Julio Alberto Campos Ahumada agredió sexualmente a la víctima de manera reiterada a lo largo de casi una década.
Producto de estos abusos, la menor desarrolló síntomas ansiosos depresivos e ideación suicida.
Fue formalizado por seis casos de abuso sexual reiterado y uno de violación contra niñas.
Cumplirá la medida cautelar en la cárcel de Curicó.
El municipio deberá pagar 30 millones de pesos a una madre y dos de sus hijos.
Ambas víctimas eran menores de edad cuando el sujeto abusó de ellas.
Defensa presentó un recurso de nulidad ante el tribunal de alzada, el que finalmente fue rechazado.
Los hechos comenzaron el año 2017, cuando la víctima tenía 11 años de edad: "Es un veredicto importante", dijo Fiscalía.
El hecho se produjo en pleno centro de la ciudad.
El sujeto quedó en prisión preventiva por dos meses para el desarrollo de la investigación.
En el Juzgado de Garantía de Villarrica fueron formalizados por delito de lesiones menores graves.
La víctima está fuera de riesgo vital y se recupera de sus lesiones.
Las víctimas fueron intimidadas con armas de fuego y golpeadas al interior de su domicilio.
El delincuente estuvo prófugo cerca de una semana; misma condición que mantienen sus dos cómplices.
El tribunal de alzada determinó mantener en internación provisoria para el adolescente de 17 años acusado de matar a su padre.
El abogado Rodrigo Flores pidió cautelares domiciliarias y controladas en la vivienda del menor.
El sujeto de 17 años está imputado por la muerte de su padre, quien recibió 10 heridas cortopunzantes.
La pena se logró tras un juicio abreviado donde se estableció el abuso sexual contra el niño.
“Los años que le dieron no son suficientes para nosotros”, dijo a Cooperativa Regiones la madre del menor, Alejandra Morales.
El sujeto llegó con la menor de un año en un coche diciendo que "ahora es responsabilidad de Carabineros", y huyó del lugar.
Aún no se da con el paradero de la madre que registra domicilio en Santiago y no hay denuncias por posible desgracia o desaparición de menor.
La Corte de Concepción acogió el recurso de la Defensoría Penal Pública para iniciar el proceso casi siete meses antes, en beneficio de los menores de edad acusados.
Esteban Arévalo, quien representa a cuatro mayores de edad, no descarta recurrir por una eventual "afectación a las garantías del debido proceso".
El hecho ocurrió al interior de un inmueble de dicha ciudad.
