Comisión Interamericana falló a favor de deudos de matanza de La Cantuta
Familiares a las víctimas de la matanza registrada en 1992 en una universidad limeña consideraron que la resolución es un "mensaje claro" para la extradición desde Chile de Fujimori.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Costa Rica, falló a favor de los deudos del caso La Cantuta, confirmó la portavoz de los familiares de las víctimas de esta matanza perpetrada en 1992 en Perú, Gisella Ortiz.
El grupo paramilitar Colina ha sido acusado, entre otros crímenes, por el secuestro y la posterior ejecución extrajudicial de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle" (La Cantuta) de Lima.
El grupo Colina fue creado por el jefe del Servicio de Inteligencia peruano y asesor presidencial del régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), Vladimiro Montesinos.
El fallo de la corte, entregado el pasado miércoles a los familiares y hecho público esta jornada, señala que lo ocurrido en el caso de La Cantuta es un crimen contra la humanidad, que no puede quedar impune, que es imprescriptible, que no puede ser comprendido dentro de ningún tipo de amnistía y que además será necesaria una reparación por parte del Estado peruano de alrededor de 1,8 millones de dólares.
La decisión de la Corte Interamericana también "anula las sentencias del foro militar" y permite "reiniciar procesos contra los responsables de la matanza", dijo Ortiz, al nombrar entre otros a Vladimiro Montesinos, al ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás de Bari Hermoza, y al ex jefe de las fuerzas operativas, Luis Perez Documet.
La portavoz de los deudos señaló que el fallo también se vincula al proceso de extradición del ex gobernante Alberto Fujimori, quien se encuentra en Chile, najo el régimen de libertad condicional y con orden de arraigo, a la espera de la decisión de la Corte Suprema sobre su futuro judicial.
Fujimori, quien huyó a Japón en 2000, tras destaparse una inmensa red de corrupción orquestada por Montesinos, está acusado por el Estado peruano de dos delitos de violación de derechos humanos, que comprenden el caso de La Cantuta y la matanza de Barrios Altos (1993), y otros 10 delitos de corrupción.
Por ello, Gisella Ortiz señaló que la decisión da un "mensaje claro" a la Justicia chilena, para que resuelva en favor de la extradición, porque -a su parecer- demuestra que las ejecuciones extrajudiciales "formaron parte de la estructura del Estado y se facilitó este clima de violencia durante el gobierno de Fujimori". (EFE)