Comisionada alemana quiere indemnizar a víctimas de abusos en sus familias
La funcionaria quiere que tengan el mismo derecho que las víctimas de instituciones religiosas o públicas.
Analiza entregar una solución única de 65.000 euros, contra los 2.000 que ofrece la Iglesia Católica.
La comisionada del Gobierno alemán para los casos de abusos sexuales a menores, Christine Bergmann, desea que quienes han sufrido ese tipo de agresiones en el seno de sus familias reciban también las indemnizaciones previstas para las víctimas de instituciones religiosas o públicas.
B
ergmann propondrá además a la mesa redonda encargada de buscar compensaciones para las víctimas de abusos sexuales entre 1949 y 2010 una solución única en los casos en los que los delitos podrían haber prescrito, revela el rotativo Neuen Osnabrücker Zeitung.
Añade que la comisionada aconseja indemnizar a todas las víctimas de abusos sexuales en internados, orfanatos y escuelas públicas y privadas, así como a las que sufrieron ese tipo de asaltos en asociaciones, centros médicos, el ejército o instituciones penitenciarias.
La iniciativa se extiende también a las víctimas en las residencias infantiles de la extinta República Democrática Alemana y a quienes sufrieron abusos en sus hogares.
A la hora de establecer la cuantía de las indemnizaciones la comisionada del Gobierno alemán estudió las soluciones establecidas por otros seis países y tomado como media el caso de Irlanda, donde el fondo conjunto de la Iglesia Católica y el Estado abonó unos 65.000 euros a cada una de las víctimas.
La experta rechaza que el pago de esas indemnizaciones se pueda ver recortado por la prestación de otras atenciones sociales y demanda que la legislación sobre indemnizaciones a las víctimas se amplíe retroactivamente más atrás de 1976, año límite para el reconocimiento del pago de pensiones extraordinarias.
Las exigencias económicas de la comisionada chocan de antemano con la propuesta de la Conferencia Episcopal Alemana que había planteado unas indemnizaciones de entre 2.000 y 5.000 euros por víctima.