Ecuador declaró estado excepción para frenar protestas en zona petrolera
Quito determinó aplicar medidas de seguridad para detener el avance de las manifestaciones por las precarias condiciones de vida de los habitantes de la zona de la Amazonía, la más rica del país.
El presidente ecuatoriano, Alfredo Palacio, declaró el estado de excepción en la provincia amazónica de Napo para intentar frenar una violenta protesta de sus habitantes, que reclaman al Gobierno los servicios que prometió a la región.
Cerca de la medianoche del martes, el jefe del Estado dispuso que el territorio de Napo sea considerado "zona de seguridad" y suspendió varios derechos ciudadanos en esa jurisdicción, donde se asienta una buena parte de la industria petrolera nacional.
Además, Palacio ordenó a la fuerza pública, militares y policías, que controlen la seguridad en la zona y que acometan todas las medidas necesarias para restablecer la normalidad en la región, sometida a la paralización de actividades desde el domingo 19 de febrero.
El 95 por ciento de los campos de producción de petróleo en Ecuador se encuentra en las provincias de Napo, Sucumbíos y Orellana, que junto a Morona Santiago y Zamora Chinchipe, forman la región amazónica del oriente ecuatoriano.
Pese a que de esas provincias sale la mayor riqueza del país, sus habitantes carecen de servicios básicos como alcantarillado, agua potable, infraestructura sanitaria, vialidad, educación y vivienda.
La protesta en Napo, a la que se podrían sumar desde la próxima semana otras provincias amazónicas, responde al incumplimiento por parte del Gobierno de la asignación de recursos que se había comprometido a entregar a esa jurisdicción hace varios meses para la construcción de una red vial, un aeropuerto y otras obras publicas.
El estado de excepción se declaró pocas horas después que tres manifestantes resultaran heridos de bala, por disparos de militares, en una estación de bombeo de petróleo, en la localidad de Sardinas, que forma parte del sistema de Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).
Decenas de manifestantes ocuparon el martes esas instalaciones y obligaron a la firma OCP-Ecuador a suspender el funcionamiento de ese oleoducto, que transporta unos 160.000 barriles diarios de crudo.
El OCP es administrado por un consorcio integrado por la petrolera Encana (Canadá), Repsol YPF (hispano-argentina), Petrobras (Brasil), Occidental (EEUU), Perenco (Francia) y Agyp (Italia).
La suspensión se ordenó pocas horas después que la empresa estatal Petroecuador anunciara la reanudación de sus exportaciones de crudo, tras reparar un oleoducto de su propiedad, por el que transporta unos 360.000 barriles diarios, que también sufrió averías por la acción de manifestantes que ocuparon la estación de bombeo de El Salado, cercana a la de Sardinas.
El petróleo es el principal producto de exportación de Ecuador y su venta financia casi el 40 por ciento del presupuesto del Estado.
"Palacio asesino" y "Queremos justicia" son algunas de las consignas que corearon los manifestantes, dispuestos a afrontar las amenazas del Gobierno, que también anunció la posibilidad de llevar ante los tribunales a los dirigentes de la protesta.
Además, autoridades de la provincia amazónica de Pastaza, vecina a Napo, amenazaron con sumarse a la protesta desde el próximo uno de marzo y anunciaron que la paralización podría extenderse a toda la Amazonía ecuatoriana. (EFE)