Diputado PS pidió al Gobierno ayudar a derogar beneficio tributario para constructoras
Carlos Montes consideró que es necesario que "en algún momento el Ejecutivo se involucre" en la discusión sobre la recuperación del IVA de que gozan las empresas del sector.
El diputado socialista Carlos Montes consideró menester que La Moneda tome parte en el debate parlamentario sobre los beneficios tributarios que tienen las empresas constructoras, para lograr que los subsidios que, en la práctica, entrega el Fisco al sector se traspasen a los chilenos que optan a viviendas de menor valor.
"Va a tener mucha resistencia" y "por lo tanto, no va a ser algo tan fácil y requiere de que en algún momento el Ejecutivo se involucre, dentro de sus facultades", expresó Montes.
Desde 1975, las constructoras recuperan el 65 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por la venta de casas y departamentos, no importando su precio. Esta legislación, que buscó en su momento reactivar el mercado, es vista por políticos de la Concertación como una ayuda que distorsiona los esfuerzos estatales por mejorar la calidad de vida de los sectores más desposeídos.
"Esta es una franquicia realmente mal focalizada, esto ha representado entre 1987 y 2003 2.600 millones de dólares en transferencias a este sector, por producto de la franquicia. El actual año 2005, la Dirección de Presupuesto estima que van a ser 295 millones de dólares", dijo Montes.
En conversación con El Diario de Cooperativa, el diputado por La Florida consideró que "si se toma en cuenta que el presupuesto del Ministerio de la Vivienda al año son 880 millones de dólares, dice: aquí hay una total desproporción".
Para una vivienda de 10.000 unidades de fomento (UF), la franquicia representa un subsidio de 800 UF, relató el economista.
"No estamos planteando que se termine esta franquicia, sino que focalizarla donde está el mayor déficit de vivienda, donde hay mayor necesidad social. Estamos diciendo que todas la viviendas de menos de 1.000 UF deberían recibirlo", precisó.
Para Montes, esto implica que además el Ejecutivo debe concurrir con su disposición para cambiar la definición legal de "vivienda social", que hoy en día incluye a las construcciones de hasta 520 unidades de fomento.
El ahorro de 200 ó 220 millones de dólares anuales que significaría la medida debería orientarse, dijo Montes, "a mejorar las viviendas que se han construido, los modelos Serviu que se han construido desde 1977 hasta ahora, porque la verdad es que la sociedad tiene responsabilidad de haber construido casas de tan bajo estándar".
La propuesta de Montes es resistida por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), la que señaló que de aprobarse, la medida podría redundar en un estancamiento de la inversión y en la pérdida de 35.000 empleos.