CIDH consideró que Venezuela "atenta" contra la democracia y los derechos humanos
Acusó "serias restricciones" al goce de derechos humanos.
Lamentó intolerancia política y hostilidad hacia disidentes.
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| Organismo criticó el "rechazo" de Chávez a recomendaciones sobre el tema. (Foto: EFE) |
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que el Gobierno de Venezuela "atenta" contra la democracia y los derechos humanos, pues existen "serias restricciones" al pleno goce de esas garantías.
En su informe sobre la situación en Venezuela, publicado este miércoles, la CIDH afirma que la intolerancia política, la falta de independencia de los poderes del Estado, las restricciones a la libertad de expresión y a la protesta pacífica, la hostilidad hacia los disidentes, la violencia y la impunidad "limitan seriamente la vigencia" de los derechos.
"En Venezuela se ha atentado contra uno de los pilares básicos de los sistemas democráticos, como es el respeto de los derechos fundamentales de los individuos bajo los principios de igualdad y no discriminación", recalca la comisión en su esperado documento de 322 páginas.
En "Democracia y Derechos Humanos en Venezuela", el primer informe que la CIDH dedica íntegramente al país desde 2003, el organismo dice además que el Gobierno de Hugo Chávez ha adoptado una actitud de "rechazo" hacia las recomendaciones de organizaciones internacionales con el argumento de van contra la soberanía nacional.
La CIDH, que ha tenido que elaborar el análisis sin haber podido visitar Venezuela, ante la negativa del Gobierno a autorizarla, considera que el Estado debe intensificar sus esfuerzos para proteger mejor y de manera más efectiva los derechos humanos.
El informe podría servir a la Organización de Estados Americanos (OEA) para plantearse por primera vez iniciar seriamente un debate en torno a sus denuncias y estudiar qué consecuencias tienen en virtud de lo estipulado en la Carta Democrática Interamericana.
La Comisión afirma que en Venezuela no existe una efectiva separación e independencia de los poderes públicos, no se garantiza a todas las personas el pleno ejercicio de sus derechos con independencia de su posición frente al Gobierno y se utiliza el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en razón de su opinión política.
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