Acusación: Diputados inician evaluación con testimonios críticos a Beyer

Con la lectura del libelo acusatorio, la comunicación de los descargos del ministro Harald Beyer y el testimonio de cuatro abogados-académicos de la Universidad de Chile se inició este martes el trabajo de la comisión de diputados que analizará la acusación constitucional presentada por la oposición contra el titular del Mineduc.

El diputado PPD Rodrigo González leyó al inicio de la sesión -en representación de los parlamentarios acusadores- los principales puntos del texto, mientras el secretario de la Comisión, el abogado Juan Pablo Galleguillos, dio lectura a los descargos del ministro, entregados a última hora de anoche.

Abogados critican a Beyer

Participaron como primeros invitados los abogados Carola Canelo, Joaquín Polit, Eduardo Palma y Miguel González, quienes "entregaron antecedentes tanto desde el punto de vista académico como jurídico, basados en estudios particulares que ellos realizaron y que, según informaron, se los hicieron llegar al ministro", informó la Cámara de Diputados a través de su sitio web.

"A nuestro juicio, él (Beyer) no está a la altura de un cargo ministerial, porque él ha incurrido en una infracción reiterada de la Constitución y las leyes y porque ha dejado en inejecución una serie de leyes que lo obligan a fiscalizar las universidades privadas creadas con posterioridad de 1981", dijo en la ocasión la abogada Carola Canelo.

Eduardo Palma indicó que tanto él como otros profesionales del área solicitaron al ministro que investigara y sancionara el lucro de determinadas universidades privadas, petición que no respondió sino muchos meses después, indicando que no tenía facultades.

Joaquín Polit indicó que, junto con las solicitudes de investigación, se le recalcó al ministro en junio de 2012 que tenía facultades para fiscalizar la situación de lucro de las 62 universidades privadas creadas con posterioridad de 1981. Explicó el jurista que el artículo 64 del DFL Nº 2, de la Ley General de Educación, establece que el ministro puede iniciar investigaciones y llegar a la cancelación de la personalidad jurídica de una casa de estudios superior cuando se infringen gravemente los estatutos de una corporación educacional, como sería la persecución de fines de lucro.

Los profesionales criticaron especialmente que no se actuara con celeridad y se obviaran antecedentes y recomendaciones entregadas por el mundo académico.

"El ministro no fue capaz de dar el primer acto de instrucción para investigar la situación de lucro que nosotros estábamos intentando que se investigara. Nosotros creemos que hay una infracción grave de principios de inexcusabilidad y de celeridad; son principios básicos que tienen que ilustrar el actuar de cualquier funcionario del Estado, máxime si es ministro de Estado", declaró el abogado Polit al término de la sesión.

DC: Beyer no fiscalizó para permitir el lucro

Tras escuchar a los letrados, el diputado Fuad Chahín (DC) resaltó que éstos "fueron muy categóricos en señalar que el ministro de Educación no es apto para el cargo, porque ha infringido los principios de probidad administrativa, de celeridad y de inexcusabilidad que tiene que cumplir como titular de un cargo público".

En su opinión, Harald Beyer dejó de cumplir la ley porque no ha ejercido su deber y facultad de fiscalización: "Se le hizo una solicitud formal de investigación, la cual simplemente no se tramitó. Tenemos un ministro que dice que no tiene facultades o que son escasas, cuando ha quedado acreditado que tiene facultades amplias para cancelar la personalidad jurídica de las corporaciones y fundaciones que son universidades privadas", alegó Chahín.

"Estamos frente a un ministro que no ha querido ejercer sus facultades para poder seguir permitiendo el lucro y la infracción fragante de la ley por parte de estas universidades", dijo el legislador democratacristiano.

El diputado Rodrigo González valoró, en tanto, que todos los académicos coincidieran en que el ministro Beyer infringió la Constitución y las leyes en la medida que omitió acciones y no efectuó la fiscalización.

"Los juristas han demostrado que el ministro tiene muchas facultades y tiene facultades fundamentales que, incluso, en la presentación de la ley de Superintendencia el ministro ha disminuido", señaló el ex alcalde.

"La ley de Superintendencia disminuye las facultades con las que cuenta actualmente el Estado de Derecho para fiscalizar a las universidades; le quita facultades al ministro", afirmó González.

Réplica UDI apunta a la Concertación

El presidente de la comisión, el UDI Cristián Letelier, salió al paso de estos comentarios con una visión distinta. Dijo que el testimonio de los juristas permitió establecer que todos los negocios ilícitos y el lucro que hoy se acusa se produjeron bajo los Gobiernos de la Concertación.

"Siete universidades fueron vendidas y se infringieron sus estatutos y hubo lucro y las autoridades de la época no fiscalizaron", comentó Letelier.

Quienes debieron ejercer dicha función fueron la División de Educación Superior y el Consejo Nacional de Educación, "que no hicieron su trabajo en el tiempo de la Concertación", sentenció el parlamentario gremialista, que hizo alusión también al prestigio profesional del ex investigador del CEP. 

"Aquí hay que tener presente que el ministro Beyer -como dijimos los diputados en la sesión- es una persona que ha tenido y tiene un trabajo académico de larga data. Eso significa que tiene un prestigio y, en consecuencia, tiene no solamente la aptitud, sino que ha sido su desempeño muy adecuado a los intereses generales del país en materia de educación", dijo Cristián Letelier.

El trabajo de la comisión evaluadora continuará a las 10:00 horas de mañana miércoles.