Jueza italiana juzgará a Contreras y otros 21 chilenos por Operación Cóndor
Entre los requeridos por un tribunal de Roma, por su responsabilidad en la desaparición de ciudadanos itálicos durantes la década de los 70 y 80, figuraba también el fallecido dictador Augusto Pinochet.
La juez de Roma para la investigación preliminar, Luisianna Figliolia emitió este jueves, tras la petición del fiscal Giancarlo Capaldo, 140 órdenes de detención de ciudadanos latinoamericanos y el siguiente paso será el probable envío a juicio, por su responsabilidad en la desaparición de ciudadanos italianos.
En un principio, la jueza Figliolia había firmado 146 órdenes de arresto para 61 argentinos, siete bolivianos, 13 brasileños, 22 chilenos, siete paraguayos, cuatro peruanos y 32 uruguayos, pero de éstos, seis han fallecido, como el ex dictador Augusto Pinochet, y otros también podrían estar ya muertos.
Entre los chilenos requeridos por la justicia europea se encuentra el ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA, la primera policía política de Pinochet), Manuel Contreras, quien ya fue condenado en contumacia en Italia a 20 años por el atentado contra el presidente de la DC, Bernardo Leighton, en octubre de 1975 mientras se encontraba exiliado en Roma.
Un total de 140 personas entre dictadores, ministros y jefes de los servicios secretos y policía de Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú, Brasil y Paraguay serán previsiblemente juzgados en Roma por la desaparición de 25 italianos en el marco de la llamada "Operación Condor".
Ahora el próximo paso del fiscal Capaldo es pedir al Ministerio de Justicia italiano que pida a los diferentes países la extradición de las restantes 139 personas, que está buscando la Interpol.
De la larga lista guardada celosamente por las autoridades judiciales, estas afirman que se encuentran el ex dictador argentino Jorge Rafael Videla y el ex responsable de la Marina argentina, Emilio Massera.
Entre los uruguayos está el ex presidente Juan María Bordaberry; su sucesor Gregorio Alvarez; el ministro de Defensa Walter Ravenna, y los de Exteriores Juan Carlos Blanco y Alejandro Rovira.
Asimismo figuran entre los uruguayos, los miembros de los servicios de inteligencia de la marina militar, Tróccoli y Juan Carlos Larcebau y el ex jefe de esta fuerza Victor Ibargoyen.
Otros investigados son Augusto Sebino Ciarletti Montanaro, ex ministro del Interior de Paraguay (1967-1989), y también el presidente peruano (1975-1980) Francisco Morales Bermúdez y el primer ministro de este país Pedro Prada Richter (1979-1980).
Mientras que entre los brasileños se encuentra el ex coronel de la policía Carlos Alberto Ponzi.
Por el momento, de estas 140 personas sólo ha sido detenida en Salerno (sur de Italia) el ex militar uruguayo Jorge Tróccoli, que acudió voluntariamente a la policía tras conocer que existía una orden de arresto contra él.
Respecto a este último, de pasaporte italiano y que residía en Salerno (sur de Italia), el fiscal Capaldo explicó que está acusado de "haber participado en la campaña represiva contra los miembros de los Grupos de Acción Unificadora (GAU)".
Según las investigaciones de Capaldo, Troccoli frecuentaba a menudo la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) en Argentina, conocido lugar de tortura, y algunos de los uruguayos detenidos acabaron arrestados allí.
Tróccoli está acusado en particular de la desaparición de Edmundo Sabino Dossetti Techeira y su mujer Ileana García Ramos, de Yolanda Casco y su esposo Julio Cesar D'Elia, y de Raul Edgardo Borelli Cattaneo y Raul Gambaro Nuñez Dossetti-D'Elia y de otros dos italianos.
El ex capitán de navío se declaró "inocente" en su primer interrogatorio en la cárcel romana de Regina Coeli donde está detenido desde el pasado 25 de diciembre.
Según los medios locales, Tróccoli aseguró que en ese periodo era "sólo un suboficial que se dedicaba a recoger y proporcionar información" sobre los opositores pero que no asesino a nadie.
En los próximos días, un tribunal de Roma decidirá si Tróccoli debe permanecer en prisión, y su abogado, Aldolfo Domingo Scarano, aseguró que no existen motivos para que el ex militar siga en prisión ya que incluso fue el mismo quien se entregó a la policía. (EFE)