Parlamento boliviano aprobó juicio a ex presidentes por contratos petroleros irregulares
El partido de Evo Morales acusa a Gonzalo Sánchez de Lozada y Jorge Quiroga por perjuicios al Estado.
Tres ex ministros también serán llevados ante la Justicia.
El Parlamento boliviano, dominado por el partido del presidente Evo Morales, aprobó el sábado una resolución que autoriza enjuiciar a los ex mandatarios Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) y Jorge Quiroga (2001-2002) por haber admitido contratos petroleros supuestamente irregulares.
El vicepresidente del país y titular del Poder Legislativo, Alvaro García Linera, informó en una rueda de prensa que la resolución fue aprobada por 115 de los 166 parlamentarios presentes en la sesión, que duró más de ocho horas.
"Ahora queda en manos del Tribunal Supremo de Justicia la investigación y la celeridad de este proceso tan importante para nuestro país", dijo García Linera.
El oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) acusa a Sánchez de Lozada y Quiroga de aprobar de forma irregular contratos con petroleras multinacionales y no enviarlos al Congreso para su validación, causando perjuicios al Estado.
Junto con los ex gobernantes, también serán enjuiciados los ex ministros Carlos Morales, Fernando Illanes y Jorge Berindoague, por los delitos de "resolución contraria a la Constitución, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y encubrimiento", según reza la resolución aprobada.
La mirada opositora
Los parlamentarios bolivianos rechazaron un recurso que presentó ante ellos el día viernes Jorge Quiroga para evitar la autorización del juicio. El político dijo que no abrigaba esperanzas de que la presentación fuera admitida, pero que debía "agotar las instancias internas" para recurrir a instancias internacionales.
Quiroga explicó que los contratos que firmó la petrolera estatal YPFB durante su gestión no causaron daño económico, porque no hubo en ellos inversión estatal, sino privada.
La oposición asegura que Morales utiliza su creciente control de tribunales y fiscalías para perseguir a sus adversarios políticos y a funcionarios de anteriores Gobiernos, por lo que decenas de ellos han huido del país en los últimos años.