A cerca de seis meses de los polémicos "carretes" clandestinos en la comuna de Zapallar, ninguna de las casi 40 personas sancionadas ha pagado las multas impuestas por la Seremi de Salud de Valparaíso por infringir las restricciones sanitaria en el marco de la pandemia de coronavirus.
Estos eventos ocurrieron en enero, durante las celebraciones de Año Nuevo y en días posteriores, principalmente en el acomodado balneario de Cachagua, y se viralizaron en redes sociales mediante una serie de audios de WhatsApp y registros en video, que causaron controversia a nivel nacional. "Zapallar es el ejemplo nacional de una fiesta clandestina, que está al borde de terminar en una tragedia", advirtió el entonces seremi Francisco Álvarez.
En estas fiestas participaron hijos de políticos y empresarios, quienes resultaron contagiados con coronavirus. "Son un atentado a la salud pública", reprochó el ministro de Salud, Enrique Paris. Semanas después, Zapallar, que entonces estaba en la fase 3 del plan "Paso a paso", retrocedió, e incluso llegó a registrar la tasa de incidencia de casos activos más alta de la región.
A raíz de estos, publica hoy La Tercera PM, la Seremi abrió 37 sumarios sanitarios a personas que participaron en las fiestas ilegales durante enero y contra asistentes que incumplieron la cuarentena obligatoria por ser caso confirmado de Covid-19: todos derivaron en multas, la mayor por 51 millones de pesos, aplicada al dueño del restaurante Santo Diablo, Martín Abogabir, señalado por presuntamente haber organizado tres eventos.
Álvarez recordó al citado medio que cuando se detectaron estos festejos clandestinos "enviamos un equipo especial a la zona, para tomar declaraciones y hacer la investigación epidemiológica".
"Así obtuvimos sólo los nombres de los organizadores, e instruimos sumarios contra ellos (el 7 de enero pasado). Pero los testigos no entregaron información de los asistentes. Nadie quería hablar, todos tenían miedo de perder sus trabajos o de tener algún tipo de represalia por prestar declaración y dejar su nombre en un acta", puntualizó el otrora seremi de Salud porteño.
Pero ninguna multa ha sido pagada hasta ahora, informó al rotativo la autoridad sanitaria, mediante Ley de Transparencia. Las 37 multas, que suman 3.585 UTM, equivalentes a 186.437.925 pesos, se encuentran en calidad de "impagas".
Ante esto, el Consejo de Defensa del Estado, tras un acuerdo con el Ministerio de Salud, ya inició cobranzas judiciales contra infractores morosos, pero "a la fecha, el CDE no cuenta con antecedentes relacionados al cobro de multas cursadas en la comuna de Zapallar durante este año".
SIGUE INVESTIGACIÓN PENAL, AÚN SIN FORMALIZADOS
En paralelo, la Fiscalía de La Ligua continúa la investigación penal por estos polémicos eventos, causa que aún está desformalizada. La indagatoria comenzó en enero y considera cinco festejos: tres realizados en la localidad de Cachagua, uno en Zapallar y otro en Laguna.
En enero, la Policía de Investigaciones solicitó a la Seremi de Salud los oficios de los sumarios sanitarios asociados a estas fiestas, como parte de las diligencias que instruyó el fiscal Luis Cortez, sin embargo, según LT PM, no han sido remitidos desde la autoridad sanitaria al persecutor.
La causa penal agrupa una denuncia, presentada por la Seremi contra 20 jóvenes que asistieron a las fiestas clandestinas por entregar información falsa, y tres querellas, interpuestas por la Intendencia Regional y la Municipalidad de Zapallar contra Samuel Israel, el conocido piloto de rally que ha sido sindicado como otro organizador de estos eventos.
