ONG advirtió que 189 indígenas están acusados de terrorismo y sabotaje en Ecuador
CDES acusó al gobierno de usar esos cargos "como medida de control social".
La entidad añadió que el Ejecutivo ha declarado la guerra contra los indígenas para "callarles la boca".
Unos 189 indígenas están acusados de terrorismo, sabotaje o delitos contra la seguridad del Estado en Ecuador, según el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), que acusó este lunes al gobierno de usar esos cargos "como medida de control social".
Uno de los afectados es Delfín Tenesaca, presidente de la Ecuarunari, una de las organizaciones indígenas más importantes del país, quien está acusado de terrorismo por participar en una marcha en 2010 junto con otros 3.000 indígenas en la que hubo un enfrentamiento con la policía.
"Este gobierno ha declarado la guerra contra los indígenas para callarnos la boca, para aterrorizarnos", denunció Tenesaca.
El ministerio de justicia no respondió a una petición para responder a los alegatos, mientras que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha rechazado en el pasado cualquier persecución política contra el movimiento indígena.
"Qué hagan lo que les de la gana. Estamos en estado de derecho, donde se juzga de acuerdo con el debido proceso y de acuerdo a las leyes", ha dicho.
De los 189 indígenas encausados, tan sólo ocho han sido condenados por el intento de toma del campamento de una minera que acaparaba el agua en la cabecera de un río en el municipio de Nabón, en la provincia sureña de Azuay, explicó Hurtado.
La defensa de los ocho, que deben cumplir penas de entre siete y ocho años de cárcel y están prófugos, mantiene que se les debe aplicar la amnistía decretada en 2008 por la Asamblea Nacional para este tipo de acusaciones y que por tanto tiene que anularse el proceso contra ellos.
También está encausado por esos hechos el entonces presidente de la Conaie, Marlon Santi. El vicepresidente de esa organización, José Acacho, se encuentra en la misma situación y llegó a ser encarcelado brevemente en febrero bajo cargos de terrorismo y sabotaje por instigar una manifestación en 2009 en la que murió el profesor indígena Bosco Wisuma.
Una jueza ordenó su liberación tras determinar que la detención era "ilegal y arbitraria".