Republicanos y RN pactaron corregir la reforma de seguridad
Los senadores Arturo Squella y Andrés Longton convinieron que el nuevo estado de excepción requiera control parlamentario "desde el primer momento" y se revise "cada 30 días".
Además, acordaron "dejar fuera" del proyecto la intervención de las comunicaciones privadas.
La iniciativa del Ejecutivo, que busca reforzar las facultades del Estado contra el crimen organizado y el terrorismo, ha generado profunda preocupación en diversos sectores políticos.
En medio de los intensos cuestionamientos transversales que ha recibido la propuesta de reforma constitucional en seguridad impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, y el senador Andrés Longton, de Renovación Nacional (RN), anunciaron un acuerdo para ingresar indicaciones que corrijan los aspectos más polémicos del proyecto.
La iniciativa del Ejecutivo —que busca reforzar las facultades del Estado contra el crimen organizado y el terrorismo— ha generado profunda preocupación en diversos sectores políticos debido a la duración de un nuevo estado de excepción por hasta ocho meses sin control parlamentario y a la facultad para intervenir comunicaciones privadas.
Frente a estas inquietudes, Squella y Longton confirmaron que ambas colectividades trabajarán coordinadamente en la tramitación legislativa para ajustar el texto.
"Coincidimos en la importancia de avanzar en la agenda de seguridad y anunciamos desde ya la presentación de indicaciones que recojan las inquietudes que se han presentado sobre la reforma constitucional", señalaron los senadores en un comunicado conjunto publicado en sus cuentas en la red X.
Puntos centrales del acuerdo: control del Congreso y protección de comunicaciones
Las modificaciones anunciadas por los parlamentarios apuntan directamente a los ejes que concentran los mayores reparos en el Congreso, donde diversas voces parlamentarias han advertido sobre el riesgo de afectar garantías fundamentales de los ciudadanos.
"Si bien seguiremos trabajando juntos en la agenda integral de seguridad, desde ya anunciamos que coincidimos en que el Estado de Excepción de Seguridad Pública, por su magnitud, debe ser de aquellos que se decreten con acuerdo entre el Presidente de la República y el Congreso Nacional desde el primer momento y sujeto a revisión cada 30 días. A su vez, creemos que es conveniente dejar fuera la afectación a las comunicaciones que originalmente se sometió al debate legislativo", precisaron Squella y Longton.
Finalmente, los dirigentes prometieron seguir "trabajando para aprobar todos los proyectos de seguridad, teniendo en cuenta que la emergencia por la que atraviesa nuestro país, amerita el máximo esfuerzo de todos, en total unidad nacional".
Junto a @andreslongton coincidimos en la importancia de avanzar en la agenda de seguridad y anunciamos desde ya la presentación de indicaciones que recojan las inquietudes que se han presentado sobre la reforma constitucional.
— Arturo Squella 🇨🇱 (@arturo_squella) August 20, 2026
Si bien, seguiremos trabajando juntos en la agenda…
Junto a @arturo_squella coincidimos en la importancia de avanzar en la agenda de seguridad y anunciamos desde ya la presentación de indicaciones que recojan las inquietudes que se han presentado sobre la reforma constitucional.
— Andrés Longton (@andreslongton) August 20, 2026
Si bien, seguiremos trabajando juntos en la…
Mapeo del debate: quórum, diferencias oficialistas y alertas de la oposición
El debate en torno a la reforma se reactivará tras el receso legislativo, desde el lunes 31 de agosto, en un panorama parlamentario altamente complejo para el Ejecutivo, pues la norma requiere un quórum de cuatro séptimos (29 votos en el Senado) que el oficialismo no posee por sí solo.
El senador independiente en el comité RN, Rojo Edwards, emplazó al sector a unificar su posición votando a favor de la idea de legislar para presionar a la centroizquierda: "Desafío a nuestro sector a ser más ordenado en la comunicación para ser claros en que vamos a avanzar, para que sea la oposición la que tenga que definirse", urgió.
Desde la oposición, parlamentarios han fustigado los poderes superlativos atribuidos al Jefe de Estado, comparando el plazo de ocho meses con otros estados de excepción constitucional existentes —como el de sitio o emergencia (que exigen revisión cada 15 días) o el de asamblea— los que cuentan con mayor contrapeso democrático.
"Supera cualquier límite, incluso a nivel internacional. Ninguna Constitución democrática sostiene este tipo de estado de excepción donde el Presidente de la República discrecionalmente va a identificar un barrio, una población para revisarte los correos electrónicos, el correo físico, el celular para interceptar tus llamadas, que no tienen nada que ver con el combate al crimen", sostuvo el diputado Diego Ibáñez (FA).
La tramitación propiamente tal de la reforma constitucional continuará en las comisiones del Congreso, instancia donde el Gobierno deberá resolver las objeciones normativas si busca asegurar los votos de la oposición y evitar un revés legislativo en la votación en general.