Italia frenó envío de un millón de kilos de basura ilegal a África y Asia
La operación contó con la colaboración de 120 países, coordinada por la Organización Mundial de Aduanas.
La carga tenía como destino a Tailandia, Pakistán y Túnez, reconocidos receptores de ropa "fast fashion" usada en Europa y Norteamérica.
Las autoridades italianas interceptaron más de un millón de kilogramos de residuos fraudulentos, en su mayoría textiles vinculados al "fast fashion" y destinados a ser enviados ilegalmente a Asia y África.
Según informó este miércoles la Guardia de Finanza (policía económica italiana) en un comunicado, en el marco de la operación internacional "Jco Demeter XI" se logró interceptar 1,03 millones de kilos de residuos, de los cuales 905.237 kilos eran desechos textiles clasificados falsamente como ropa "de segunda mano".
Este intento de eludir las normativas ambientales tenía como destino Tailandia, Pakistán y Túnez, reconocidos receptores de ropa usada y desechos textiles provenientes de Europa y América del Norte.
La mayoría de los cargamentos ilegales fueron descubiertos en puntos estratégicos como los puertos de Génova (noroeste), Livorno (oeste) y Venecia (noreste), además de identificarse envíos desde importantes centros de producción textil como Prato (centro) y Milán (norte).
Durante los controles, las autoridades también detectaron un incremento en el tráfico ilícito de componentes de vehículos y desechos de acero en comparación con años anteriores.
Operación colaborativa
La operación, coordinada a nivel mundial por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), involucró a 120 países y permitió el decomiso total de 15.509 toneladas de residuos, entre ellos 168 toneladas de gases nocivos para la capa de ozono y más de 30.000 productos químicos peligrosos, como pesticidas y mercurio.
En Italia, la intervención estuvo dirigida por la Dirección Antifraude de la Agencia de Aduanas y Monopolios (ADM) en colaboración con el Comando General de la Guardia de Finanza bajo un protocolo de colaboración reforzado desde mayo de 2025 para combatir los delitos medioambientales y proteger la salud pública.