Embajador designado por Evo Morales fue detenido en Bolivia
El recientemente nombrado representante diplomático para Japón pasó la noche recluido por un supuesto delito de corrupción, por lo que su solicitud de beneplácito a Tokio será retirada.
El embajador Héctor Ticona, designado hace cuatro días por el presidente boliviano, Evo Morales, como su nuevo embajador en Japón, fue detenido la noche del viernes 7 de abril por su presunta participación en una venta ilegal de chatarra, informaron este sábado medios locales.
Ticona, ex ejecutivo del Servicio Departamental de Caminos de La Paz, quedó recluido en dependencias de la Policía Técnica Judicial (PTJ), debido a una orden de aprehensión emitida por la fiscal encargada de asuntos de Corrupción Pública, Patricia Santos.
Según la agencia nacional de noticias Fides, la fiscal tomó esa determinación tras recibir una declaración de Ticona y evaluar los resultados de una auditoría en la que se establecen indicios de responsabilidad por un supuesto delito de peculado (hurto de caudales del erario).
El ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca, al conocer la detención, anunció que retirará la solicitud de beneplácito para Ticona enviada a las autoridades japonesas.
"No vamos a permitir que ninguna persona con cuentas con la Justicia sea parte del Gobierno, menos en el servicio exterior", dijo Choquehuanca, según el diario local La Prensa.
El 4 de abril, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció el nombramiento de Ticona y explicó que lo hacía a propuesta de organizaciones sociales y por ser "un aimara que habla japonés y estudió en Japón".
"No soy sujeto de una detención preventiva... Realmente me quieren perjudicar", dijo a su vez Ticona, e insistió en su inocencia ante periodistas locales al ser llevado a la PTJ.
Su destino diplomático estaba pendiente del beneplácito japonés y de la ratificación del Senado, pero ahora queda a disposición de un juez de medidas cautelares que dirá si sigue o no en detención preventiva, tras analizar la acusación.
La prefectura (gobernación) del departamento de La Paz lo acusó de rematar como chatarra en 2005, por 375.000 dólares (alrededor de 195 millones de pesos), equipos que aún no estaban técnicamente en desuso. (EFE)