Diputada republicana pide acelerar proyecto que obliga a rectores a velar por la seguridad
Para Paz Charpentier, el enfrentamiento entre estudiantes gremialistas de la PUC y encapuchados "es el reflejo de una desprotección que no podemos mantener".
La iniciativa propone sancionar a miembros de la comunidad universitaria que participen de actos de violencia.
"Solicitamos urgencia a esta iniciativa y que se legisle pensando en la seguridad de los estudiantes", emplazó la oficialista.
Tras el enfrentamiento entre estudiantes gremialistas de la Universidad Católica y encapuchados en la pasada marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), la diputada Paz Charpentier (Republicanos) solicitó al Gobierno dar suma urgencia a la tramitación de su proyecto que regula la seguridad e integridad al interior de las instituciones de educación superior.
"La violencia no puede seguir siendo tolerada ni normalizada en los espacios que están destinados al pensamiento y al desarrollo académico. Lo que vimos con los estudiantes de la UC en la marcha de la Confech es el reflejo de una desprotección que no podemos mantener. Las comunidades universitarias exigen y merecen estudiar en paz", señaló la parlamentaria.
La iniciativa busca que autoridades académicas activen protocolos y pidan el auxilio de la fuerza pública ante riesgos inminentes: "Consagra una obligación mínima. No se le exige al directivo que resuelva por sí mismo la situación de riesgo, pero sí que active oportunamente los mecanismos institucionales de protección y resguardo, en lugar de ampararse en la inacción o en resquemores ideológicos", explicó Charpenter.
Asimismo, en caso de incumplimiento, la autoridad quedará expuesta a las sanciones establecidas en la Ley N° 21.091, incluida la inhabilidad para ejercer cargos directivos o formar parte de una institución de educación superior.
Igualmente, la propuesta busca sanciones directamente a miembros de la comunidad universitaria que participen -como autores y cómplices- de actos como agresiones físicas contra personas, actos de intimidación grave o alteraciones sustanciales del servicio educativo.
"Quienes forman parte de una comunidad universitaria y contribuyen activamente a la violencia o a la interrupción del quehacer académico, deben enfrentar consecuencias jurídicas proporcionales a la gravedad de su conducta. Solicitamos urgencia a esta iniciativa y que se legisle pensando en la seguridad de los estudiantes", cerró la oficialista.