El Gobierno sigue sumando complicaciones con su proyecto de ley que pretende beneficiar a unos 1.300 reos de las cárceles, para otorgarles un indulto general conmutativo, con el objetivo de minimizar los efectos de la pandemia del Covid-19.
A la ya sabida posición contraria de diputados oficialistas por excluir a condenados por crímenes de lesa humanidad, se sumó ahora un grupo de senadores del mismo sector que recurrió al Tribunal Constitucional.
La iniciativa gubernamental (boletín 13358-07) excluye del beneficio a todos los condenados por delitos graves, como homicidios, violación, secuestros y, tras indicación ingresada por el senador PS Alfonso de Urresti, a condenados por violaciones a los derechos humanos.
Este último punto generó molestia en Chile Vamos: como señal política de molestia, el oficialismo no dio sus votos en la Cámara Baja y rechazó el informe de la comisión mixta, por lo que, pese a que en términos formales el proyecto quedó despachado del Congreso, lo hizo sin la norma que permite sancionar el incumplimiento por parte de las personas que se acojan a este beneficio -que cumplan con los requisitos y salgan de las cárceles- para pasar a arresto domiciliario total.
Además de esto, 11 senadores del sector -los UDI Jacqueline van Rysselberghe, Alejandro García Huidobro, Juan Antonio Coloma, Ena Von Baer y Víctor Pérez; los RN José García, Francisco Chahuán, Juan Castro y Rodrigo Galilea, y los independientes Kenneth Pugh y Carmen Gloria Aravena-, ingresaron anoche mismo un requerimiento al TC para impugnar la constitucionalidad del texto.
"El factor de riesgo es la edad"
En el documento, de 29 páginas (ver archivo adjunto), acusan que la iniciativa discrimina por tipo de delito y no por condiciones objetivas, como la edad avanzada y salud de los reos, aspectos que -apuntan- suponen mayor riesgo de vida ante un eventual contagio por Covid-19.
El escrito, patrocinado por el abogado Maximiliano Murath, plantea que "el criterio que utiliza el legislador para excluir a ciertos mayores de 75 años es el tipo de delito por el cual está cumpliendo su condena o por el cual ha sido condenado, y no por otro factor que diga relación con su situación de riesgo".
Ante ello, el requerimiento argumenta que "no es posible sostener que quienes han cometido ciertos delitos tienen un factor menor de riesgo respecto de quienes han cometido otros delitos, es decir, lo que corresponde aclarar sobre este punto, es que el factor de riesgo en este caso es la EDAD y su situación de encierro con otros en una cárcel, y NO el tipo de delito que ha cometido y por el cual cumple condena".
Pero tal como quedó la ley, acusa, "es una discriminación arbitraria, y atentaría contra el principio de igualdad ante la ley".
El razonamiento va en la misma línea de lo planteado por los diputados Mario Desbordes (RN) y Sergio Bobadilla (UDI), quienes piden que la ley sea "pareja y humanitaria para todas las personas privadas de libertad que cumplan ciertos requisitos, que tengan condenas relativamente bajas", más allá del delito cometido, y "corregir este trato discriminatorio", respectivamente.
Toda esta discusión se da ad portas del eventual ingreso de un veto aditivo por parte del Presidente Sebastián Piñera para solucionar el grave problema de la falta de sanción al incumplimiento de la pena conmutada, con que fue despachado el proyecto desde el Congreso y que, por razones lógicas, hace inviable su práctica.
Ministro de Justicia pide retirar requerimiento: No han tenido la debida información
Desde La Moneda reaccionó el ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien pidió a los senadores oficialistas desistir del requerimiento ingresado.
Aquello atendiendo, primero, "que el trámite normal de un requerimiento es del orden de un mes, no menos, y atrasar un mes un indulto de esta naturaleza, en estas circunstancias, nos parece delicado".
"Y hay un segundo efecto -expuso-: si se aplicara y se acogiera lo que se ha planteado, por lo menos en lo que dice relación con los mayores de 75 años, para que no fuera restrictivo, y se aplicara todos sin restricción de delito, significaría que no sólo saldrían beneficiados por este indulto conmutativo personas condenadas por delitos de lesa humanidad, sino que también violadores, abusadores sexuales, parricidas, femicidas, personas que a nuestro juicio no deben salir por la gravedad que han cometido".
En ese marco, "pienso que no han tenido toda la debida información para ver las consecuencias que tiene la interposición de este requerimiento, y espero que lo retiren", emplazó el ministro.
En tanto, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, llamó a Piñera a utilizar su facultad para otorgar indultos presidenciales para evitar una crisis sanitaria en las cárceles, sobre las cuales ya ha alertado que no tienen condiciones suficientes para afrontar la situación del Covid-19.
Senadores defienden que buscan "mejorar" el proyecto
Del grupo de parlamentarios que presentaron el requerimiento, el senador Chahuán explica que quieren "incorporar a todos los mayores de 75 años que hayan tenido una buena conducta al interior del penal", y, a su juicio, "queremos mejorar el proyecto para darle protección a todos los que están situación de riesgo, y no solamente a algunos".
A su vez, según el UDI Víctor Pérez, acusó que el criterio basado en el tipo de delito, que fija el proyecto, busca -según él- afectar a los ex militares, carabineros y agentes de la dictadura condenados por violaciones a los derechos humanos.
"De la población adulta mayor de 75 años, sólo cuatro van a poder utilizar el beneficio de cumplir sus condenas en sus casas, y más de 115 van a seguir en los recintos penitenciarios, ¿por qué? Porque son ex militares y ex carabineros, la venganza, la revancha y el odio en un momento en que nos ataca la pandemia no puede estar presente, y por eso vamos a luchar contra esa discriminación", dijo el senador por el Maule.
Elizalde lo consideró un "aprovechamiento inaceptable"
Por su parte, la postura de parlamentarios oficialistas fue duramente criticada desde la opocisión.
El senador y timonel PS, Álvaro Elizalde, consideró "inaceptable que se pretenda aprovechar el proyecto como una forma de consagrar la impunidad en materia de derechos humanos en nuestro país. Este proyecto excluye precisamente los delitos más graves, sin embargo, los sectores duros de la derecha lo quieren aprovechar para que finalmente los crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura no reciban la sanción que corresponde en toda democracia".
El ministro Larraín se reúne en Palacio con el Presidente Piñera para analizar el eventual ingreso del veto aditivo, aunque preliminarmente se tomarán algo de tiempo, posiblemente hasta mañana, para decidir los pasos a seguir.
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