Académico aseguró que eventuales demandas del Gobierno no sirven como disuasivos
Nicolás Rojas afirmó que los juicios civiles duran "no menos de cinco años".
Movimiento estudiantil rechazó criminalización con la medida del Gobierno.
El Gobierno anunció que demandará a los padres de los menores de edad que realicen destrozos en movilizaciones.
La primera marcha estudiantil convocada para este año se desarrollará en el presente mes de abril y escolares y universitarios adelantaron que se intensificarán las movilizaciones, mismo mes que se espera claridad de cuantos universitarios estudiarán gratis y más precisión sobre reformas al sector.
Es bajo este escenario que La Moneda advirtió que a contar de ahora presentará demandas civiles a los padres cuyos hijos menores de edad provoquen destrozos en la infraestructura pública durante las movilizaciones.
La medida fue comentada por el académico de derecho civil de la Universidad de Chile, Nicolás Rojas, quien manifestó que no tendrá utilidad práctica.
"Mientras no se haga la reforma procesal civil que está pendiente hace bastante tiempo, los procesos civiles son particularmente largos, entonces no hacen que sea muy viable como un mecanismo efectivo de disuasión de conducta, que supongo que lo que pretenden es utilizar acciones civiles. Un juicio civil normal dura no menos de cinco años", afirmó.
Estudiantes acusan "criminalización"
Desde el movimiento estudiantil hablan de criminalizarlos, de no permitirles protestar libremente y apuntaron al trasfondo del descontento juvenil
"Se pone en el centro y se criminaliza a la juventud, al movimiento estudiantil como si lo que fuésemos a hacer a la calle son destrozos. Enfrentamientos existen, eso es verdad, pero enfrentamientos ocurren cuando hay una problemática social que está estallada", dijo Damián Brito, dirigente de los estudiantes de la UTEM
"Si hay estudiantes movilizándose, la gran mayoría no realiza prácticas de violencia, justamente es Carabineros y los mecanismos de autoridad del Estado que hacen una función coercitiva en contra del estudiante", manifestó a su turno Gabriel Iturra, dirigente estudiantil de la Universidad Central.
Apoderados piden educación e inserción
Los apoderados también están en alerta, al igual que algunos parlamentarios, plantearon la necesidad de buscas otros caminos, como el trabajo comunitario, como lo comentó Daphne Concha, de la Coordinadora de Padres y Apoderados (Corpade).
"No puede haber impunidad ni para la corrupción, ni para los delitos, ni para los destrozos pero eso no significa castigarlos con cárcel ni significa penalizar a los padres, yo creo que justamente donde deberíamos apuntar es a la educación y a la educación social, la inserción social", manifestó Concha.
Para el presidente de la comisión de Educación de la Cámara Baja, Alberto Robles (PRSD), La Moneda se equivoca con esta medida.
Bellolio: Estudiar distintas alternativas
En tanto, para el diputado UDI Jaime Bellolio insistió en la responsabilidad que recae en los padres de los menores que causen destrozos.
"Si son menores de edad evidentemente no pueden responder ellos, sino que quienes somos padres sabemos que tenemos que responder con respecto a nuestros hijos. Si la fórmula es una demanda civil por esos daños, yo creo que hay que estudiar distintas alternativas y una puede ser trabajos comunitarios para reparar el daño causado, pero no me parece que sea descartable de primeras el que sean los padres quienes asuman la responsabilidad con respecto a sus hijos cuando se causen desmanes que estén probados, después que in tribunal haya tenido una sentencia", aseveró.