Educación espera pronto despacho de la ley de acreditación universitaria
La secretaria técnica de la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado afirmó que la norma busca que Chile tenga "una garantía pública de calidad" de las instituciones de educación superior.
María José Lemaitre, secretaria técnica de la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP), señaló que espera que el proyecto de ley sobre acreditación de carreras técnicas y profesionales "salga dentro del año" del Parlamento, de acuerdo al tiempo que tome el trámite de las indicaciones que pueden hacer los legisladores a la iniciativa.
En conversación con El Diario de Cooperativa, la funcionaria defendió la importancia de definir criterios mínimos de calidad para estas casas de estudios.
"Se pretende ampliar el rango de posibilidades para que la sociedad reciba una garantía pública de calidad de los programas que se ofrecen y de las instituciones de educación superior que operan en el país", destacó Lemaitre, quien valoró que el estándar fijado haya sido desarrollado por académicos y expertos chilenos.
Para la profesional, las necesidades del país redundan en la "diversificación" de la oferta universitaria, pero "lo que no se puede afectar en ningún momento es la calidad del tipo de educación que se dé, y eso es lo que busca con el proyecto de acreditación".
"No creo que haya muchas agencias, pero se abre la posibilidad de que agencias públicas o privadas, nacionales o internacionales, acrediten las carreras que se ofrecen. Eso podría significar que hubieran agencias especializadas por áreas, por ejemplo, unas para el área de la salud, otras para el área de las ingenierías, otras para las ciencias sociales, etcétera", comentó respecto a cuántas de estas instituciones podrían llegar a operar.
El tiempo de validez de este trámite -agregó- "va a depender de las agencias o de las normas, pero en este momento la acreditación que hacemos tiene una duración máxima de siete años".
Además, la ex presidenta de la Red Internacional de Agencias de Acreditación, explicó que la ley "no establece restricciones" sobre la propiedad de estas instituciones auditoras, pero sí están sujetas a "normas bastante claras" para su funcionamiento.
"No cualquier grupo de personas va a poder llegar y decir: yo acredito a quien quiera", subrayó la funcionaria de la CNAP, que expresó que este organismo tendrá la labor de supervisar el sistema y podrá retirar la autorización de funcionamiento de estas agencias en casos calificados, así como "servir de órgano de apelación de las instituciones que sientan que han sido afectadas por la acción de una agencia".
Asimismo, Lemaitre dijo que la CNAP "va a tener la responsabilidad de la acreditación institucional" de las casas de estudios superiores, 58 de las cuales ya están inscritas para iniciar el proceso, entre ellas todas las universidades del Consejo de Rectores, así como 19 casas de estudios privadas, a los que se sumaron algunos institutos profesionales y centros de formación técnica.