Ramón Barros (UDI) y Rosauro Martínez (RN) solicitarán que se revierta la medida.
"Necesitamos voluntad política", manifestó el gremialista.
La decisión del Gobierno de eliminar el llamado "bono maíz", beneficio equivalente al 30 por ciento del total de los costos de producción -que actualmente están en el orden de un millón y medio de pesos por hectárea-, generó múltiples reacciones.
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| Ramón Barros (UDI). |
"Mi posición es no suspenderlo. Yo creo que aquí, además, necesitamos voluntad política para poder desarrollar un programa como este. Mi impresión es que en el pasado hubo voluntad política y espero que ahora también la haya", señaló Barros.
El parlamentario añadió que se debe depurar la lista de beneficiarios, porque hay muchos agricultores que ya no necesitan estos recursos, que en 2009 alcanzaron a unos 4.000 trabajadores agrícolas, por un monto de más de 5.000 millones de pesos.
En tanto, la vocera del "Movimiento del Valle Central de los maiceros", Gloria Paredes, organismo que reúne a los agricultores, recalcó que están dispuestos "a todo" con tal de no perder el beneficio y anunciaron posibles movilizaciones.
"Partimos hablando con el señor subsecretario, que nos dijo abiertamente que esto eran prebendas políticas y que era compras de votos para los campesinos, con lo cual nos ofende y desconoce todo un trabajo serio y técnico. Estamos agotando todas las conversaciones, no nos interesa ser violentos y al final la gente no se va a dejar morir. Tenemos que luchar por lo nuestro y estamos dispuestos a todo", sostuvo la vocera.
