Grupos de DD.HH. elevaron al millar los muertos en revueltas uzbekas
Según información de testigos los choques del 13 de mayo entre la policía y manifestantes tuvieron un saldo seis veces superior a las cifras que entregó el Gobierno de Tashkent.
El número de civiles que murieron en las revueltas de la semana pasada en las localidades uzbekas de Andiyán y Pajta-abad puede alcanzar el millar, mientras que la cifra de heridos rondaría los 2.000, según denunciaron la Federación Internacional de Helsinki (FHI) para los Derechos Humanos y la Sociedad de Derechos Humanos de Uzbekistán.
"La policía y las fuerzas de seguridad uzbekas pueden haber asesinado hasta 1.000 civiles desarmados en Andiyán y Pajta-abad, mediante el uso de pistolas y otras armas automáticas, así como helicópteros", indicaron en un comunicado conjunto difundido en Viena y Tashkent, así como en una conferencia de prensa en la capital austriaca.
Las organizaciones explicaron que la cifra de víctimas se deduce de observaciones e informaciones de periodistas independientes y miembros de organizaciones locales de defensa de los derechos humanos en el país afectado.
Según las autoridades murieron un total de 170 personas, mientras que la oposición asegura que en Andiyán perdieron la vida al menos 745 personas.
Aaron Rhodes, director ejecutivo de la FIH, reconoció la extrema dificultad de obtener una confirmación completa del número de víctimas y explicó que las cifras manejadas son "estimaciones en base a organizaciones de derechos humanos locales".
Según las mismas, "entre 740 y 750 personas fueron muertas en Andiyán" el 13 de mayo y otras 200 en otro incidente relacionado con las revueltas, ocurrido en un suburbio de la misma ciudad, mientras que se calcula que hubo además unos 2.000 heridos, de todo lo cual se deduce que los muertos pueden llegar a sumar un millar, precisó.
"Los ataques contra los manifestantes fueron seguidos en algunos casos de ejecuciones sumarias de los heridos, así como de detenciones arbitrarias. La región fue aislada, excluyendo a la prensa y a investigadores como los del Comité Internacional de la Cruz Roja", destacó el comunicado.
Tras ese aislamiento, la información proviene principalmente "de ciudadanos locales" que la transmiten a miembros de organizaciones en el territorio uzbeko no bloqueado, explicó Rhodes.
"Nuestras organizaciones rechazan categóricamente el intento del Gobierno uzbeko de justificar legalmente o de cualquier otra forma esas acciones, en base a amenazas de seguridad provenientes de grupos armados o terroristas", indicaron.
"Nadie puede aceptar" que las protestas del pasado 13 de mayo en la ciudad de Andiyán, en el sur de Uzbekistán, hayan representado una amenaza que justifique un ataque masivo armado hacia manifestantes en su mayoría mujeres, insistieron las organizaciones en el comunicado.
El ataque de las autoridades fue "una violación de los principios estipulados en las Naciones Unidas con respecto al uso de la fuerza por oficiales de seguridad", añadieron.
Además de sumarse a la exigencia de varios gobiernos y organizaciones internacionales de permitir una investigación independiente sobre los hechos, la FIH y la Sociedad de Derechos Humanos de Uzbekistán pidieron que la ONU envíe relatores especiales y establezca mecanismos para esclarecer la responsabilidad de "las trágicas pérdidas de vida".
El ataque "puede interpretarse como un acto brutal de represión destinado a intimidar a la población uzbeka ante los cambios democráticos" que se producen en los países vecinos Kirguizistán, Ucrania y Georgia, advirtió la nota.
Según sus autores, Uzbekistán está "entre los países más represivos del mundo, cuyas violaciones de derechos humanos amenazan la paz y seguridad internacional porque proveen un contexto para la generación de terrorismo que puede expandirse, y que se ha expandido, a los Estados vecinos y otras regiones".
Denunciaron que el Gobierno uzbeko utiliza la amenaza del terrorismo como un pretexto para justificar una política que niega los derechos civiles y políticos a la población y la hunde cada vez más en la pobreza.
En consecuencia, consideran que "los miembros de la comunidad internacional deben revisar sus relaciones con el régimen uzbeko y actuar para proteger a la población de más destrucción", concluye el comunicado. (EFE)