El informe "en concreto no constituye sentencia alguna ni aporta ninguna prueba en relación a la diputada", dice un comunicado firmado por el abogado de la diputada.
Argumenta que no se trataría de "un antecedente nuevo en la investigación" al aludir a la relación que la diputada sostuvo con Daniel Andrade, representante de Democracia Viva.
La Brigada de Delitos Económicos entregó un primer informe donde vinculan también a la concejala RD por Antofagasta Paz Fuica, mano derecha del exseremi Carlos Contreras.
El expediente da cuenta del resultado de allanamientos, relatos de testigos y revisión de antecedentes aportados a la indagatoria.
Otros tres quedaron en libertad pero con arraigo y firma mensual.
Todos fueron dados de baja de la institución carcelaria.
Se trata de Ramón Mariñan Millabur y Ruperto Salazar Escobar.
Este último suma también tres años y un día de presidio por porte ilegal de arma de fuego.
Se le atribuye responsabilidad en el origen del siniestro de diciembre de 2022, que también dejó a dos personas muertas y más de 100 hectáreas consumidas.
La PDI estableció que el fuego comenzó en el ruco donde el sujeto pernoctaba, en el sector de Forestal Alto.
La víctima, hija de su conviviente, incluso quedó embarazada a raíz de la acción del sujeto.
Desde la Fiscalía piden 15 años de cárcel para el acusado, el exfuncionario de la PDI Leonel Contreras, mientras que la defensa descarta que él haya disparado contra su compañera.
El hecho se registró en junio del 2021 en medio de un procedimiento de fiscalización en el sector sur de la capital.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó las apelaciones y confirmó la sentencia del Tercer Juzgado de Garantía.
Esto "demuestra que hemos actuado apegados a la ley. Inmobiliaria tendrá que responder por construir un edificio fuera de norma", expresó el jefe comunal de Recoleta.
La excandidata a alcaldesa exigió que se fijara un límite a la investigación desformalizada que enfrenta en el denominado "caso lencería".
Daniel Queupul fue autorizado para estar dos días fuera del Centro de Estudio y Trabajo de Victoria.
Debía retornar el 18, pero ello aún no ha ocurrido.
En una maratónica audiencia fueron formalizados 11 sujetos presuntamente ligados a la Resistencia Mapuche Lafkenche.
Los querellantes apelaron el arresto domiciliario concedido a cinco de ellos, y su medida cautelar será zanjada, en definitiva, por la Corte de Concepción.
Ordenó el cobro de la garantía y exigió la devolución de 373 millones de pesos en un plazo de 15 días hábiles.
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