No hay elementos para hablar de genocidio en Perú, afirmó relator de la ONU

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Autor: Cooperativa.cl

James Anaya, nos obstante, reconoció "revelaciones de violaciones de derechos humanos" en enfrentamientos en el Amazonas.

Insistió que aún hay "desafíos por enfrentar".

Los últimos enfrentamientos terminaron con la vida de 34 personas.
El relator especial de la ONU para los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, confirmó que "no existen los elementos" para hablar de un genocidio de los indígenas de la Amazonía peruana.

Anaya presento las conclusiones del viaje de tres días que hizo a Perú para investigar los pormenores de los enfrentamientos que el 5 y 6 de junio pasado dejaron a 24 policías y 10 civiles muertos.

"Como jurista yo no encuentro pruebas de los elementos de genocidio, del intento de exterminar a un pueblo como tal. Hay revelaciones de violaciones de derechos humanos, pero de los hechos comprobados, de los hechos que se ven, incluso de los hechos que se alegan, no existen los elementos de genocidio", enfatizó.

Anaya aclaró que no pretende decir "que todo está bien" en Perú, por lo que hizo un llamado "a una evaluación, una investigación exhaustiva por parte de una comisión especial e independiente".

Al emitir su informe final, aclaró que "persisten desafíos a enfrentar" para establecer las circunstancias en las que se produjeron los violentos enfrentamientos.

Expresó, asimismo, sus condolencias a los familiares de las víctimas de la violencia y exhortó a las autoridades para que "se protejan los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas afectadas, así como que cualquier otra demostración o manifestación se efectúe de forma pacífica".

Anaya agradeció la invitación del Gobierno peruano "y todas las facilidades" que recibió para realizar su visita, una actitud que consideró "un gesto de buena voluntad y apertura" del Ejecutivo.

El abogado emprendió el pasado miércoles una visita de tres días a Perú, invitado por el Gobierno del presidente Alan García para investigar los hechos de violencia suscitados a partir de las protestas de indígenas contra las leyes 1090 y 1064, que fueron derogadas por el Congreso.