Jorge Quiroz sostuvo que los mineros son acreedores preferenciales.
El Gobierno puede sumarse a la junta de acreedores para pedir el pago del rescate de "los 33 de Atacama".
Jorge Quiroz Castro, experto facilitador de la minera San Esteban, sostuvo que, ante una eventual quiebra de la empresa, los trabajadores se encuentran resguardados legalmente.
"Los t
rabajadores pesan bastante en cuanto a tomar decisiones relevantes, como son (acreedores) de primerísima preferencia, no se puede hacer ningún acuerdo o transacción de activos sin antes resolver el problema de los trabajadores", apuntó a El Diario de Cooperativa.
"La ley esta construida para amparar a los trabajadores. Lo usual en una quiebra es que los trabajadores sean pagados y si queda algo es para los demás", agregó.
Quiroz Castro expresó que su tarea consistirá en "examinar si existe alguna mejor alternativa que la quiebra para que los acreedores recuperen lo máximo posible".
"Cuando se propone un eventual convenio, cada uno tiene que calcular cuando obtiene con la quiebra y tiene que obtener algo mejor que eso. Si no logro encontrar algo mejor que la quiebra, la ley me mandata a informar que la empresa tiene que quebrar", explicó.
El experto facilitador dijo que el Gobierno también se puede constituir en acreedor, ya que "los gastos de la operación de rescate se pueden constituir como gasto de la compañía". Sin embargo, recalcó que se ubicaría en última instancia, junto con la "masa".
"La quiebra establece una prioridad bastante clara, en primer lugar está el Fisco, después los acreedores de primerísima preferencia que son los trabajadores, con indemnizaciones y previsión social, después vienen los acreedores prendarios y finalmente está la 'masa', la cual no tiene preferencia", sentenció.
