Senado rechazó veto y Piñera deberá promulgar la ley de servicios básicos

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Autor: Cooperativa.cl

La norma prohíbe el corte por no pago y posterga el cobro de deudas en el contexto de la pandemia.

En definitiva, se cayó el plan básico solidario de internet y el impedimento de traspasar los mayores costos a los clientes.

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Senado rechazó veto y Piñera deberá promulgar la ley de servicios básicos
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El Senado rechazó este martes el veto presentado a la ley que prohíbe el corte del suministro de servicios básicos -luz, agua, telefonía, internet y gas- durante la duración del estado de emergencia por la pandemia de Covid-19, que deberá promulgarse dentro de un plazo de 10 días.

En la sesión realizada esta tarde, los senadores y senadoras destimaron la estrategia del Ejecutivo -que necesitaba 2/3 de los votos para prosperar- por 28 votos en contra, 7 a favor y 5 abstenciones.

Sin embargo, pese al rechazo al veto presidencial, la insistencia no alcanzó el quórum y se rechazaron dos artículos considerados "esenciales" para la norma, como la posibilidad de que los usuarios de servicios de telefonía pudieran cambiar sus contratos a un plan básico solidario, que se logró en acuerdo con la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, y la prohibición de traspasar mayores costos a los clientes.

Las insistencias requerían 2/3 de los votos de los senadores para sobrevivir y en ambos casos faltó uno. 

De los cinco senadores de Chile Vamos que habían aprobado el proyecto, sólo los RN Juan Castro y Manuel José Ossandón mantuvieron firme su postura este martes, mientras que los UDI José Durana y David Sandoval y el RN Francisco Chahuán decidieron abstenerse, algo que, en una norma de quórum, es igual a rechazar. 

El veto ya había sido rechazado en la Cámara de Diputadas y Diputadas, la semana pasada, y en la Comisión de Economía del Senado, ayer lunes.

Esta nueva ley permite posponer el pago de estas cuentas hasta superada la emergencia y con la posibilidad de hacerlo hasta en 12 cuotas sin intereses, como prefiera el cliente; además comenzará a regir para cuentas cuyo vencimiento fue el 18 de marzo en adelante, hasta 90 días después de publicada la ley.

El beneficio debe ser solicitado por las personas a las compañías para que sea activado, mientras que usuarios que eventualmente tengan los suministros cortados por no pago, tendrán el derecho a la reposición sin costo.

En el caso de quienes mantengan deudas anteriores al 18 de marzo también podrán prorratear el pago: si es por energía eléctrica, el no pago acumulado no puede ser mayor a 10 UF, o si es por agua y gas, hasta 5 UF.

Aunque el texto apunta al 60 por ciento más vulnerable, el beneficio es prácticamente universal, ya que incluye adultos mayores que pueden no estar en ese grupo, así como a todos los demás clientes cesantes o bajo la Ley de Protección del Empleo; los independientes podrán, declaración jurada mediante, señalara a las empresas que no tienen recursos para pagar la deuda.

La ley, de promulgarse, también aplicará para hospitales, centros de salud, cárceles, hogares de menores y de ancianos, organizaciones sin fines de lucro o Bomberos.

Varios parlamentarios consideran que este proyecto va a servir como precedente de que el Estado puede tomar este tipo de medidas para proteger a los consumidores en situaciones especiales como esta.

El Gobierno insiste en que los servicios no van a ser cortados, pues hay un acuerdo vigente con las empresas de agua, gas y electricidad, y, en ese sentido, el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, recalcó por qué, a su juicio, es mejor un consenso con las compañías en vez de una ley.

"La paradoja es que, al imponerles los costos por los ley, abrimos la posibilidad de que pidan ser resarcidas por ese costo. Cuando cuando se hace en el marco del acuerdo al que llegamos, no tienen ninguna facultad de que se les indemnice, porque lo hicieron voluntariamente", afirmó.

Eiizalde: Le vamos a cobrar la palabra al Gobierno

El senador Álvaro Elizalde (PS) planteó que "encuentro lamentable que senadores que promovieron con insistencia esta iniciativa cuando se tramitó en el Senado con anterioridad, a través de su abstención hayan facilitado que no exista norma, por tanto se destruye el corazón de esta propuesta".

"El Gobierno ha señalado que esto no va a tener implicancias en las tarifas futuras, pues bien, le vamos a cobrar la palabra y esperamos que así sea", recalcó.

A su vez, la ministra Hutt expresó que "cuando se discute la confiabilidad que puede tener la participación de un ministro en la elaboración de un proyecto, sigue siendo la confiabilidad de ese trabajo y eso no anula que el Presidente pueda considerar posteriormente, con un análisis fundado, que hay riesgo".

"En este caso, basta que un accionista minoritario de una de las compañías reclame que se está interviniendo el patrimonio para que ejerza una acción legal, que puede perjudicar al Estado de Chile", advirtió.

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