El Reino Unido declara ilegal el uso de IA para generar imágenes íntimas sin consentimiento
La medida comenzará a regir esta semana y busca frenar el uso de herramientas tecnológicas para producir contenido sexual sin autorización.
El anuncio surge tras la polémica por el uso de Grok, la IA de X, y una investigación abierta por el regulador británico Ofcom.
El anuncio se da tras la polémica por el uso de inteligencia artificial para generar imágenes sexualizadas en plataformas digitales.
El Gobierno británico anunció que desde esta misma semana entrará en vigor la ilegalización de la creación y solicitud de imágenes íntimas generadas sin consentimiento, en respuesta al uso de herramientas de inteligencia artificial para producir este tipo de contenido, particularmente a través de la plataforma X.
La decisión se produce luego de que el regulador de comunicaciones británico, Ofcom, expresara "serias preocupaciones" por una función de Grok que permitía generar "imágenes de personas con poca ropa e imágenes sexualizadas de niños". En ese contexto, la autoridad abrió una investigación formal contra X para determinar si la plataforma cumplió con sus obligaciones legales en el Reino Unido tras la circulación de contenido sexualizado, incluso de menores.
"No son imágenes inofensivas. Son armas de abuso, dirigidas desproporcionadamente hacia mujeres y niñas, y son ilegales", afirmó la ministra de Tecnología del Reino Unido, Liz Kendall, durante una comparecencia ante la Cámara de los Comunes.
"Hay vidas que pueden y han sido devastadas por este contenido, que está diseñado para acosar, atormentar y violar la dignidad de la gente".
La secretaria de Estado explicó que la Ley de Uso y Acceso de Datos, aprobada el año pasado, ya tipificaba estas prácticas como delito penal, pero precisó que su aplicación efectiva comenzará ahora. Además, la normativa incorporará sanciones contra las aplicaciones que permiten generar desnudos, con el objetivo de abordar el problema desde su origen.
En caso de incumplimiento, el organismo puede exigir medidas correctivas o imponer multas de hasta 24 millones de dólares (o el 10 % de los ingresos globales de la empresa) y, en situaciones graves, solicitar a un tribunal el bloqueo del acceso al servicio o restricciones a anunciantes y proveedores de pago.