Diecisiete sitios bloqueados y una quincena de apresados fue el saldo de un plan policial contra distintos proveedores ilegales de películas y música en línea.
La policía española desarrolló una operación contra sitios de internet dedicados al intercambio ilegal de archivos protegidos por la Propiedad Intelectual, en particular películas, música, juegos y aplicaciones informáticas.
En el operativo, que no tiene precedentes en Europa, fueron bloqueados 17 sitios y se ha detuvo a 15 personas en distintos puntos del país hispano, la mayor parte ingenieros informáticos y responsables de importantes proveedores de servicios en la red.
Las detenciones se produjeron en Madrid, Puerto de Sagunto, Bilbao, Ponferrada, Mataró, Sant Adriá del Besos, Zaragoza, Palma de Mallorca, Alicante y Santa Cruz de Tenerife. Los administradores de estos sitios web obtenían unos 900.000 euros anuales (unos 569 millones de pesos) a partir de inserciones publicitarias y enlaces contratados por casinos virtuales, contenidos pornográficos de pago o tiendas virtuales de productos informáticos.
La investigación se inició en octubre de 2005 a raíz de las denuncias presentadas ante la Brigada de Investigación Tecnológica por la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP), la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), y la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI).
Las acusaciones estaban dirigidas contra los responsables de sitios web a través de los que se proporcionaba a los usuarios el vehículo necesario para la obtención de copias ilícitas de recientes estrenos mediante enlaces a programas de intercambio de archivos como Emule, Bittorrent, Edonkey o Azureus.
Las empresas que prestaban alojamiento a estos sitios aprovechaban el elevado número de visitas de las páginas para promocionar sus productos, ya que los usuarios son potenciales consumidores de servicios informáticos.
Los detenidos en la operación denominada Descargas en la Red actuaban amparándose en una práctica comercial denominada hosting por publicidad. Esto consiste en alojar en sus propios servidores los sitios bajo datos de registro falsos o protegidos, a través de empresas intermediarias, con el fin de eludir posibles responsabilidades derivadas de una investigación policial. Así se elimina cualquier dato o registro lógico que pudiera conducir a la identificación de sus administradores.
La ocultación de ésta información llevó a la detención de los responsables de una de las empresas investigadas por un presunto delito de obstrucción a la Justicia.
La totalidad de los sitios investigados se encontraban alojados en servidores propios o alquilados en países extranjeros, si bien eran gestionados por los detenidos desde España mediante simples contraseñas y claves de usuario. (Agencias)
