense vinculó el suceso, sin aclarar dónde había sido "ejecutado", con las políticas migratorias y cargó contra su predecesor, Joe Biden, al considerar que este había abierto las fronteras del sur "a millones de criminales ilegales y permitió que este ejército extranjero violara, mutilara y asesinara a ciudadanos estadounidenses con total impunidad".

La organización se dedicaba a la comercialización fraudulenta de licencias de conducir, según la acusación del Ministerio Público. 

Los imputados -incluidos cinco funcionarios municipales- fueron detenidos el jueves, durante un allanamiento masivo en el Departamento de Tránsito llevado a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI).

Cargos y reserva de la audiencia

El Ministerio Público imputó una serie de delitos graves, entre los que destacan fraude al fisco, soborno, cohecho, falsificación de instrumento público y lavado de activos.

Debido a la complejidad de este último cargo, el Juzgado de Garantía de Alto Hospicio accedió a la petición de la Fiscalía de realizar la audiencia de forma reservada.

La sesión fue suspendida tras la exposición de pruebas por parte del ente persecutor y se espera que durante mañana, sábado, las defensas presenten sus descargos y se determinen las medidas cautelares para los involucrados.

Al ser consultada por los medios respecto a su situación procesal, la otrora magistrada expresó que "me declaro inocente y tengo pedido a través de mi abogado declarar en mi juicio, así que espero pronto dar todos los detalles que me corresponde darle a la Fiscalía".

"Evidentemente no soy una persona que se pueda catalogar de peligro para la sociedad; al contrario, soy una persona que quiere colaborar. Quiero defenderme en un juicio justo y voy a colaborar en todo lo que sea necesario para llegar a ese final que espero, y tengo la confianza, de que así va a ser", reiteró.

La exjueza defendió su trayectoria en el máximo tribunal frente a los cuestionamientos por presuntas irregularidades en sus fallos: "Cuando fui ministra procedí siempre con honorabilidad y con rectitud, y eso es lo que espero demostrar. Y para eso existen los juicios y las condiciones dadas para poder rendir pruebas", enfatizó.

"Tengo un cáncer y era importante salir y tratarme afuera"

Respecto a su nueva realidad cotidiana, la otrora ministra de la Corte Suprema explicó que no regresará a su antiguo hogar, ya que la propiedad arrendada fue entregada. Cumplirá la medida cautelar en un departamento gestionado por su exmarido.

Asimismo, Vivanco se refirió a su estado de salud y manifestó su preocupación por su madre, quien se encuentra en una institución de cuidados paliativos: "Mi mamá está en la última etapa de su vida con daño neurológico. Pediré permiso al tribunal para ir a verla a la brevedad", enfatizó.

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Sobre su caso, valoró que "me dejaron entrar todos mis medicamentos y también tuve controles aquí, pero desgraciadamente hay varias cosas que yo tengo que no se pueden resolver solamente con los recursos disponibles aquí. Por eso para mí era importante salir y poderme tratar afuera".

"Yo tengo un cáncer, entonces necesito poderme hacer exámenes que no se pueden hacer aquí ni en el hospital penal tampoco", concluyó.

Vivanco, imputada por el Ministerio Público como autora de los delitos consumados de cohecho y lavado de activos, deberá cumplir con la medida cautelar de arresto domiciliario.

Después de conocer este fallo, la abogada de Vivanco, Patricia Alvarado, recordó que "la prisión preventiva siempre tiene ciertos requisitos, no solamente el hecho que se discuta si existe o no delito. Eso se va a discutir en un juicio oral. Nosotros creemos en la inocencia de nuestra representada, pero eso es un tema de fondo que se discutirán en su momento".

"Aquí lo importante era discutir si ella constituye un peligro o no, tanto para la sociedad como para los fines del procedimiento o bien eventual fuga, lo que la Corte de Santiago consideró que no se justificaba en este caso (...) En la tarde ya podría volver a su hogar", añadió.

"Esta resolución no es susceptible de recurso"

El fiscal regional de Los Lagos, Marcos Muñoz, explicó que la "Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago tomó la decisión de revocar la prisión preventiva de doña Ángela Vivanco Martínez por motivos de salud y de edad; y ese es el fundamento por el que decidió modificar la medida cautelar que pesaba sobre ella".

"No es lo que la Fiscalía había solicitado en su oportunidad, pero tenemos que respetar las decisiones de los tribunales superiores de justicia cuando son dictadas en un procedimiento, en un proceso legalmente tramitado. Hay un pronunciamiento de un tribunal superior de justicia que, por razones de salud y humanitarias principalmente, modificaron la cautelar de prisión preventiva de doña Ángela Vivanco", agregó.

El fiscal enfatizó que "esta resolución no es susceptible de recurso".