Presidente boliviano definirá este martes su postura sobre ley petrolera
Mientras los partidos presionan a Carlos Mesa para que apruebe los nuevos tributos, el empresariado lo instó a rechazarlos. Sectores sindicales, en tanto, exigen endurecer la iniciativa.
El presidente de Bolivia, Carlos Mesa, definirá este martes su postura sobre la reforma petrolera, aprobada en el límite del plazo constitucional por el Congreso, presionado por una ola de nuevas protestas sindicales que ha bloqueado varias carreteras del país.
La Ley de Hidrocarburos, sancionada por las dos cámaras legislativas hace 10 días, debe ser promulgada o vetada por el mandatario, aunque se anticipa que el texto será devuelto al Congreso por no estar el Ejecutivo conforme en varios aspectos.
La nueva normativa, surgida del referendo que convocó el propio Mesa en julio del año pasado, fue redactada por la comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Diputados tras rechazar un modelo enviado por el Gobierno.
El texto establece un drástico incremento tributario, reincorpora la petrolera estatal en la cadena productiva y condiciona nuevas exploraciones al permiso de los pueblos indígenas, además de obligar al cambio de los contratos de las multinacionales.
El jefe de Estado boliviano expresó una "observación conceptual" a la norma aprobada en el Congreso y no ha respondido a las críticas concretas de sus opositores políticos.
Los líderes de los partidos le plantearon que promulgue la norma como símbolo de la decisión que reclama el país para eliminar la incertidumbre creada desde que se celebró un referendo sobre la política energética, hace 10 meses, y de la que es responsabilizado el gobernante.
Al mismo tiempo los empresarios le solicitaron que rechace el texto salido del hemiciclo parlamentario por creer que se trata de una amenaza para las inversiones extranjeras y para los acuerdos comerciales vigentes.
Sindicatos
Mesa se enfrenta también a la acción de muchos sindicatos, que han salido desde el lunes 16 de mayo a bloquear las calles y carreteras para demandar a los congresistas que aprueben una ley más radical y se disponga la nacionalización de los yacimientos de gas natural y petróleo.
El cierre de los caminos fue iniciado por cooperativistas mineros, en la zona occidental del país, aunque las actividades en el oriente y en las principales ciudades se desarrollaron con normalidad.
En medio de las manifestaciones, hasta ahora pacíficas, los sindicalistas exigen el cierre del Congreso y se animaron a plantear el adelantamiento de las elecciones presidenciales, previstas para 2007.
Dos centenares de campesinos militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido del dirigente cocalero Evo Morales, se propusieron presionar al Gobierno con una marcha hacia la sede del Ejecutivo que podría llegar dentro de una semana.
El MAS se ha distinguido por pedir subir, del 18 al 50 por ciento, la regalía a la extracción de hidrocarburos, en lugar del nuevo impuesto del 32 por ciento que aprobaron los legisladores en el texto que examina el presidente Mesa.
En su último mensaje al país, el mandatario boliviano dijo que la reforma petrolera dejó de ser tal y se convirtió en un "instrumento" de algunos sectores políticos que, por sus intereses, han puesto en riesgo la unidad nacional.
Con ese argumento, propuso dejar de lado el proyecto de nueva ley petrolera y realizar una reunión nacional para acordar un plan concertado de soluciones a los principales asuntos que requiere el país para encontrar su desarrollo.
Sin embargo, la cita fue cancelada tras recibir el rechazo de los partidos políticos con representación en el Congreso.
En cuanto el presidente Mesa envíe sus observaciones, el Congreso se reunirá para analizarlas.
En caso de que dos tercios de los 157 legisladores rechacen la oposición gubernamental, el mandatario estará obligado a promulgar la nueva ley, en un plazo adicional de 10 días. (EFE)