Unas 31 casas de emergencia no fueron entregadas pese a estar pagadas.
Organismo no pudo encontrar documentos que sustentaran la explicación al respecto.
Contraloría de Biobío emitió el 27 de julio pasado un informe de dos mil páginas que cuestiona la entrega de viviendas de emergencia durante la administración de la ex alcaldesa e intendenta Jacqueline Van Rysselberghe.
De acuerdo a La Tercera, el informe, primera entrega de las investigaciones que tiene abierta Contraloría en la intendencia del Biobío, analizó el proceso donde se entregó viviendas a los damnificados de la población Centinela I de Talcahuano.
Según el informe, la intendencia adquirió 175 viviendas por 93.712.500 pesos a la empresa Procomad, pero al final de la transacción, 31 viviendas aún no habían sido entregadas pese a ser pagadas.
El texto además agrega que el encargado de esta tarea era Cristián Gibson Isla, que desempeñaba labores como consultor del gobierno regional y era uno de los asesores "territoriales" de Van Rysselberghe.
Este funcionario, según recoge el diario, señaló que las viviendas no se habían entregado porque él había transado un cambio de las viviendas por planchas de terciado, transacción que no pudo ser acreditada a falta de documentos, sin autorización y en desconocimiento de la ex intendenta.
La indagatoria fue solicitada por el actual intendente Víctor Lobos en abril tras asumir el cargo, pidiendo revisar los procesos de adquisición de viviendas de emergencia a Contraloría, para luego abrir un sumario y perseguir eventuales responsabilidades.
Para el diputado Gabriel Ascencio (DC) "el resultado de esta investigación refleja el estilo de la ex intendenta y lo necesario de seguirla por la vía administrativa e incluso por la judicial, a partir de los resultados de los sumarios que ha ordenado la Contraloría".
