Los alumnos recibieron la sanción tras haber participado en la toma del pasado mes de julio.
Desde rectoría los responsabilizan por daños y destrozos avaluados en más de 200 millones de pesos.
La Federación de Estudiantes acusó que no se pudo probar la participación de los alumnos expulsados.
Los 37 alumnos expulsados de la Universidad Central tras la toma del pasado mes de julio interpusieron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones para no hacer efectiva la medida impuesta por la rectoría de la casa de estudios.
Marco Velarde, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central, señaló que "nosotros no negamos que hayan daños en la Universidad Central, hicimos la evaluación de las movilizaciones y asumimos la responsabilidad de los daños que ocurrieron durante el período de movilizaciones".
"Nosotros llamamos a que hubieran investigaciones a estos mismos daños que ocurrieron durante el período de movilizaciones, pero estas investigaciones nunca pudieron ser individualizadas en estos 37 estudiantes, pero ocurrieron", remarcó Velarde.
El dirigente estudiantil agregó que "nosotros no estamos diciendo que no ocurrieron, pero nunca pudieron ser probadas en estos 37 estudiantes y eso es lo que hace injusta y arbitraria la medida".
Por su parte, el abogado Cristián Cruz, aseguró que "hemos pedido una orden de no innovar que esperamos se resuelva favorablemente, hay suficientes antecedentes, jurisprudencia nacional y de tribunales internacionales respecto de estas medidas".
El profesional tildó que la medida la tomaron "tribunales o comisiones arbitrarias porque el rector de la universidad es quien designa a sus integrantes e incluso uno de sus integrantes en primera instancia es aquel que debe conocer en segunda instancia y fallar".
A su vez, Iván Ortiz, vocero de los estudiantes expulsados, quien cursa cuarto año de derecho en la casa de estudios.
"Nos imputan es el haber causado daños por unos 260 millones de pesos y el impedir el normal funcionamiento de la universidad. Ninguna de estas dos cosas se acredita, pues la única prueba que tienen es el parte de Carabineros que da cuenta que estábamos el domingo 14 de julio a las 07:00 horas en la universidad", dijo el vocero estudiantil.
Ortiz enfatizó que "como no podemos permitir que esta sanción se lleve a cabo, porque pasa a llevar nuestros bolsillos y años de estudios, venimos a la Corte de Apelaciones para tratar de revocar esta decisión".
"Corresponde que sean expulsados"
En tanto, desde la rectoría de la casa de estudios señalan que los estudiantes tienen dos instancias más para apelar a la decisión del tribunal.
Según Sergio Escobar, director de comunicaciones de la Universidad Central, lo que esperan es fustigar el comportamiento inadecuado de los alumnos y no su derecho a manifestarse.
"Acá no estamos hablando de estudiantes que se movilizaron con pancartas o que hicieron una marcha, estamos hablando de estudiantes que se tomaron la universidad durante un mes, hubo un desalojo de Carabineros", dijo Escobar.
"Estos estudiantes, no sé si fueron ellos, pero entraron encapuchados a la universidad, hubo destrozos, daños, robos por 200 millones de pesos y de nuestro punto de vista lo que corresponde es que estos estudiantes sean expulsados por la conducta que tuvieron", recalcó Escobar.
