Vallejo planteó "trabajo comunitario" para menores que dañen bienes públicos

Tras la confirmación de parte de la Subsecretaría del Interior de que se demandará a los padres de menores de edad que dañen bienes públicos, la diputada comunista y ex dirigenta estudiantil, Camila Vallejo, apuntó a buscar otras medidas más concretas para trabajar con los menores.

La ex presidenta de la FECh aseveró que "es, la verdad, una medida que no resuelve el problema de origen y que, además, podría abordarse desde otro punto de vista".

"Existen formas distintas donde los jóvenes pueden, por ejemplo, hacer trabajo social, trabajo comunitario, poder aprender de esa forma y no tener que responsabilizar a las familias con multas que son exorbitantes y que, al final, ni siquiera van a poder pagar", aseveró la integrante de la Comisión de Educación de la Cámara Baja.

En tanto, el vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), José Corona, aseguró que con esta medida no se ataca el problema de fondo y que se "criminaliza" el movimiento estudiantil.

"Lamentablemente no ataca lo que vendría siendo el problema de fondo, entendiendo que esto deja para la arbitrariedad y muchas veces para la criminalización de los movimientos sociales", expresó.

Agregó que "no creo que sea una medida que busque acabar principalmente con los destrozos dentro de las manifestaciones, sino que la criminalización del movimiento social. Es necesario buscar un alternativa en conjunto para poder darle solución al problema, pero esta no es la alternativa que le dé solución a la raíz".

"Un parche curita a una herida que es más profunda"

Mientras que la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago (Feusach), Marta Matamala, sostuvo que "por supuesto que nos parece preocupante que las mayores discusiones respecto a seguridad pública se estén dando en torno a los destrozos que quedan durante las manifestaciones estudiantiles".

"Nosotros entendemos que hoy el problema de la violencia es mucho más grande que solo el de una manifestación y que tiene que ver con un sistema injusto y profundamente segregado. Por lo tanto, atacar el problema de esta manera únicamente es intentar ponerle un parche curita a una herida que es más profunda", dijo.

Gobierno negó que se criminalice el movimiento estudiantil

Por su parte, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, entregó más detalles durante la mañana de este lunes sobre esta medida, asegurando que se busca poder reembolsar los gastos en las millonarias deudas que quedan por destrucción de bienes públicos.

Ejemplificó que "en la última ocasión, el costo que significó que un joven arrancara de la policía fue de 70 millones de pesos y nadie paga. Entonces, lo que hicimos fue una consulta al Consejo de Defensa del Estado para poder establecer una demanda contra los padres o tutores".

"Después de un par de meses, el CDE ha manifestado que nosotros podemos hacer demandas civiles para recuperar el total o parte del costo del daño a la infraestructura pública. Nosotros haremos el análisis en cada caso de cómo hacer la demanda civil más allá de las acciones civiles que correspondan", indicó.

Respecto a la crítica de que se "criminalizará" el movimiento estudiantil y las marchas, Aleuy respondió que "no, nosotros no hacemos en ningún caso demandas contra organismos sociales que se manifiestan públicamente. No lo hemos nunca".

Los padres responderán civilmente por los perjuicios generados por sus hijos menores de edad que participen y sean condenados por dañar bienes de carácter público como las señaléticas, los vehículos estatales y municipales, semáforos, paraderos, entre otros.