La empresa acordó un monto indemnizatorio de 800 millones de pesos dirigidos a la fundación.
Su presidente se defendió señalando que es ético, deseable e imitable su proceder.
La participación de Chile Ciudadano en el acuerdo alcanzado por las partes dentro del caso La Polar, representando a 1.500 clientes afectados, desató polémica por la solicitud de un millonario monto indemnizatorio.
El tri
bunal designó a su presidente, el abogado Tomás Fabres, como procurador común, quien acordó con la empresa, en uno de los anexos del documento suscrito, una indemnización a su organización por un monto de 800 millones de pesos por gastos incurridos y por las prestaciones de servicios que han realizado y deban realizar con motivo del acuerdo de entendimiento.
Frente a esto, el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón, acusó que las otras asociaciones de consumidores que demandaron a La Polar simplemente quedaron afuera.
Según Calderón, el abogado Fabres "consideró los honorarios de su fundación y de ninguno más, el solamente buscó el beneficio para su fundación, y los demás quedaron todos a la deriva".
"Nosotros nunca supimos de este acuerdo o que había una mesa de negociación: nunca se nos informó por parte del procurador común, es más, hasta el día de hoy no tenemos ni siquiera un documento que haya enviado el procurador común, lo hemos tenido que obtener por otro conducto", denunció.
En paralelo, el diputado DC Fuad Chahín, insistió en sus críticas al acuerdo alcanzado, señalando que "resulta absolutamente impresentable la cuantía de estas costas, es absolutamente desproporcionada en relación a los clientes que ellos efectivamente representaban en el juicio".
Los descargos del aludido
En conferencia de prensa, Fabres defendió el derecho de su fundación de cobrar por este trabajo, y aseguró que parte de los 800 millones de pesos los compartirá con otras organizaciones que aceptaron trabajar por el acuerdo.
El abogado señaló que su organización "considera ético, deseable y ojalá digno de imitación" el que hayan cobrado por el trabajo realizado en el caso, y aseguró que las otras organizaciones "ingresaron por su propia voluntad y no quisieron formar parte de este tipo de trabajo".
Debido a que la organización representa a 1.500 clientes, los 800 millones solicitados equivalen a 533 mil pesos por cada uno de sus representados, monto ampliamente superior al de 15 mil pesos que recibirán el resto de los afectados, o los 320 mil pesos en promedio que verán disminuir sus respectivas deudas, antes infladas artificialmente.
