Los argumentos de la acusación constitucional al ministro Fernando Rabat
La oposición presentó el libelo este jueves, 15 días después de anunciarlo, y le atribuyó al titular de Justicia infracciones legales, a la Carta Magna y a acuerdos internacionales.
Al liberar a pedófilos vulneró la Convención de Derechos del Niño, y al hacerlo con criminales de lesa humanidad, pasó sobre pactos contra la tortura y la desaparición forzada, se plantea.
Rabat cometió abuso de poder, infringió la ley por acción y omisión, faltó a deberes de probidad y lealtad y entregó información inexacta e incompleta ante el Congreso y la prensa, sostiene la AC.
A 15 días de haberla anunciado, la oposición ingresó a la Cámara Baja la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por las polémicas rebajas de condena que concedió a pedófilos y criminales de lesa humanidad sin órdenes judiciales que lo obligaran.
El libelo, presentado a las 20:05 horas de esta jornada, tiene 189 páginas y se compone de tres capítulos: el primero y el segundo tratarán sobre las mentadas reducciones, mientras que el tercero aborda "la información inexacta e incompleta que entregó (Rabat ante la Sala de la Cámara el 28 de octubre, durante una sesión especial) para justificarlas".
A juicio de los diputados firmantes -militantes de la DC, el PL, el PPD, el, PS, el FA y el PC-, el titular de Justicia cometió "infracciones evidentes que dejaron sin protección a quienes la ley debe proteger", que se demuestran en sus "decretos (firmados), fallos y declaraciones".
🔴 AHORA La oposición ingresa la anunciada acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. @Cooperativa https://t.co/2qrMwN6iAF
— Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) November 12, 2026
En concreto, el ministro Rabat -acusaron- "abandonó el criterio que el Ministerio de Justicia sostuvo en dos administraciones, sin mediar cambio legal ni orden judicial que lo obligara; resolvió a favor del condenado, sin considerar a las víctimas, infringiendo la ley; y atribuyó la decisión a otros: a las comisiones, a la Corte Suprema, a la ley, al Congreso y al Gobierno anterior (de Gabriel Boric)".
Asimismo, la oposición recordó que la Administración Kast "no ha hecho valer las responsabilidades" pese a reconocer un error político en haber rebajado las condenas y reiteró que el líder de Justicia "ya no es un interlocutor válido".
Una de las diputadas firmantes, Daniela Serrano (PC), afirmó que "esto es por responsabilidad por Chile y por las víctimas. Lo que estamos haciendo valer es nuestra atribución fiscalizadora como Cámara. Sé que hubo mucha expectación de los tiempos en que se redactaron esta AC, pero queremos dar tranquilidad de que esto fue un trabajo responsable y coordinado".
El libelo "se dará cuenta el día lunes" 16 de noviembre, agregó.
Las infracciones legales al rebajar condena a pedófilos
El texto sostiene que, al rebajar las condenas de 56 pedófilos, "el ministro infringió el artículo 17, letra e), de la Ley N° 19.856, modificado por la Ley N° 21.421, que lo prohíbe expresamente".
Asimismo, afirma que desatendió los intereses superiores de los niños, vulnerando "el artículo 5°, inciso segundo, de la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley N° 21.430, que obligan a considerarlo primordialmente".
Por último, la oposición acusó que Rabat "cometió abuso de poder, (ya que) las sentencias sólo obligan en la causa que resuelven (art. 3° del Código Civil). Sin embargo, (el abogado) convirtió fallos favorables a algunos condenados en una regla general, invocando la eficiencia y 'la conveniencia de evitar la judicialización'".
Además, "concedió rebajas en causas que estaban siendo conocidas por los tribunales, sin esperar su decisión; e infringió la ley por omisión al suspender la tramitación de las postulaciones (de los condenados para que rebajen su sentencia), contra su obligación legal de resolver".
Respecto a las reducciones concedidas a criminales de lesa humanidad
En cuanto a las rebajas de sentencia que Rabat concedió a tres exagentes del Estado por violaciones de DD.HH. durante la dictadura -dos de los cuales estaban presos en Punta Peuco-, la centroizquierda acusó que omitió "el artículo 5°, inciso segundo de la Constitución, que obliga a respetar los derechos garantizados por los tratados vigentes".
Entre ellos, figuran "la Convención Americana, la Convención contra la Tortura y las convenciones sobre desaparición forzada, que exigen penas proporcionales y efectivas. Según la Corte Interamericana, eso incluye no conceder beneficios indebidos durante la ejecución de la pena", sostiene el texto.
Además, "no consideró a las víctimas (a la hora de evaluar rebajar las condenas). No las informó ni ponderó los efectos de la liberación sobre ellas y, en el caso de los desaparecidos, no examinó si el condenado ayudó a esclarecer su paradero, condición que la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada pone para cualquier atenuación", enfatizó la oposición.
Presuntas vulneraciones a la probidad, a la lealtad a la Cámara y al informar al Congreso
Por último, el sector denunció que el titular de Justicia "faltó a la verdad, entregó información inexacta y omitió antecedentes relevantes" durante sus comparecencias ante la Comisión de Constitución del Senado el 27 de octubre, ante la Sala de la Cámara el día después y "ante la prensa".
Con ello, infringió -aseguran- "el principio de probidad (artículo 8° de la Constitución y artículo 52 de la Ley N° 18.575 (DFL N° 1/19.653), que exige 'un desempeño honesto y leal de la función o cargo', (pues) no hay desempeño honesto cuando un ministro informa a otro poder del Estado hechos falsos o incompletos".
Finalmente, también vulneró "el deber de lealtad con la Cámara; el artículo 53 de la misma ley exige el recto ejercicio del poder público, y la Contraloría ha dicho que la probidad incluye la lealtad con la comunidad y los demás poderes del Estado; y el deber de informar al Congreso", faltando al artículo 37 de la Carta Magna.