Directora de Presupuestos se reunió con Gores ante preocupación por financiamiento 2026
La autoridad compareció ante la Comisión de Hacienda del Senado, donde explicó que el recorte se conocerá cuando el proyecto de Presupuesto 2026 ingrese al Congreso.
Desde la Asociación de Gobiernos Regionales de Chile (Agorechi) abogaron por disponer medidas permanentes para "planificar qué es lo que se puede gastar o no".
La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, compareció ante la Comisión de Hacienda del Senado ante la preocupación de los Gobiernos Regionales por los ajustes que vienen para el financiamiento en el Presupuesto 2026.
El Ejecutivo ya adelantó a sus autoridades locales que se viene un ajuste presupuestario, en promedio, del 2,3%. Algunos verán un aumento y otros una rebaja, lo que generó alarma entre los Gores.
Asimismo, desde la oposición han planteado que las disminuciones más significativas se verán en regiones cuyo gobernador o gobernadora no es del oficialismo.
Por ello, la Comisión de Hacienda convocó a una sesión a Martínez y a los dirigentes de la Asociación de Gobiernos Regionales de Chile (Agorechi).
La directora de Presupuesto explicó que "lo que se va a observar es, primero, la rebaja que hicimos en enero de este año, de los 600 millones de dólares que tiene un foco permanente".
"Hay algunos gobiernos regionales que pueden aumentar o disminuir su presupuesto según el polinomio del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), donde las variables de asignación principalmente son de pobreza, no pobreza multidimensional, además de la superficie y el número de habitantes, si mal no recuerdo, el índice de ruralidad también", detalló.
En esa línea, concluyó que "eso es una forma conocida que se actualiza cada dos años. Efectivamente, se va a conocer cuando ingrese la ley de presupuesto y va a ser el Congreso quien primero conozca esas disposiciones finales".
Agorechi: "Cada vez vamos bajando más la inversión en cada una de las regiones"
Pablo Silva, presidente de Agorechi y gore de O'Higgins, abogó por disponer de criterios más permanentes para el financiamiento de las regiones, tras las explicaciones de Martínez.
"Ni siquiera está contemplado el tema del IPC. Cada vez vamos bajando más la inversión en cada una de las regiones. Nos gustaría tener claridad, no año a año, sino que fuera permanente para uno planificarse qué es lo que se puede gastar o no", aseveró.
Y sostuvo que "estos cuatro años hemos estado con distintas reglas, lo que hace muy difícil tener una buena ejecución presupuestaria y cumplir con lo que nosotros queremos".
De todas formas, hubo coincidencia entre los integrantes de la Comisión de Hacienda respecto que la partida presupuestaria de los gobiernos regionales será una de las que más análisis y discusión requerirá, dado que las realidades de unas y otras son muy diferentes.
"Yo creo que nadie lo tenía tan claro. El punto de partida de los presupuestos, no solamente de los Gobiernos Regionales, sino que todos los presupuestos del país no es el presupuesto inicial del 2025, sino que va a ser ese presupuesto rebajado los 600 millones de dólares, aprox. Y esa es la nueva línea base sobre la cual se construye de aquí para adelante", dijo el senador Rodrigo Galilea, presidente de Renovación Nacional, que este lunes presidió la Comisión de Hacienda en reemplazo de Ximena Rincón (Demócratas).
Por su parte, el senador socialista José Miguel Insulza criticó: "Es muy bonito hablar de las regiones pobres y después aplicarles criterios que realmente aumentan esa pobreza... Yo no creo mucho en las rebajas parejas, que siempre terminan favoreciendo al centro".
Cabe recordar, que el proyecto de Presupuesto 2026 debe entrar al Congreso a más tardar el 30 de septiembre.
Claves para entender la asignación del Fondo Nacional de Desarrollo Regional
En medio del debate sobre los recortes presupuestarios para 2026, se vuelve crucial comprender el marco legal y técnico que rige la distribución de fondos a los gobiernos regionales en Chile. Contrario a la percepción de decisiones discrecionales, la asignación de recursos se encuentra altamente normada y se basa en criterios específicos definidos en el Decreto Supremo 132 del año 2007, cuya última versión data de 2021.
Este decreto establece que el 90% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), la principal fuente de financiamiento de las regiones, se distribuye en función de un "polinomio" que considera dos grandes ejes: las condiciones de pobreza e indigencia, y las características territoriales de cada región.
Este "polinomio" y sus variables son conocidos y se actualizan cada dos años. La norma establece que la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y la Dirección de Presupuestos (Dipres) deben calcular el porcentaje correspondiente a cada región a más tardar el 31 de agosto de cada año.
Aunque la figura de los gobernadores regionales es reciente, la estructura de distribución presupuestaria a las regiones precede a esta institucionalidad, remontándose a la época de los intendentes.
Polémica por bonos millonarios en la Dirección de Presupuestos en pleno ajuste fiscal
Otra controversia también sacude la discusión presupuestaria en Chile. Un informe publicado por el medio Emol, basado en datos del sitio institucional de Transparencia, revelaron que más de 60 directivos y profesionales de la Dipres recibieron bonificaciones por "función crítica" que oscilan entre 8 y 11 millones de pesos en junio de este año.
El caso más destacado es el de la subdirectora de Presupuestos, Sereli Pardo, quien habría percibido una remuneración bruta de 19 millones de pesos en junio, de los cuales 11 millones corresponderían a estos bonos o asignaciones por función crítica.
Si bien se aclara que este tipo de asignaciones existe en el sector público y no son de invención reciente, la magnitud de los montos y el momento en que se entregaron han provocado una ola de críticas. Meses antes, las mismas bonificaciones se situaban en rangos de 4 a 5 millones de pesos.
Este incremento significativo ha generado asombro y cuestionamientos sobre la facilidad con la que se distribuyen estas bonificaciones, que resultan "muy altas" en comparación con el sueldo promedio en Chile, especialmente cuando se está pidiendo a la ciudadanía y a las instituciones "apretarse el cinturón".
La información sobre estas bonificaciones no fue abordada durante la comparecencia de Martínez en el Congreso. Sin embargo, se espera que este tema sea central en futuras instancias.