Casa Blanca rechazó citaciones del Senado por caso de escuchas telefónicas
El comité que indaga el programa de espionaje diseñado tras el 11-S había enviado notas de comparecencia a varios personeros, entre ellos el vicepresidente, Dick Cheney.
La Casa Blanca apeló este jueves a su poder ejecutivo para rechazar las citaciones enviadas por el Comité Judicial del Senado, a raíz de caso de las escuchas telefónicas sin autorización de un tribunal llevadas a cabo por organismos de seguridad.
El comité senatorial envió el jueves varias citaciones al vicepresidente estadounidense, Dick Cheney; la Casa Blanca, el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia, en relación con el programa de inteligencia instaurado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Una nota firmada por el consejero legal de la Casa Blanca, Fred Fielding, y enviada al presidente del citado Comité de Senado, Patrick Leahy, asegura que con "el debido respeto, lamentamos rechazar este camino desafortunado que hemos intentado evitar buscando un consenso".
"Esperábamos que este asunto terminara con su comité recibiendo información, en vez de tener que invocar nuestro poder ejecutivo", explica Fielding.
Por otro lado, Fielding indica que el presidente George W. Bush había intentado "cooperar" con el envío de más de 8.500 documentos en relación al asunto y, además, enviar al secretario de Justicia, Alberto Gonzales, y otros altos funcionarios a testificar al Congreso.
El Comité Judicial del Senado desea obtener información sobre las supuestas diferencias ocurridas en el seno de la administración Bush sobre la legalidad de dichas escuchas.
Las citaciones forman parte de la investigación que sigue el Congreso en relación al despido de ocho fiscales federales de Estados Unidos.
El programa de escuchas telefónicas supervisaba las llamadas telefónicas y correos electrónicos hacia o desde Estados Unidos, amparándose en la necesidad de prevenir posibles ataques terroristas.
Después del escándalo, Bush situó el programa bajo el control del tribunal especial que controla la aplicación de la ley de Vigilancia del Espionaje Extranjero.
El descubrimiento de que se llevaba a cabo dicho programa sin autorización judicial provocó un escándalo político en Estados Unidos entre 2005 y 2006. (EFE)