Pese a amenazas, joven argentina con síndrome de Down fue sometida a un aborto
La operación estuvo precedida por un clima de tensión debido a las amenazas que recibió la familia de la mujer y los llamados anónimos al hospital mendocino donde se había programado la intervención.
La joven mendocina de 25 años con síndrome de Down cuya familia había pedido a la Justicia autorizar un aborto para interrumpir un embarazo fruto de una violación fue sometida finalmente a una intervención para su gravidez.
Según trascendió este jueves, la operación se llevó a cabo entre la noche del miércoles y esta madrugada, aunque no se dio a conocer el lugar donde se concretó la cirugía.
El caso había cobrado notoriedad nacional, al igual que el de otra joven -de la localidad bonaerense de Guernica- también discapacitada y víctima de una violación.
En este segundo episodio el aborto también se concretó en las últimas horas, en un centro privado, según confirmaron la familia y los abogados de la joven.
La intervención de la mendocina estuvo precedida por un clima de tensión, debido a las amenazas que recibió la familia de la joven y llamados telefónicos anónimos al Hospital Lagomaggiore, en los que se alertó de la presencia de una bomba en el recinto, donde estaba programado el aborto.
La policía dijo que luego de una minuciosa revisión se constató que se era "una falsa alarma".
La jornada del pasado miércoles estuvo marcada por movilizaciones de grupos antiabortistas ante organismos gubernamentales, a los que se opusieron otros que estaban a favor de que se cumpliera la medida judicial en resguardo de la discapacitada, por tratarse de un caso muy particular y además contemplado por el Código Penal (violación y embarazo de una discapacitada mental).
Previamente, durante la tarde, y en coincidencia con la noticia de que a la joven de igual situación de La Plata le fue practicado el aborto en una clínica privada, alrededor de ocho llamadas telefónicas anónimas amenazaron a médicos y enfermeros del Lagomaggiore, hospital público donde el gobierno local determinó en principio que se cumpliera el dictamen judicial.
Aunque luego el arzobispado católico mendocino consideró que "hubo manifestaciones exageradas" de los grupos antiabortistas y militantes religiosos que defienden la vida desde el momento de la concepción, el amedrentamiento a médicos y a la madre de la joven continuó con la amenaza hacer volar el hospital, que figura tercero en la lista de nacimientos por año en Argentina. (Agencias)