Tras el rechazo a un primer texto enviado en diciembre pasado al Congreso, París suavizó su nueva propuesta sobre derechos de autor, la que contempla sólo sanciones económicas a quienes violen la ley en trámite.
El Gobierno francés abandonó la idea de aplicar penas de cárcel a la descarga ilegal de obras a través de Internet y aplicará únicamente sanciones económicas, confirmó el ministro de Cultura, Renaud Donnedieu de Vabres.
En una comparecencia parlamentaria, el titular de Cultura reconoció que "no es normal que descargas ilegales puedan suponer penas de prisión a un internauta".
El Ejecutivo demoró hasta la primera quincena de marzo la presentación a la Asamblea Nacional del proyecto de ley sobre derechos de autor, tras la derrota parlamentaria del primer texto en diciembre pasado y el aluvión de críticas desatado por algunos planteamientos posteriores.
El proyecto original se mostraba muy restrictivo con las copias para uso privado de obras que se pueden localizar y descargar a través de internet y preveía un endurecimiento de las penas a quienes contravinieran la normativa.
Ahora el Gobierno ya no se plantea penas de cárcel y prevé que el internauta que descargue ilegalmente una película o música tendrá que pagar una multa de 38 euros (23.400 pesos aproximadamente), que se ampliará a 150 euros (92.600 pesos), si pone esa obra a disposición de terceros.
Las sanciones pecuniarias más altas se aplicarán a quienes hagan programas informáticos o portales destinados a favorecer la piratería, todo ello con la intención de establecer un dispositivo de penas "gradual y razonable", según Donnedieu de Vabres.
En el proyecto de diciembre, vulnerar las medidas técnicas de protección de las obras, como los sistemas cifrados que impiden o limitan la copia, equivalía a un delito de falsificación, que en la legislación francesa está castigado con la cárcel.
El ministro de Cultura y su colega de Economía, Thierry Breton, presentaron este miércoles un sitio en internet destinado al intercambio de ideas entre artistas e usuarios de la red sobre cómo redactar esa ley que garantice los derechos de ambas partes y que estará en funcionamiento hasta que culmine la tramitación parlamentaria. (EFE)
