El tribunal indicó que Virginia Marcel Chacón debe ser tratada por su cáncer renal.
Esto, luego que Hospital San Juan de Dios le negará la atención por su bajo ingreso.
La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones ordenó que el Ministerio de Salud le entregue tratamiento médico gratuito a la pensionada Virginia Marcel Chacón, quien sufre de cáncer renal y tiene un ingreso de 140 mil pesos.
El tribunal de alzada basó su decisión en el derecho constitucional de la vida, por lo que el Hospital San Juan de Dios debe proporcionarle los cuidados acordes a su dolencia, entre ellos la entrega de un medicamento que cuesta tres millones de pesos, además de asumir los costos hospitalarios.
"Es un recurso que muchos no conocemos, yo no tenía idea que existía este recurso como ciudadano de pedir este auxilio y que el Gobierno me lo ha tenido que dar", expresó la afectada.
"Ahora le digo a todo el mundo que no se quede ahí, que hagan todos los trámites, que se muevan, porque las cosas hay que buscarlas", agregó.
Esto, luego de considerar arbitraria e ilegal la decisión del centro asistencial de negarle el tratamiento médico, por lo que ordenó que éste sea repuesto en forma inmediata.
La respuesta del Ministerio de Salud
La subsecretaria de Salud Pública, Jeanette Vega, en su calidad de ministra subrogante, respondió el informe requerido por el Tribunal de Alzada y aseguró que el cáncer que sufre la mujer es incurable y que sólo necesita medidas paliativas, no de la envergadura del costo del medicamento sustent, pese a que el área oncologica del hospital lo había recomendado, como lo manifestó la Presidenta de la Quinta Sala, Dobra Lusic.
"Frente a eso la Corte resolvió que el derecho a la vida es un derecho innegable y no puede la autoridad, si se cuenta con el medicamento que se requiere, decidir si administrarlo a un enfermo que tiene posibilidades de sanar y no a otro que se encuentra en situación crítica", sotuvo la magistrado.
"El derecho a la salud no permite hacer esa diferenciación y en virtud de eso decidimos acoger el recurso y que la autoridad de salud debe proporcionar el medicamento que ella requiere", agregó la jueza.
El Ministerio de Salud tiene un plazo de cinco días para recurrir a la Sala Constitucional de la Corte Suprema como última instancia para apelar al fallo, y el asesor jurídico del Servicio de Salud Occidente, Darío Parraguez, comentó que analizan las acciones a seguir.
"La dirección del Hospital San Juan de Dios y el Servicio de Salud Metropolitano Occidente se encuentran analizando el fallo a fin de adoptar las medidas que correspondan. Este Servicio de Salud desea hacer presente que su actuar se ajusta a los procedimientos que para casos tan complejos como éste se han definido", señaló.
Si la cartera de Salud apela al fallo, éste se conocería a fines de este año y donde la Corte Suprema daría por sentado el precedente que las personas con enfermedades catastróficas sin recursos y con medicamentos de alto costo para sostener la enfermedad sean amparadas por el Estado.
