Ofician al Gobierno para que sanciones por incumplir cuarentena no apliquen a ollas comunes

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Autor: Cooperativa.cl

"Están ofreciendo un servicio esencial para los sectores de la población más afectados por la crisis social", argumenta la bancada de diputados de CS.

Gobierno promulgó ley que endurece penas a infractores sanitarios pocas horas después de su despacho.

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Ofician al Gobierno para que sanciones por incumplir cuarentena no apliquen a ollas comunes
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Diputados de Convergencia Social (CS) emitieron un oficio al Ministerio del Interior y Seguridad Pública donde solicitan que la nueva ley que endurece las sanciones a los ciudadanos que infrinjan las medidas sanitarias durante la pandemia de Covid-19 no afecte a quienes organizan y participan de las "ollas comunes", símbolos del hambre y la pobreza que acechan al país, gracias a las que miles de personas que viven en barrios con menos recursos comen cada día. 

En la periferia de Santiago y en varias comunas del resto de Chile, este tipo de asistencia se ha multiplicado durante los últimos meses, a medida que más familias se han quedado sin ingresos tras el cierre de muchas fuentes de trabajo y la ampliación de la cuarentena obligatoria, situación en la que se encuentra más de la mitad de la población del país como medida para evitar la expansión del coronavirus.

En el imaginario popular chileno, el recuerdo más inmediato de las ollas comunes se remontaba a la crisis que golpeó el país austral a partir de 1982, bajo la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

"UN SERVICIO ESENCIAL"

"Son cientos las ollas comunes a largo de nuestro país que hoy reparten miles de raciones diariamente, las que para algunos será la única comida del día. Por eso la preocupación que viven las organizaciones sociales, vecinos y vecinas por el efecto que puede tener la ley que aumenta sanciones por incumplir la cuarentena", dijo el jefe de la bancada de diputados de Convergencia Social, Gonzalo Winter

"En este contexto, ellos están ofreciendo un servicio esencial para los sectores de la población más afectados por la crisis social y no es posible que sean criminalizados ni perseguidos por esto", agregó el parlamentario frenteamplista. 

Su par Diego Ibáñez señaló que "en un escenario en que el hambre gana terreno es importante excluir de las normas punitivas aquellas acciones que se ejercen para subsistir, como son las ollas comunes y los ejercicios de solidaridad que está ejerciendo la población a lo largo y ancho de Chile".

"La desigualdad, el hambre y la pobreza no se resuelven ni con cárcel ni con multas, sino que con políticas públicas solidarias y bien implementadas", enfatizó el legislador. 

Por su parte, la diputada y presidenta de Convergencia Social, Gael Yeomans, indicó que "con este tipo de política policial el Gobierno devela que no conoce un ápice la realidad social y económica que enfrenta el país. Aquí las personas se organizan en ollas comunes para vencer el hambre, mientras el Gobierno que no ha dado el ancho con la ayuda social decide penalizar al pueblo que se organiza".

Además, agregó que lo que exigen es que "no se criminalice a quienes tejen redes solidarias ni a quienes necesitan de esa ayuda. Necesitamos que se les otorguen permisos especiales y que la fuerza policial no abuse de su poder sobre pobladores y pobladoras".

Finalmente, el diputado Gabriel Boric aseguró que "la vía de la represión no va a extinguir ni el hambre ni la necesidad".

"Desde CS vamos a tomar todos los resguardos para defender a quienes se están organizando para poder paliar las circunstancias difíciles por las que se está pasando hoy día en diferentes regiones del país y, en ese sentido, vamos a buscar generar los resguardos necesarios, en particular para quienes están organizando ollas comunes en sus barrios, para que no sean víctimas de la represión policial que ya hemos conocido en los últimos meses", concluyó el parlamentario. 

¿CUÁLES SON LAS MULTAS Y SANCIONES DE LA NUEVA LEY?

El Presidente Sebastián Piñera promulgó ayer jueves la ley que aumenta las penas para quienes incumplan las normas sanitarias durante la pandemia, la que fue despachada el miércoles en el Congreso, aunque con una reserva de constitucionalidad por parte del diputado Marcos Ilabaca (PS), quien podría llevar el proyecto al Tribunal Constitucional (TC).

Este cambio en la legislación penal se produce tras las críticas de las autoridades hacia parte de los ciudadanos que, sobre todo en Santiago, a pesar de encontrarse bajo cuarentena desde hace cuatro semanas, no cumplen con el confinamiento obligatorio.

En ese sentido, los cambios en el Código Penal estipulan tres situaciones sancionadas con penas de prisión.

En el grado más severo, la ley señala penas de hasta 5 años de presidio para quien "en tiempo de pandemia, epidemia o contagio, genere, a sabiendas, riesgo de propagación de agentes patológicos con infracción de una orden de la autoridad sanitaria".

En este caso, el texto se refiere a los pacientes confirmados con la enfermedad Covid-19 que, en lugar de mantener la situación de cuarentena domiciliaria u hospitalaria, se encontrasen en la vía pública sin permiso explícito de la autoridad sanitaria.

En otros casos, se pena con hasta 3 años de cárcel a quien ponga en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, en relación, por ejemplo, a quien salga a la vía pública sin el permiso pertinente en lugares bajo cuarentena, ya que en Chile la medida no se aplica a nivel nacional sino de manera selectiva.

También será la misma pena para quien, "a sabiendas y teniendo autoridad para disponer el trabajo de un subordinado, le ordene concurrir al lugar de desempeño de sus labores cuando este sea distinto a su domicilio o residencia, y el trabajador se encuentre en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio".

Además de las penas de prisión, la nueva legislación también aumenta sustancialmente las multas económicas a los infractores, con montos de hasta 12,5 millones de pesos para los casos más extremos y de 10 millones en los otros dos supuestos.

A pesar de la severidad de la nueva normativa, el texto puntualiza que al tratarse de penas privativas de libertad se podrían aplicar medidas sustitutivas de servicios sociales.

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