Cable de EE.UU. identifica a asesores de Uribe como instigadores de escuchas
José Obdulio Gaviria y Bernardo Moreno aparecen mencionados en los textos.
Escándalo es investigado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General.
Los abogados colombianos José Obdulio Gaviria y Bernardo Moreno, antiguos asesores del ahora ex presidente Alvaro Uribe, pudieron ser los instigadores de la trama de escuchas y seguimientos ilegales en su país, revelan cables de la embajada estadounidense en Bogotá difundidos por el diario El Espectador.
Los nombres de Gaviria y Moreno fueron mencionados de manera separada por otros altos cargos del Estado en conversaciones con el ahora ex embajador de Estados Unidos en Colombia William Brownfield, según los despachos diplomáticos, que se remontan a 2009.
Los cables aluden a la trama de espionaje a magistrados, políticos de oposición, periodistas y defensores de derechos humanos, puesta en marcha durante la gran parte de los dos Gobiernos de Uribe (2002-2010) por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), central de inteligencia que depende del Ejecutivo.
El periódico de la capital colombiana precisa que el ex viceministro de Defensa Andrés Peñate, que dirigió esta agencia cuando ya había estallado el escándalo, mencionó a Gaviria como el funcionario que "había presionado al DAS para espiar a los opositores políticos del Gobierno".
El director de la Policía Nacional, el general Óscar Naranjo, también señaló a Gaviria y a Moreno como los posibles "instigadores de las interceptaciones ilegales", según indica El Espectador, que recibió los cables de manos del creador de WikiLeaks, el australiano Julian Assange.
Gaviria fue el asesor principal de Uribe, mientras que Moreno ejerció como secretario general del gobernante, que siempre ha negado que él o sus colaboradores cercanos estén implicados en la trama.
En los despachos, el embajador Brownfield "recuerda (...) que el entonces presidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte, y el exsenador Gustavo Petro habían acusado a la Casa de Nariño (sede del Ejecutivo) de ordenar las 'chuzadas'".
Según la condición de los implicados, el escándalo es investigado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General, así como por la Procuraduría General.