Gobierno y campesinos acordaron solucionar conflicto en el sur de Perú
Ambos acordaron un acta de 32 puntos que suspende la protesta hasta septiembre.
Primer ministro Yehude Simon calificó como "cívica e histórica" la instancia.
El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Yehude Simon, y los representantes de las comunidades campesinas de la región sureña de Apurímac alcanzaron un acuerdo para que se suspendan las protestas en esa localidad andina.
Representantes de los comuneros aceptaron los términos de un acuerdo planteado por Simon y decidieron firmar un acta de 32 puntos que suspende la protesta hasta septiembre próximo.
El presidente del Consejo de Ministros calificó de "cívica e histórica" la jornada de trabajo que desarrolló en esa empobrecida región del sur andino peruano y dijo que los acuerdos "terminarán satisfaciendo a las partes".
"Es una jornada histórica porque por primera vez los propios comuneros han dado a conocer sus necesidades, su olvido histórico", declaró Simon a la emisora Radioprogramas del Perú (RPP).
El primer ministro precisó que los acuerdos contemplan la construcción de carreteras, que ya cuentan con un presupuesto pero carecen de expediente técnico, así como aspectos vinculados al desarrollo de la agricultura, entre otros temas.
"Este diálogo, que ha demorado tantas horas, va a terminar satisfaciendo a las partes y sobre todo que el país entienda que estamos pacificando a un país que no tiene porque ser guerrero", señaló.
Según la información, los comuneros aceptaron suspender su huelga hasta septiembre a la espera de que el Gobierno cumpla con su compromiso de comenzar a construir una carretera entre Abancay, la capital de Apurímac, y la vecina región de Ayacucho.
También se acordó conformar una comisión "de largo plazo" para responder a las peticiones de los manifestantes, que iniciaron su protesta hace dos semanas, en demanda de la derogatoria de la Ley de Aguas y de la Ley del Magisterio, y en rechazo a las concesiones mineras en su jurisdicción.
La Ley de Aguas declara este recurso como patrimonio de la nación y establece prioridades para su uso, pero sus detractores consideran que puede desembocar en la privatización.
La Ley del Magisterio, por su parte, pretende elevar el nivel de profesionalización de los maestros estatales a través de exámenes periódicos de conocimientos para acceder a una plaza, algo rechazado por el sindicato de los profesores.