Oposición acusó inconstitucionalidad del estado de excepción en Quito
El Gobierno lo extendió el pasado 9 de octubre a causa del alzamiento.
El movimiento acusado de incitar la sublevación enfatizó que no existen motivos para la medida.
El Movimiento Popular Democrático (MPD), acusado por el Gobierno de Ecuador de haber instigado la sublevación policial del pasado 30 de septiembre, demandó la inconstitucionalidad del estado de excepción en la capital del país.
Luis Villacís, uno de los altos dirigentes de ese grupo, indicó a la Agencia EFE que presentó ante la Corte Constitucional la demanda, que espera que sea resuelta "de forma inmediata".
Según el político opositor, no existen las causas que establece la Constitución para haber declarado la medida de excepción el pasado 9 de octubre.
Villacís señaló, por su parte, que la Constitución es clara al establecer que el estado de excepción sólo se puede declarar "en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural".
Según él, ninguna de esas causas existe en el país, además que ese tipo de medidas deben ser calificadas por la Corte Constitucional.
"La Corte Constitucional debió haber dictaminado, previamente, si (la medida) estaba encuadrada o no en la Constitución", señaló Villacís, quien también ha sido señalado como uno de los instigadores de la revuelta policial.
"No he cometido ninguna arbitrariedad", dijo Villacís y aclaró que el día de la sublevación participó en las protestas en "solidaridad" con los policías, que reclamaban por supuestos derechos salariales contenidos en una ley de servicio público.
"Estoy dispuesto a acudir" a la Fiscalía, dijo el dirigente, pero dijo que el Ministerio Público no lo ha convocado porque no ha cometido "ninguna infracción".
Sin embargo, rechazó las versiones de supuesta "conspiración" contra el Gobierno, imputadas a grupos políticos de derechas, en las que se ha incluido el MPD, un antiguo aliado de Correa, que se pasó a la oposición por contradicciones con algunas leyes impulsadas por el Ejecutivo.
El Gobierno ha presentado varias imágenes de Villacís y de otros políticos opositores durante la sublevación policial y ha remarcado que la revuelta fue "un intento de golpe de Estado".