El Primer Juzgado de Letras de Iquique determinó que hubo negligencia médica en la intervención que le provocó una neuropatía irreversible a Victoria López en 2016.
Aunque dijo no haber sido notificado, el recinto adelantó que recurrirá ante la Corte de Apelaciones por la sentencia.
El Minsal exigió sumar esos cupos para llegar al 75% de la capacidad disponible en el primer peak de casos.
Desde Redes Asistenciales esperan que no sea necesario optar en un futuro por la complejización de camas, "porque la apertura es limitada”.
De esta forma, se llegaría a las 3.200 disponibles en julio pasado, según el coordinador nacional, Luis Castillo.
La autoridad además llamó a los turistas a no agolparse en los centros de salud del litoral central, para evitar una sobrecarga del sistema.
Las prestadoras privadas atribuyen la situación al "efecto del agotamiento y estrés que ha tenido la pandemia".
El escenario preocupa debido al aumento de casos Covid-19 y a la temida "segunda ola" que se espera en el país.
Un estudio del regulador reveló las abismantes diferencias de costo por iguales procedimientos y prestaciones en el sistema privado.
En el Senado se trabaja un proyecto de ley para regular y transparentar los valores.
Las clínicas rechazan una eventual fijación de precios.
El análisis de IMED contó 220 mil consultas médicas en la primera semana de este mes, mientras que en la misma fecha de 2019 hubo 570 mil.
Pediatría ha sido la especialidad más golpeada en este periodo, con una caída de un 84 por ciento.
Estas empresas se suman a la Red UC-Christus, que terminó la relación laboral con cerca de un 30 por ciento de sus trabajadores.
El sector privado vive una fuerte caída en las consultas y una tendencia a postergar procedimientos durante la pandemia.
El ministro Mañalich indicó el lunes que, frente al avance del coronavirus, el Estado va a "disponer de las camas, los pabellones y el personal" de los recintos privados.
"Qué mejor administrador que el administrador habitual. El dueño de casa conoce perfectamente todo", dijo la asociación gremial que representa al sector.
La suma asciende a cerca de 50 millones de pesos a beneficio fiscal.
Tanto la clínica privada como la constructora mantienen abiertas también sus reclamaciones al proceso.
El senador Guido Girardi (PPD) solicitará que la Superintendencia de Salud termine el registro del recinto.
"Hay un impedimento legal de exigir cheque o dinero en efectivo como condicionante de pago", aseguró.
Los equipos no tienen un valor comercial, pero sí es esencial para el tratamiento de los pacientes.
Han creado canales de denuncias y añadido personal para la realización de exámenes físicos.
Buscan brindar una mayor seguridad a los pacientes.
La junta de acreedores dispuso esta salida ante la crisis financiera y riesgo de quiebra del recinto.
Si en seis meses no se concreta la operación, por 4.000 millones de pesos, se ofrecerá el establecimiento "funcionando y con trabajadores".
El recinto médico solicitó a la Dirección de Obras Municipales de Concepción una autorización en octubre de 2017, la que no se dio.
Vía transparencia el municipio de Concepción reconoce que el único permiso concedido es posterior a la explosión para reconstruir lo dañado.
