El mal menor

Ana María Bravo Castro

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Esta semana en el Congreso se llevó a cabo la votación de la "ley corta de Isapres", que busca moderar la situación financiera que enfrentan las compañías privadas de salud, luego que éstas cometieran cobros ilegales a sus usuarios, generando una deuda de alrededor de 1.300 millones de dólares.

Es así como nos enfrentamos a una dicotomía que se mueve entre perdonazo y responsabilidad política, lo que está claro acá es que las isapre logran zafar del fallo de la Corte Suprema y los parlamentarios tuvimos que elaborar una ley que les permitiera tener todas las facilidades para reducir su deuda y seguir funcionando, "como si nada".

Es paradójico que un sector de la política que solo cree en la igualdad ante la ley haya hecho lo imposible por evitar que estas grandes empresas de la "industria de la salud" cumplan con una sentencia del tribunal más importante del Poder Judicial.

Las isapres, o Instituciones de Salud Previsional, nacen al alero de la dictadura militar en el año 1981, siguiendo un modelo de negocio y que sin duda llegó a ser tan apetitoso para su bolsillo que pasaron de seis en 1981 a 23 en 1989. Su mayor número se alcanzó en 1993, con 36 en total. A partir de 2009 se han mantenido en 13.

Aun así, soy consciente que es necesario sostener el sistema de salud y evitar el colapso, pero teniendo en cuenta la importancia de las mejoras a Fonasa, ya que, a través de estas, podemos marcar la ruta hacia una reforma estructural de un sistema único de salud en Chile.

Con el caso isapres queda claro que "el mercado no se regula solo" y menos en temas sanitarios, ya que la vida de nuestros compatriotas no es moneda de cambio y por ende la clave debe ser el fortalecimiento de lo público. Hoy el mal menor es la aprobación de esta ley corta, pero a futuro esperamos que no sean manos avaras las que tengan bajo su responsabilidad el cuidado y la salud de millones de afiliados.