Tres italianos fueron detenidos por presunto caso de corrupción en la UE
De acuerdo a las pesquisas, los aprehendidos están involucrados en la concesión irregular de servicios de alojamiento y seguridad para delegaciones de la Unión.
Tres ciudadanos italianos fueron detenidos por orden de la fiscalía de Bruselas, en el marco de la investigación sobre un presunto caso de corrupción de funcionarios europeos.
Los tres fueron acusados de falsificación de documentos y uso de los mismos, corrupción, estafa y asociación de delincuentes.
Se trata de un funcionario europeo de 46 años, del asistente de 60 años de un europarlamentario, también italiano, y de un trabajador inmobiliario, de 39 años.
La investigación se centra en las condiciones impuestas a la concesión de ciertas licitaciones europeas en la búsqueda de edificios para albergar las delegaciones de las instituciones europeas fuera de Bruselas, y de la instalación de sistemas de seguridad en estos edificios.
Los servicios policiales de Bélgica, Luxemburgo, Francia e Italia realizaron el martes una treintena de registros relacionados con este presunto fraude con licitaciones públicas.
Hubo registros en la sede de la Comisión Europea en Bruselas, en la oficina de un asistente del Parlamento Europeo, entidades financieras, empresas privadas y algunos domicilios particulares.
Los investigadores incautaron de varios documentos y algunas personas fueron interrogadas a partir de un caso iniciado hace tres años por la juez instructora bruselense Berta Bernardo Méndez.
Se trata de una supuesta trama de corrupción de funcionarios europeos, violaciones de la legislación en torno a licitaciones públicas, formación de banda, violación del secreto profesional, así como de falsificación de documentos y uso de los mismos.
Los investigadores suponen que tanto funcionarios europeos como dirigentes de empresas estaban implicados en este fraude.
La Comisión Europea "colabora plenamente" con las investigaciones, según su portavoz jefe, Johannes Laitenberger, quien evitó dar más detalles sobre el caso y remitió a los periodistas a las autoridades judiciales nacionales.
La Oficina de Lucha Antifraude (OLAF) de la UE participa también en las pesquisas. (EFE)