Violencia en liceos emblemáticos: "El Estado tiene mucha información de inteligencia, pero no puede ocuparla"
"Esas comunidades han vivido intimidadas durante años por sujetos antisistema muy disruptivos y corrosivos, que atentan contra compañeros y profesores", dijo el ministro Cordero a Cooperativa.
Sumado esto al uso permanente de bombas molotov, es una cuestión "tan grave que ya dejó de ser un asunto de convivencia escolar y de Aula Segura: es pura delincuencia", enfatizó.
Cordero señaló estar "esperanzado" en el trabajo del fiscal Armendáriz, que está investigando la acción coordinada de grupos violentos de distintos colegios, pero enfrenta la dificultad -para su persecución penal- de que "los testigos, habitualmente amedrentados, no declaran".
En entrevista con El Diario de Cooperativa, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió este lunes al ataque ocurrido el viernes en el Instituto Nacional, donde encapuchados y overoles blancos agredieron a tres profesoras, afirmando que el uso de violencia y bombas incendiarias "deja de ser un asunto de violencia escolar para convertirse en delitos."
El secretario de Estado fue enfático al señalar la naturaleza penal de los hechos: "Los conflictos de uso de la violencia dentro de los establecimientos educacionales, especialmente ocupando bombas incendiarias o atentando en contra del personal docente, ya deja de ser un asunto de violencia escolar; esos son esencialmente delitos, es pura delincuencia", dijo.
Cordero criticó la "completa anormalidad" de la situación que se ha "normalizado" en Chile, asegurando que "no puede ser que todos internicemos como regular que tenga que existir una unidad de Control de Orden Público de Carabineros cerca o al lado de cada establecimiento emblemático a la espera de que sujetos que están en su interior salgan a lanzar o no salgan a lanzar bomba molotov. Eso es sencillamente inadmisible".
Según el ministro, el perfil de los involucrados son "esencialmente de sujetos antisistema" con una "capacidad muy disruptiva y muy corrosiva al interior de la comunidad escolar, que atentan contra sus compañeros y docentes".
Cordero reveló que "la opinión nuestra y los antecedentes de los cuales nosotros disponemos y que las policías disponen es que estos menores de edad no funcionan solo exclusivamente organizados por ellos, sino que además están amparados por la intervención de adultos".
Estos adultos, indicó el ministro, "tienen tres perfiles: uno, son apoderados o exapoderados; egresados de dichos establecimientos y, lo tercero, es que funcionan en una relativa red. Es decir, no solo corresponden a cada establecimiento individual, sino que tienen una capacidad de movilizarse entre distintos establecimientos".
Fiscal exclusivo
Destacó que, para desbaratar esta organización, el Ejecutivo insistió ante el Ministerio Público, logrando que se estableciera "un fiscal con foco (exclusivo) en estos establecimientos", ya que los hechos "corresponden a acciones concertadas en las que participan adultos y se coordinan respecto de otros establecimientos".
El ministro confirmó que el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, ya accedió a esta petición y el grupo especializado se encuentra trabajando.
Cordero dijo estar "esperanzado" en el trabajo del persecutor, pero enfrenta la dificultad -para su persecución penal- de que "los testigos, habitualmente amedrentados, no declaran".
"La clave en este proceso —agregó— es darles garantía a las personas que presten testimonios en estas investigaciones de que van a ser adecuadamente protegidos, porque esos sujetos, mientras sigan operando de esa manera, no solo corroen y dañan a la comunidad escolar y a los docentes, sino que finalmente lo que están haciendo es destruyendo esos establecimientos".
El titular de Seguridad reconoció que "el Estado tiene mucha información" de inteligencia, pero hizo una distinción crucial entre la información que permite a la policía anticipar incidentes y la que puede ser utilizada como prueba en un juicio.
Explicó el impedimento para utilizar estos datos en sede judicial: "En Chile usted no puede ocupar información de inteligencia para la persecución penal. Lo hace circunstancias muy excepcionales".
Por esta razón, lo realmente relevante para la sanción penal y para identificar a los adultos que amparan a los menores radica en la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, y no toda la información recopilada por inteligencia puede ser incorporada al expediente.
Aula Segura
Finalmente, respecto a la Ley Aula Segura, Cordero dijo que los hechos "son tan graves que aunque no tuvieran Aula Segura son expulsiones", pero reconoció el dilema de la reescolarización, dado que "el Estado tiene el deber de terminar con su escolaridad".
"Algunos de esos estudiantes que son expulsados de un establecimiento se mueven a otro, por razones obvias: usted no los puede dejar sin educación, y siguen gestionando desórdenes en esos establecimientos", reconoció.