Trivelli lamentó que municipios no hayan cumplido acuerdos con recolectores de basura
El intendente consideró que en la Asociación Chilena de Municipalidades "no se cumplió la palabra" que empeñó con los trabajadores, quienes sólo exigen la materialización de acuerdos adoptados en 2003.
Confiado en que el conflicto entre las municipalidades y los trabajadores de la recolección de basura tendrá un solución a través de una ley se mostró el intendente de la Región Metropolitana, Marcelo Trivelli. En conversación con El Diario De Cooperativa, la autoridad afirmó que "no es mucho pedir" lo que solicitan los obreros, quienes suspendieron su paralización mientras negocian con parlamentarios.
Dijo que el criterio de la organización que reúne al personal recolector de basura "es razonable", y que sus integrantes reaccionaron porque "no se cumplió la palabra" empeñada por la municipalidades del país en 2003, agregó Trivelli, al comentar la paralización que iniciaron en la madrugada de este lunes los trabajadores.
El intendente expresó que "cuando no se cumple la palabra se necesita una ley", la que debe resguardar "las conquistas de los trabajadores", porque estos pierden todos los beneficios que obtienen al caducar los contratos de las empresas con las alcaldías, por lo que vuelven a ser contratados con un sueldo mínimo.
Los legisladores añadió entenderán los planteamientos de los trabajadores, y las comunas que se aprestan a firmar nuevos contratos de concesión para la recolección de basura deben implementar el acuerdo adoptado en 2003, que garantizaba que una nueva concesión no podía reducir los salarios de los trabajadores recontratados, lo que en la práctica eliminaba cualquier beneficio que estos hubieran logrado en el período anterior de contrato.
Trivelli explicó que no ha discutido este problema con el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Pedro Sabat, pero sí recibió una carta de éste, en la que "requería fuerza pública para obligarlos a trabajar. Creo que a los trabajadores no se les obliga a trabajar por las armas, entonces eso es lo que le contesté a algunos alcaldes".
Para el intendente, no es razonable que las municipalidades exijan una serie especificaciones técnicas en las licitaciones de servicios, pero no puedan pedir a las empresas que respeten ciertos mínimos para los salarios de sus obreros.
Sabat se comprometió a cosas imposibles
Carlos Sottolichio, presidente de la comisión de Residuos Sólidos de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcalde de Conchalí, aseguró que los inconvenientes que durante casi dos días dejaron si servicio de recolección de basura a gran parte de la Región Metropolitana se deben a que hubo un "mal manejo" de la directiva de la organización, que preside el jefe comunal de Ñuñoa, Pedro Sabat.
En conversación con El Diario De Cooperativa, Sottolichio aseguró que las municipalidades quedaron "como chaleco de mono", pues en su calidad de principal actor del conflicto, no se han estado presente en las negociaciones para poner término a la movilización de los obreros, a diferencia de la Intendencia, que gestionó el acuerdo que dejó en stand by el paro de actividades de los recolectores.
El alcalde de Conchalí consideró que en 2003 "el conflicto se politizó, se politizó a tal punto que un acuerdo que se firmó con seis u ocho alcaldes en la Intendencia fue desconocido por la Asociación (Chilena de Municipalidades)", dejando en el aire las conquistas en materia de remuneraciones, higiene y seguridad entre otros que lograron los trabajadores del sector.
Además, agregó que hubo un segundo protocolo, firmado por Sabat, en que el alcalde de Ñuñoa "se comprometió a cosas que realmente no eran posibles", lo que redundó en que hoy en día los recolectores de basura demanden el cumplimiento de los acuerdos.
Sottolichio explicó que hay dos miradas en la organización municipal sobre el tema, una de las cuales apunta a una solución compartida por todas las alcaldías, pero también hay quienes creen que cada comuna debe solucionar independientemente sus problemas, porque en el fondo opera el mercado.
Esto, sentenció, hace necesario el marco legal que permita a las municipalidades tener una base común para las licitaciones individuales.