Juez Villarroel investigará querella contra Pinochet por exhumaciones ilegales
Si la considera admisible, Cornelio Villarroel deberá pesquisar el retiro y cremación de cadáveres de detenidos desaparecidos en 1979.
La Corte de Apelaciones de Santiago nombró al magistrado Cornelio Villarroel para que investigue la querella presentada por el Partido Comunista en contra del ex dictador Augusto Pinochet por la exhumación ilegal de cadáveres de detenidos desaparecidos en 1979.
Villarrroel deberá determinar la admisibilidad de la acción judicial y si los delitos que denuncia, que además incluyen la cremación de los cuerpos, han prescrito.
El 18 de agosto el abogado Hugo Gutiérrez presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago en representación de Mirza Rubilar, hermana de tres campesinos asesinados en regimientos de las localidades de Linares y Los Angeles, entre el 5 y 7 de octubre de 1973, quien fue patrocinada por el PC.
El requerimiento afecta también a otros oficiales y suboficiales retirados, que participaron en el desentierro y quema de los cuerpos en la Escuela de Artillería, de Linares, y el Regimiento de Los Angeles.
Según el abogado Hugo Gutiérrez, Pinochet impartió la orden de incinerar los restos a través de un criptograma enviado a todas las unidades de inteligencia.
Los antecedentes de esta operación fueron conocidos por la declaración que hizo un ex suboficial de Inteligencia en julio pasado ante el juez Juan Guzmán, que investiga varias querellas contra Pinochet.
El suboficial, según publicó en julio pasado el diario La Nación, reveló que en 1979 descifró un criptograma enviado por Pinochet para ordenar las exhumaciones en el que amenazaba con "pasar a retiro" a los comandantes que no cumplieran la orden.
Según testimonios que constan en el expediente, en Los Angeles, la operación de desentierro y quema de 12 cadáveres fue efectuada por oficiales del Ejército en un horno de ladrillos.
En Linares, se desenterraron otros cinco cadáveres que fueron rociados con petróleo y quemados en un tambor metálico. Hasta ahora, sólo se conocía que los militares habían lanzado cuerpos de ejecutados por motivos políticos al mar, ríos o lagos e
incluso a volcanes, pero es la primera vez que se conoce que algunos cuerpos fueron incinerados, método similar al que se utilizó en la Alemania nazi.
Según fuentes judiciales, los hechos de Linares y Los Angeles se inscriben en una operación que se denominó "retiro de televisores", que fue ordenada por la comandancia del Ejército a partir de diciembre de 1978 con el fin de hacer desaparecer definitivamente los cuerpos de los ejecutados. Estos delitos, por haber ocurrido en 1979 no están contemplados en decreto ley de Amnistía dictado por el régimen de Pinochet, que sólo cubre aquellos hechos ocurridos hasta 1978.