Congreso de Bolivia autorizó juicio contra Sánchez de Lozada
El ex presidente y todos sus ministros podrán ser responsabilizados penalmente por la crisis social de octubre de 2003, que culminó con la renuncia del mandatario y cerca de 58 muertos.
El Poder Legislativo boliviano autorizó, tras una extensa sesión, un juicio de responsabilidades contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) y su gabinete ministerial, por la violencia social registrada en octubre del año pasado, y que culminó con su renuncia.
La decisión fue tomada a las 00:30 horas locales (04:30 GMT) de este jueves, en una sesión del plenario del Parlamento, donde, después de más de 12 horas, 126 de los 140 congresistas presentes votaron a favor del proceso penal contra el ex mandatario.
Sánchez de Lozada, quien se encuentra actualmente en Estados Unidos –hasta donde huyó el 17 de octubre de 2003 tras dimitir–, se convierte así en el primer presidente elegido democráticamente en Bolivia que es llamado al banquillo de los acusados.
El dictamen del Congreso da vía libre a un juicio de responsabilidades en su contra, por la violación de derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos, que deberá realizarse en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia con sede en Sucre, capital constitucional de Bolivia.
La aceptación o rechazo de la acusación será resuelta por los tres magistrados del tribunal: Jaime Ampuero, Héctor Sandóval y José Luis Baptista, tras revisar el requerimiento.
Además de Sánchez de Lozada, fueron incluidos en el proceso todos los ministros que integraban el Ejecutivo en el momento de su dimisión, forzada por la presión social.
Los inculpados son Carlos Saavedra Bruno, Carlos Sánchez Berzaín, Yerko Kukoc, Javier Torres Goitia, Hugo Carvajal, Guido Añez, Adalberto Cuajara, Dante Pino, Erick Reyes Villa, Mirtha Quevedo, Javier Comboni, Carlos Morales, Jorge Berindoague, Guillermo Justiniano y Jorge Torres Obleas.
De los 15, cinco pertenecen al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), al que pertenece Sánchez de Lozada; cinco al Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), del también ex presidente Jaime
Paz Zamora (1989-1993); tres de la Nueva Fuerza Republicana (NFR) –los tres grupos que formaron la coalición gubernamental– y dos independientes.
Los acusados cometieron presuntamente estos crímenes en octubre de 2003, cuando choques entre manifestantes y fuerzas del orden dejaron al menos 58 muertos.
El conflicto, que puso seriamente en riesgo la democracia en el país –recuperada en 1982 tras varios períodos dictatoriales–, tuvo como epicentro la localidad de El Alto, aledaña a la ciudad de La Paz y donde existe un elevado índice de pobreza.
La sesión parlamentaria que autorizó el juicio contra el gobierno de Sánchez de Lozada comenzó al mediodía del miércoles 13 de octubre, con la lectura de un proyecto de resolución elaborado por la Comisión de Constitución, Justicia y Policía Judicial, en base a una decena de demandas de organizaciones sociales y sindicales, canalizadas hasta el Congreso por la Fiscalía General.
En contra de la iniciativa fiscal, el informe del grupo de trabajo parlamentario sugirió solamente la inculpación del ex mandatario y de sus ministros de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, e Interior, Yerko Kukoc.
Sin embargo, después de seis horas de debate, los senadores y los diputados rechazaron el proyecto de la comisión legislativa, en una cerrada votación que sólo consiguió 103 de los 105 votos necesarios.
En una segunda ronda, se aprobó la proposición acusatoria que incluyó a todo el gabinete de ministros, a pedido del propio MNR. (EFE)